La marcha universitaria llevó la pelea con Milei más allá de lo presupuestario y ahora presiona a la Corte
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"Milei cumplí la ley", fue una de las consignas más escuchadas durante la masiva marcha federal universitaria que tuvo su epicentro en Plaza de Mayo y que llevó la discusión con el Gobierno más allá de la cuestión presupuestaria y de la situación salarial de los docentes, para plantear un problema en torno a "la división de poderes" con la mira en la Corte Suprema de Justicia, que tiene en sus manos la resolución del conflicto.
El gobierno de Javier Milei calificó la marcha como "política opositora" y sostuvo que es una maniobra para "instalar, escudándose detrás de una causa noble, que el Gobierno quiere desfinanciar las universidades". De la movilización participaron legisladores y figuras de la oposición, entre ellos Axel Kicillof. En efecto, fue la más "política" de la cuatro marchas universitarias que ya lleva esta gestión pero no por eso, sino por el planteo de fondo.
La Ley de Financiamiento Universitario se sancionó por primera vez en 2024 y el presidente Javier Milei la vetó, con ayuda de aliados en el Congreso. En 2025 el parlamento aprobó una nueva versión y esta vez revirtió el veto presidencial, pero el Gobierno se negó a cumplirla con el argumento de que los legisladores no especificaron de dónde saldrán los recursos para la recomposición y actualización mensual de los salarios docentes y no docentes y los gastos de funcionamiento.
Desde entonces el oficialismo desplegó una estrategia de resistencia administrativa y judicial que culminó el pasado 7 de mayo, cuando la Cámara Contencioso Administrativo Federal concedió al Ejecutivo el recurso extraordinario a la Corte Suprema, que debe resolver ahora qué ocurrirá con los fondos y mecanismos de financiamiento que fijó la ley. Mientras tanto, la ley seguirá suspendida.
Sin embargo, la marcha universitaria que movilizó a unas 600 mil personas en todo el país -según datos de la UBA- puso una presión adicional sobre el máximo tribunal del país al plantear que en esta disputa está en juego ya no solo la mera cuestión presupuestaria, sino los límites de la autoridad presidencial: si el Ejecutivo puede incumplir con una ley ratificada por el Poder Legislativo, habiéndose agotado todos los mecanismos constitucionales.
La pelea detrás del Financiamiento Universitario: ¿cuál fue el mensaje de la marcha a Milei y la Corte?
En el comunicado conjunto que firmaron el Centro Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y las numerosas organizaciones docentes y estudiantiles que convocaron a la movilización hubo un repaso de los números que reflejan la crisis en el financiamiento del sistema universitario.
Los organizadores remarcaron que las transferencias a universidades nacionales cayeron 45,6% entre 2023 y 2026, que la pérdida del poder adquisitivo de los salarios en el sector es del orden del 37% entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 y que el poder de compra de las partidas correspondientes a los Gastos de Funcionamiento "no ha superado, en ninguno de los meses de la actual gestión de Gobierno, el 64% del que tenía en enero de 2023".
El mayor impacto se siente hoy en los hospitales universitarios, que advirtieron hace poco días atrás que podrían dejar de funcionar en 45 días, pero también en todas las casas de altos estudios por las renuncias de personal docente (se estima que van más de 10.000 desde el inicio de la gestión de Milei) que afectan la base de su funcionamiento.
Pero además, el comunicado de las universidades resaltó que "la crisis no es solo presupuestaria" y precisó: "Como ciudadanas y ciudadanos debemos denunciar con dolor y firmeza la ruptura del acuerdo democrático de la división de poderes en nuestra nación". En efecto, se trata de una denuncia política que no es para nada menor cuando el tema está nada menos que en la máxima autoridad del Poder Judicial.
Las universidades calificaron como "un acto de desprecio institucional sin precedentes" que el Gobierno haya decidido "alzarse contra los otros dos poderes de la República: ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato".
"Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho", remarca el comunicado que le reclama finalmente a la Corte Suprema de forma directa que "no permita que el Gobierno nacional siga incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario".
La respuesta del Gobierno al reclamo universitario y los tiempos de la Corte
El gobierno de Milei se apega al argumento de que la Ley de Financiamiento Universitario "nació suspendida en su ejecución" porque incumple con la Ley de Administración Financiera, que obliga a que toda norma con afectación presupuestaria debe aclarar de dónde saldrán las partidas. Con ese argumento dictó un DNU para suspender su ejecución.
En el Congreso, la oposición y todos los diputados que acompañaron la sanción de la ley y rechazaron luego el veto presidencial afirman que el argumento del Gobierno no es válido porque la norma manda al jefe de Gabinete a readecuar partidas -hoy tiene la facultades legales para ello- y remarcan que el cumplimiento de la ley "no es una opción política, es una obligación constitucional".
La Corte Suprema podría no expresarse sobre nada de esto.Tanto en el Gobierno como en la oposición sospechan que Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se limitarán a rechazar el recurso, sin justificaciones ni argumentos. Están facultados para ello. En ese caso volvería a regir cautelar favorable a las universidades.
En primer lugar, ni siquiera tiene plazos para resolver sobre el recurso que presentó el Poder Ejecutivo. Puede tardar semanas, meses o años y eso es lo que responden en el palacio judicial de la calle Talcahuano cada vez que son consultados por este tipo de conflictos. A los cortesanos no les gusta fallar bajo presión política o mediática.
El Gobierno sabe que la pelea final se libra allí y por ello jugó con la posibilidad de que los tres jueces del máximo tribunal se excusen y convoquen a conjueces para que resuelvan, por ser profesores universitarios. Por ahora, esa vía no prosperó. Mientras tanto, la alternativa de que la Corte decida analizar el fondo de la cuestión no deja de estar sobre la mesa.
Se trata de la vía más compleja políticamente, porque en ese caso el tribunal tendría que analizar si un DNU puede suspender la aplicación de una ley que ya pasó por el veto y la ratificación parlamentaria, si la Ley de Administración Financiera pude invalidar cualquier otra norma que no precise la fuente de financiamiento o si el Ejecutivo está obligado a readecuar el presupuesto.
Los pilares de la Ley de Financiamientp Universitario: ¿qué es lo que el Gobierno no está cumpliendo?
La Ley de Financiamiento Universitario no solo plantea la asignación de mayores fondos sino que define un esquema de actualización tanto de los gastos de funcionamiento como de los salarios del personal docente y no docente. Obliga al Gobierno a una paritaria nacional con el sector y este es uno de los puntos más resistidos por Milei en la Justicia.
En su artículo 5 la ley establece que el Ejecutivo debe "actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1/12/2023 hasta la sanción de la presente ley, en un porcentaje que no puede ser inferior al IPC" de ese período y que debe convocar a una paritaria nacional cada 3 meses, pero asegurando un aumento mensual según el índice de inflación.
La ley también fija una actualización por IPC de los gastos de funcionamiento, al obligar al Ejecutivo a ajustar mensualmente las partidas destinadas a pagar servicios, insumos de laboratorios, seguridad y mantenimiento.
Por otro lado, amplia el sistema de becas con un incremento anual progresivo en el monto y número de beneficiarios. El Ejecutivo "debe disponer la recomposición de todos los programas de becas del estudiantado (Progresar, Carreras Estratégicas Manuel Belgrano, Enfermería y otras) por la variación acumulada del IPC en el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2023 hasta el momento de la sanción de la presente ley", señala el texto
Recorte en educación: ¿desafío del Gobierno?
El Gobierno sostiene que ha transferido "mensualmente el presupuesto asignado a las universidades naciones en concepto de gastos de funcionamiento" y pone de relieve que en el Presupuesto 2026 la partida destinada a las universidades "creció y pasó a 4,8 billones de pesos". A su vez, señala que durante la gestión anterior los fondos se transferían "hasta con cuatro meses de atraso".
Pero al mismo tiempo, horas antes de la marcha universitaria dio a conocer en el Boletín Oficial una readecuación presupuestaria que implica un recorte en la educación por $ 78.000 millones y recortes en gastos de infraestructura por $ 5.300 millones a las universidades. La medida es, cuanto menos, llamativa por el contexto.
La masiva marcha federal universitaria no parece por el momento haber movido al gobierno de Javier Milei de su posición, pero sí implicó un mensaje a la Corte Suprema de Justicia que fue más allá de la pelea presupuestaria y apuntó directamente a un debate sobre los límites de la autoridad presidencial frente a otro poder, con la Ley de Financiamiento Universitario en el eje.