Adorni, en la mira: qué montos no declarados con criptomonedas se habrían detectado

La investigación judicial sobre el patrimonio del vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entró en una etapa de máxima tensión política y judicial. El fiscal federal Gerardo Pollicita avanzó con una batería de medidas de prueba luego de una ampliación de denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano y puso bajo la lupa movimientos financieros, operaciones con criptomonedas, viajes al exterior, remodelaciones inmobiliarias pagadas en efectivo y posibles activos no declarados.

Según pudo saber iProfesional, en las últimas horas, la Justicia detectó además que Adorni habría realizado movimientos con criptoactivos durante 2024 que no habrían sido incluidos en su declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción, un dato que podría agravar la situación procesal del funcionario y abrió un nuevo frente de investigación en Comodoro Py.

"Se habrían movido montos varios de entre u$s30.000 y u$s50.000 solo por Lemon, el resto está en estudio", dijeron fuentes vinculadas a la investigación judicial originada en otra ampliación de denuncia de la diputada Marcela Pagano, exdiputada libertaria escindida y que ahora integra el bloque Coherencia.

La investigación judicial sobre Adorni comenzó a sumar nuevos elementos luego de que más de 20 exchanges de criptomonedas —entre ellos Binance, Ripio, Lemon y Satoshi Tango— remitieran información sobre presuntos movimientos de compra, venta y transferencia de criptoactivos asociados al funcionario. Entre los activos detectados figurarían BTC, ETH y USDT.

Uno de los puntos que genera mayor controversia es que en la última declaración jurada presentada por Adorni no aparecerían registradas operaciones ni tenencias en criptomonedas correspondientes al cierre fiscal del 31 de diciembre de 2024. De acuerdo con la legislación vigente, los funcionarios deben incorporar este tipo de activos digitales dentro de la declaración de bienes personales.

La información ya está en manos de Pollicita y del juez federal Ariel Lijo, que investigan a Adorni y a su esposa, Bettina Julieta Angeletti, por presunto enriquecimiento ilícito.

"Reconstrucción patrimonial integral": la lupa sobre los números de Adorni

Aunque desde la Casa Rosada Javier Milei y Karina Milei mantienen un respaldo político total al funcionario, en los tribunales federales admiten que el expediente dejó de ser una revisión preliminar para transformarse en una reconstrucción patrimonial integral.

En la última reunión de gabinete, Milei, visiblemente desencajado, defendió a Adorni frente a todo el Gabinete y ratificó que no renunciará. El Presidente sabe que varios ministros y funcionarios consideran que hay que apartar al jefe del Gabinete para evitar más daño en la imagen del Gobierno, hasta que aclare su situación.

Incluso, la senadora Patricia Bullrich había dicho públicamente (luego de discutir en privado con Milei) que Adorni tiene que presentar a la brevedad su declaración jurada para sacar al Gobierno y al Congreso de la parálisis de la gestión y la sanción de leyes.

Esta salida pública de Bullrich enardeció a Karina Milei y, por extensión, a su hermano, el Presidente. En la reunión de gabinete de este viernes blindó a su vocero y anunció más recorte en el gasto público por la caída de la recaudación, pero se retiró después de su airada defensa de Adorni.

"Acá el que manda soy yo y al que no le gusta… No vamos a echar a Manuel, es una persona honesta y lo están atacando injustamente. No lo vamos a tirar por la ventana por los periodistas de mierda que tiene este país", bramó Milei en el Salón Eva Perón, donde ya no hubo euforia.

Bullrich se sintió aludida e intentó intervenir. "Perdón, Presidente", pidió la palabra. "No me interrumpas –se sulfuró Milei–. Estoy hablando y dando instrucciones. Cuando termine de hablar los voy a dejar solos para que hablen lo que quieran. Vamos a sostener a Manuel. Prefiero perder una elección antes que echar a un inocente".

Pollicita avanza con 15 páginas de medidas y apunta a exchanges cripto

En la Casa Rosada llegaron todas las noticias del juzgado y hay verdadera preocupación. La resolución firmada por Pollicita tiene 15 páginas y ordena requerimientos simultáneos a bancos, fintech, exchanges de criptomonedas, agencias de turismo, empresas de remesas de dinero y firmas privadas de custodia de valores para reconstruir todos los movimientos económicos de Adorni y su entorno familiar desde enero de 2022 hasta la actualidad.

Fuentes judiciales señalaron que parte de la documentación ya incorporada a la causa mostró "movimientos de entrada y salida" en activos digitales durante 2024. El punto que encendió las alarmas fue que esas operaciones no aparecen reflejadas en la última declaración patrimonial presentada ante la OA.

"Se movieron montos varios de entre u$s30.000 y u$s50.000 solo por Lemon", deslizaron fuentes judiciales sobre uno de los tramos de la investigación vinculados a plataformas de criptomonedas.

La sospecha inicial apuntaba a posibles operaciones mediante billeteras virtuales y plataformas digitales de inversión, por eso el fiscal ordenó pedidos de información detallada a Mercado Pago, Brubank, Personal Pay, Open Bank, Lemon, Ágil Pagos y otras firmas fintech para conocer si Adorni o Angeletti tuvieron cuentas, CVU, tarjetas, inversiones, préstamos o transferencias relevantes.

En paralelo, por la denuncia de Pagano, Pollicita pidió informes a más de veinte exchanges de criptomonedas, entre ellos Binance, Ripio, Belo, Bitso, Satoshi Tango, OKX, Bitex y Lemon, para determinar si realizaron operaciones con activos como Bitcoin, Ethereum o USDT.

La fiscalía requirió además registros de wallets, direcciones cripto, cuentas utilizadas para fondear operaciones y hasta las IP desde donde se realizaron los movimientos.

En Comodoro Py llamó la atención el nivel de detalle técnico del requerimiento. La hipótesis judicial es determinar si existieron circuitos de dinero por fuera del sistema bancario tradicional y si esos fondos supuestamente no declarados guardan relación con los ingresos declarados por el funcionario.

Los investigadores sostienen que el foco ya no está únicamente en cuentas bancarias tradicionales, sino también en transferencias digitales, remesas internacionales, cajas de seguridad y activos no bancarizados.

Remesas, cajas de seguridad y viajes: la red de investigación se expande

En ese contexto, Pollicita también avanzó sobre empresas de remesas y transferencias internacionales como Western Union, Money Express y Latin Express para determinar si Adorni o su esposa enviaron o recibieron dinero dentro o fuera del país.

La Justicia pidió información sobre:

• Montos transferidos, monedas utilizadas, remitentes y destinatarios
• Documentación respaldatoria de cada operación y eventuales movimientos sin intervención bancaria tradicional

Otro tramo sensible de la causa apunta a las cajas de seguridad. El fiscal solicitó información al Banco Galicia y a firmas privadas como Brinks, Loomis e Ingot para saber si existieron servicios de custodia vinculados al matrimonio.

Además reclamó registros de accesos a las cajas, personas autorizadas, filmaciones y documentación completa sobre eventuales movimientos.

La investigación también puso bajo revisión los viajes al exterior realizados por Adorni y su entorno. La fiscalía pidió información sobre vuelos a Punta Cana, Cancún, Río de Janeiro, Punta del Este, Montevideo, Aruba y otros destinos turísticos.

Uno de los puntos que más llamó la atención en tribunales fue un vuelo de Bettina Angeletti desde Nueva York hacia Buenos Aires realizado en marzo de 2026, sobre el cual la Justicia pidió reconstruir forma de pago, facturación y posibles terceros involucrados.

Los números que no cierran: u$s349.640 en gastos con solo u$s48.000 declarados

Los investigadores también analizan una serie de gastos que consideran difíciles de compatibilizar, por ahora, con el patrimonio declarado por el funcionario.

Entre ellos aparecen:

• Los u$s245.000 que el contratista Matías Tabar aseguró bajo juramento haber cobrado en efectivo y sin factura para remodelar la casa de Adorni en el country Indio Cuá
• Gastos de viajes al exterior, vuelos privados, hotelería y reformas inmobiliarias que, según cálculos judiciales, elevarían a unos u$s349.640 los fondos movilizados en poco más de un año

Lo que llama la atención de los investigadores es que Adorni mostró en 2025 una declaración jurada donde sólo tenía dinero en efectivo por u$s48.000 y dos propiedades inmuebles y un auto. Su sueldo como vocero y luego jefe de Gabinete fue de u$s2.700 hasta diciembre de 2025 y ello sumado a las hipotecas que firmó, que totalizarían gastos pagados y por pagar en dos años de u$s860.000, no se pueden justificar con el dinero declarado.

Según fuentes judiciales, gran parte de esos movimientos "carecen de respaldo financiero suficiente, no presentan bancarización y tampoco documentación que explique el origen de los fondos".

La causa también incorporó artículos periodísticos sobre una supuesta herencia de inmuebles provenientes del padre del funcionario, Jorge Eduardo Adorni. A partir de eso, Pollicita ordenó consultas sobre eventuales sucesiones y cruces patrimoniales.

Además fue citado Leandro Miano para aportar documentación vinculada a expensas, mejoras edilicias y origen de fondos utilizados en propiedades ubicadas sobre la calle Miró, en la Ciudad de Buenos Aires.

Declaración jurada vs. operaciones inmobiliarias: las contradicciones crecen

La última declaración jurada de Adorni correspondiente al período fiscal 2024 consigna un patrimonio de $107 millones, u$s42.500 en efectivo y una caja de ahorro en Estados Unidos con poco más de u$s6.200.

También declaró una hipoteca privada de u$s100.000 otorgada por Graciela Molina y Victoria Cancio para la compra de la vivienda en Indio Cuá.

No está declarada la compra de la casa de Indio Cuá en noviembre de 2024 ni la del departamento de la calle Miró, en noviembre de 2025. Así como tampoco la hipoteca de u$s200.000 contraída con dos jubiladas, Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, a las que compró el departamento por u$s230.000 y les dio u$s30.000 en efectivo.

Además quedó endeudado con el hijo de Viegas, Pablo Feijoo, por u$s65.000 por refacciones. Sbabo y Viegas habían comprado el departamento de Caballito seis meses antes, en mayo de 2024, por u$s200.000, un monto que podría ser menor al de valor de mercado.

La Justicia intenta determinar si su patrimonio declarado guarda correlación con la compra de propiedades, las remodelaciones pagadas en efectivo, los muebles a medida y los numerosos viajes realizados dentro y fuera del país. En paralelo, el fiscal ordenó preservar toda la evidencia digital para evitar alteraciones o eliminación de registros.

En los pasillos judiciales sostienen que la causa escaló rápidamente y que ahora el objetivo es determinar si existieron mecanismos paralelos de circulación de dinero que deban ser explicados por el funcionario ante la Justicia.