Los desacatados de siempre: Pettovello, Torrendell y Álvarez
El aura de funcionaria dialoguista e implacable con la corrupción de Sandra Pettovello podría caerse a pedazos si los integrantes de la Corte Suprema de Justicia deciden tomar el caso por la Ley de Financiamiento Educativo y rechazar los argumentos de los integrantes del Estado Nacional que continúan evadiendo la implementación de una ley ratificada en el Congreso.
¿Incurren en desacato los funcionarios del ministerio de Capital Humano? Técnicamente no, porque la figura penal que correspondería por no poner en práctica una Ley sancionada por el Poder Legislativo y ratificada en la Justicia, es la de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
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Una figura que claramente, le correspondería a la ministra Sandra Pettovello, al secretario de Educación, Carlos Horacio Torrendell y al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.
El "galleguito" Álvarez, porque el "gallego" era su padre el mítico referente peronista fundador e integrante de Guardia de Hierro, es el encargado de manejar el dinero de las universidades y estuvo a punto de ser eyectado del cargo, luego de la realización de la primera marcha educativa federal.
Pero su carácter explosivo y desafiante, sus contactos políticos con peronistas de la época de Menem que integran el poder en la actualidad y el sustento del asesor presidencial, Santiago Caputo lograron su continuidad en el cargo por cuyo desempeño podría enfrentar una acusación en la Justicia más pronto que tarde.
Esto es así porque no parece haber ningún tipo de acuerdo entre los funcionarios de la gestión libertaria y la comunidad educativa que, una vez más, salió a las calles de las principales ciudades argentinas para defender una de las pocas banderas en las que existe un consenso mayoritario de la opinión pública: la defensa de la educación pública de calidad.
Lo extraño es que para defender la posición del gobierno de Milei de no liberar los fondos necesarios para el correcto funcionamiento de la educación superior se haya depositado la confianza en un dirigente, Alejandro Álvarez, que en casi toda su trayectoria profesional se desempeñó en el Estado.
El mismo Estado que Javier Milei viene a demoler desde adentro. Pero, al menos el Presidente no tenía una tradición de haber sido empleado estatal antes de alcanzar el sillón de Rivadavia. El caso de Álvarez es al revés. Un libertario que no supiera de quien se habla diría que se trata de un claro integrante de la denominada "casta" política.
Veamos: se suele definir como "peronista y libertario" sin que ello parezca implicar una contradicción en los términos y, luego de haber estado a pocos minutos de ser destituido del cargo, se tornó un "cruzado" de la batalla cultural que lidera Milei.
Pero si se observa su currículum como lo hizo el periodista Diego Petrafesa se tomará nota que desde 1988 hasta la actualidad cobró siempre de alguna dependencia pública y estatal.
Paradojas de un gobierno libertario que tiene políticos y funcionarios que no conocen otros puestos laborales que no sean los rentados por el Estado.
El "galleguito" Álvarez fue administrativo del ministerio de cultura y educación y del Senado hasta el año 2000. Luego fue asesor en la Cámara Alta, fue asesor de la secretaría de educación de la Ciudad de Buenos Aires, en 2012 se desempeñó como asesor en la Cámara de Diputados, volvió al Senado en el 2014 y trabajo con Guillermo Snopek y, por último, pero no menos importante, retornó como autoridad al Palacio Pizzurno durante el gobierno de Javier Milei.
Una vida dedicada al servicio público que parece no honrar demasiado a juzgar por su negativa a ejecutar una Ley de Financiamiento Educativo que cuenta con el respaldo del Congreso, de la Cámara Federal de Justicia y con una aprobación popular enorme que reúne distintas tendencias políticas en cada marcha educativa que se realiza.
No cumplir con los deberes de funcionario público es una de las sombras que más persiguen a los funcionarios de cualquier gobierno, pero los Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), afirmaron a iProfesional que es tiempo de "avanzar en ese sentido" y realizaron una presentaron por "incidentes de ejecución" en la Justicia. El paso previo a la denuncia penal contra Sandra Pettovello, Carlos Torrendell y Alejandro Álvarez.
Fallo Judicial
La Cámara Federal ordenó al Gobierno cumplir con la ley y actualizar los fondos, calificando la situación de "perjuicios graves de imposible reparación", pero halló resistencia oficial porque el Gobierno persigue la idea de suspender la medida cautelar que obliga al pago, argumentando el impacto fiscal que producirá la medida y, al 7 de mayo de 2026, la justicia en segunda instancia concedió un recurso que suspende la ejecución hasta que falle la Corte Suprema de Justicia.
Mientras la discusión continúa abierta y hay impaciencia hasta en algún juez que recomendó a los rectores avanzar con otras medidas.
El juzgado federal de Martín Cormick, que falló en primera instancia en favor del reclamo presupuestario y salarial, instó a que los rectores de las universidades reclamen el embargo de las cuentas de los funcionarios del Gobierno. Una posibilidad que, hasta el momento, los rectores prefirieron no utilizar.