El ajuste universitario de Milei desplomó 30% los fondos y llevó el presupuesto al nivel más bajo en casi 20 años
En la antesala de la cuarta Marcha Federal Universitaria realizada desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) difundió un documento en el que analiza el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y pone el foco en los alcances del ajuste aplicado sobre las casas de estudio.
El trabajo advierte sobre el deterioro presupuestario que atraviesa el sistema universitario nacional y plantea interrogantes respecto de los límites que tiene el argumento fiscal cuando están comprometidos derechos fundamentales.
Informe advierte por una caída histórica de recursos destinados a universidades nacionales
Según el relevamiento, las universidades públicas enfrentan una reducción de recursos "de magnitud excepcional" en comparación con el período democrático iniciado en 1983.
El informe sostiene que entre 2023 y 2025 la ejecución real correspondiente a la partida "Desarrollo de la Educación Superior" se redujo un 29%. Ese descenso llevó el financiamiento al nivel más bajo desde 2006. Además, agrega que la proyección presupuestaria para 2026 acentúa aún más el ajuste sobre las universidades.
Para la entidad, el recorte universitario adquiere un peso significativo dentro del ajuste general del gasto estatal. En ese sentido, detalla que la disminución prevista para las universidades representa:
- El 4,4% del recorte total del gasto nacional
- El 8,4% del ajuste aplicado en Servicios Sociales
- El 39% de la reducción en Educación y Cultura
El impacto sobre salarios y estudiantes
La organización también remarcó que gran parte de los fondos universitarios están destinados al pago de haberes docentes y no docentes, por lo que el recorte repercute de manera directa en los salarios del sector.
De acuerdo con los datos difundidos, en marzo de 2026 un profesor asistente con dedicación semiexclusiva cobraba un 25% menos, en términos reales, que tres años atrás. A su vez, desde el cambio de gestión nacional, el salario promedio universitario se ubicó por debajo de dos tercios del promedio registrado entre 2011 y noviembre de 2023.
Según el informe, "Este escenario resulta aún más crítico si se considera la expansión sostenida de la matrícula universitaria en las últimas dos décadas. En términos per cápita, el financiamiento por estudiante se redujo a $2,4 millones, el valor más bajo al menos desde 2004".
El debate por la Ley de Financiamiento Universitario
El documento también cuestionó el argumento del Gobierno nacional sobre la falta de recursos para aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, pese a las resoluciones judiciales existentes.
"Existen diversas estimaciones acerca del costo fiscal de la medida, que oscilan entre los 2,5 y los 3,6 billones de pesos. El Poder Ejecutivo, además de los argumentos jurídicos, manifestó su inquietud por el costo fiscal que supondría cumplir con la ley y el impacto que tendría en el equilibrio de las cuentas públicas".
Y continúa: "Pero cuando hay derechos fundamentales en juego -como en este caso, el derecho a la educación-, el Estado tiene serios problemas para invocar el argumento de la 'restricción presupuestaria' si dicha situación de escasez fue creada -en parte- por su propia voluntad anterior e inmediata".
En esa línea, la ACIJ vinculó el debate presupuestario con recientes modificaciones tributarias impulsadas por el oficialismo.
"A la luz de este principio, deben analizarse decisiones recientes como la modificación del impuesto sobre los Bienes Personales en 2024. Aprobada por el Congreso a instancias del Poder Ejecutivo, esta medida implicó una merma recaudatoria estimada en torno al 0,2% del PIB anual en 2024 y 2025, equivalente a valores actuales a 5 billones de pesos en dos años".
Derechos, Congreso y recursos públicos
La organización sostuvo que la discusión sobre la ley universitaria "puede abordarse desde una triple dimensión: la garantía de derechos, la legitimidad democrática y la sostenibilidad de los recursos".
Acerca de la cuestión judicial, recordó que el magistrado que intervino en primera instancia consideró que la pérdida salarial de trabajadores docentes y no docentes afecta el derecho constitucional de enseñar y aprender.
"Respecto al segundo punto, la voluntad del Congreso -órgano máximo de la soberanía popular- fue clara no una sino dos veces. Por lo tanto, todo intento de retardar la aplicación de una ley debe ser mirado con un alto nivel de sospecha", indica la ACIJ.
Finalmente, el informe insistió en que las explicaciones oficiales sobre la falta de recursos deben analizarse junto con las políticas económicas implementadas por el propio Gobierno.
"Finalmente, el debate sobre el destino de los recursos debe tener lugar en un contexto donde el Estado hable con una voz coherente a sus ciudadanos. Esto significa, entre otras cosas, que los argumentos de escasez deben examinarse con sumo cuidado si esa situación fue creada -en parte- por acciones anteriores recientes del propio Poder Ejecutivo".