Investigan si empresas estatales favorecieron con contratos a la consultora de Bettina Angeletti por ser esposa de Adorni
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l juez federal Ariel Lijo apretó el cerco sobre el entorno de Manuel Adorni. Ordenó a tres empresas contratistas del Estado que entreguen la facturación completa que mantienen con +BE, la consultora de coaching propiedad de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete.
La medida judicial busca determinar si existió algún tipo de direccionamiento irregular en los contratos que la firma de Angeletti mantiene con proveedores estatales. La pregunta clave: ¿hubo favorecimiento por ser la esposa del vocero presidencial?
El objetivo es establecer si los vínculos comerciales entre +BE y estas empresas responden a criterios técnicos o si, por el contrario, configuran un mecanismo de retorno de fondos públicos a través de contratos direccionados.
Qué empresas deberán abrir sus libros ante la Justicia
Las tres compañías requeridas por Lijo tienen un denominador común: todas son contratistas recurrentes del Estado nacional. Ahora deberán informar detalladamente todas sus operaciones comerciales y facturaciones con +BE.
Se trata de Datco (Grupo Datco), National Shipping y Foggia Group (Grupo Foggia). Datco abastece a ARCA, AySA y Aerolíneas Argentinas. National Shipping es contratista de YPF. El Grupo Foggia está vinculado a la concesión de Tecnópolis.
La conexión con YPF adquiere particular relevancia. Adorni asumió en enero de 2026 como director titular de YPF en representación del Estado. Esa posición lo coloca en el centro de las decisiones sobre contratistas de la petrolera estatal.
National Shipping, justamente, es uno de esos contratistas. Y esa misma empresa factura a la consultora de su esposa. El vínculo quedó bajo la lupa judicial.
Cómo arrancó la investigación contra Adorni
La causa se inició a raíz de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano. La legisladora planteó que Angeletti habría sido favorecida de manera irregular por el Gobierno con contratos de consultoría que podrían configurar un mecanismo de retorno de fondos públicos.
El juez Lijo consideró necesario avanzar con esta línea probatoria en la etapa actual de la causa. No se trata solo de revisar facturas. La investigación apunta más lejos.
Además de los pedidos a las empresas, Lijo dispuso requerimientos a la Inspección General de Justicia (IGJ) para que identifique a los beneficiarios finales de las contrataciones. También solicitó los legajos societarios completos de las firmas involucradas.
El magistrado pidió información a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a través de la Oficina Nacional de Contrataciones. Quiere saber si Datco, National Shipping y Foggia Group son contratistas recurrentes del Estado. Y exigió que acompañen las constancias de todos los procesos de adjudicación.
Qué otras causas tiene Adorni en la Justicia
Esta investigación se tramita en paralelo a otras tres pesquisas que involucran al jefe de Gabinete. La más grave: una causa por presunto enriquecimiento ilícito a cargo del fiscal Gerardo Pollicita.
También hay dos expedientes más. Uno investiga un viaje familiar a Punta del Este. Otro analiza un vínculo comercial entre Adorni y el periodista Marcelo Grandio.
Hasta el momento no hay imputaciones formales ni procesamientos en ninguna de estas causas, pero los posibles delitos que se analizan incluyen fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y abuso de autoridad.
La investigación se encuentra todavía en etapa preliminar. Lijo espera que las empresas y los organismos requeridos respondan con la documentación solicitada. Recién entonces se sabrá si avanza hacia una etapa más avanzada.
Por ahora, el cerco judicial sobre Adorni y su entorno se va cerrando. Las próximas semanas serán clave para determinar si hubo irregularidades en los contratos con la consultora de su esposa.