Camioneros: Pablo Moyano, el sindicalista anti estatista que defiende la iniciativa privada
El sindicalismo nacional es un mundo extraño. Conviven reivindicaciones de izquierda, estatistas con gremios de tendencia peronista que se basan en la reivindicación de las negociaciones paritarias con los empresarios y sus cámaras y con algunos sindicatos que lograron mejoras para sus trabajadores asegurando a ciertas empresas una especie de monopolio en el tiempo cimentado en licitaciones públicas en las que siempre ganan los mismos.
Es un sistema que creó una nueva burguesía nacional con familias que viven de los servicios que prestan al Estado nacional, provincial y municipal. Hay muchos rubros en los que crecieron estas empresas de servicios que se multiplicaron desde la década del '90 del siglo pasado con las presidencias de Carlos Menem pero hay uno, en particular, en el que siempre se nombra a la familia Moyano y a una empresa como Covelia para recolectar la basura, un negocio mega millonario, en los barrios del Conurbano bonaerense.
Sin embargo, el comienzo de este negocio fabuloso para empresas del sector privado, hay que rastrearlo hasta la última dictadura militar en el año 1979, cuando se privatizó la recolección de basura en la Capital Federal. Ese año se creó Manliba. Bajo la intendencia de Osvaldo Cacciatore, MANLIBA (Mantenga Limpia Buenos Aires), estaba conformada por el grupo Macri (Sideco) y la estadounidense Waste Management y, luego, se consolidó el modelo privado en la década de 1990 junto con otras reformas estructurales.
La tercerización de servicios de un estado en favor de un privado a través de una licitación se volvió moneda corriente en todos lados y en muchos rubros donde el Estado dejó un lugar vacío.
De aquellos polvos vienen estos lodos y, en la Argentina de Milei, de "no hay plata", aparecen las complicaciones y hay un sector del sindicalismo que plantea volver a la estatización de los servicios para salvar las finanzas de las intendencias de la provincia de Buenos Aires y, otro sector, ligado a la familia Moyano de la CGT, que defiende a a como de lugar el accionar de las empresas privadas que prestan el servicio, en este caso, de la recolección de residuos.
La lucha entre el gremio de camioneros y municipales
El conflicto se desató cuando varios jefes comunales del Gran Buenos Aires comenzaron a buscar alternativas para modificar el esquema actual de recolección de basura. La intención de estos intendentes es clara: ganar autonomía en la gestión de un servicio público esencial y, en algunos casos, reducir los costos operativos que actualmente representa.
Y, encontraron un vocero de sus pensamientos en el sindicalista, Hernán Doval, secretario general de los municipales bonaerenses, que explicó: "la mayor parte de la plata de los municipios se va en las empresas privadas de recolección de residuos. Cuando las municipalidades, que han municipalizado y el trabajo lo hacen recolectores propios de la municipalidad, baja un tercio de lo que se gasta en las empresas de residuos".
Por eso, Doval propuso: "Los intendentes tienen una forma de tener más recursos para los municipios. Hay que remunicipalizar la recolección de residuos sólidos en la provincia de Buenos Aires". Luego aclaró que la propuesta implicaría resguardar "los puestos de trabajo" porque "el servicio de las empresas privadas se lleva gran parte de los presupuestos y los municipios pueden brindar el servicio pagando un tercio de lo que pagan hoy con la plata de los vecinos".
La postura de Pablo Moyano
El dirigente sindical no ha tardado en responder a estos movimientos. Moyano sostiene que cualquier intento de modificar el esquema actual representa una amenaza directa a los puestos de trabajo de cientos de trabajadores afiliados al sindicato. Desde su perspectiva, los cambios propuestos por los intendentes esconden intenciones de debilitar al gremio camionero y precarizar las condiciones laborales del sector.
Y, fue duro contra el jefe de los municipales bonaerenses. "La verdad, qué diferencia hay entre el ministro Caputo, Sturzenegger, Adorni, Jorge Macri —jefe de gobierno de la Ciudad— y este señor Doval, que es lo que pide: la precarización de los trabajadores de la recolección de residuos", denunció Moyano, que además tildó al dirigente bonaerense de "jefe de prensa de sus patrones, que son los intendentes".
El líder sindical argumenta que las empresas vinculadas al Sindicato de Camioneros cuentan con la experiencia, la infraestructura y la capacidad operativa necesarias para garantizar un servicio de calidad. Además, remarca que existen convenios colectivos y acuerdos históricos que no pueden ser ignorados por decisiones políticas unilaterales.
La posición de Moyano también tiene un componente de poder territorial. El control sobre el servicio de recolección de residuos no es solo una cuestión laboral o económica, sino también política. La presencia del sindicato en los municipios representa una cuota de influencia que trasciende lo gremial y se proyecta en el escenario político provincial.
Las estrategias municipales
Los intendentes del conurbano han comenzado a explorar diferentes alternativas. Algunos evalúan la municipalización completa del servicio, creando estructuras propias con empleados de planta permanente. Otros analizan la posibilidad de realizar licitaciones públicas abiertas que permitan la competencia de diferentes empresas, no necesariamente vinculadas al sindicato.
También existe la opción de impulsar cooperativas de trabajo conformadas por vecinos de cada distrito, apostando a un modelo de economía social que combine eficiencia con inclusión laboral. Algunos municipios incluso consideran sistemas mixtos, donde convivan diferentes modalidades de prestación según las características de cada zona.
La escalada del conflicto genera preocupación por sus posibles consecuencias. El escenario más temido es el de medidas de fuerza que afecten la continuidad del servicio de recolección, provocando acumulación de basura en las calles y un problema sanitario para los vecinos.
También existe el riesgo de judicialización del conflicto. Tanto el sindicato como los municipios podrían recurrir a la Justicia para defender sus posiciones, lo que extendería la incertidumbre y dificultaría una solución rápida.
Los trabajadores del sector se encuentran en medio de esta disputa, sin saber cuál será su futuro laboral si finalmente se concretan los cambios que impulsan algunos intendentes. La estabilidad de cientos de familias que dependen de estos empleos está en juego.