Adorni podría ser citado a declarar antes de la feria judicial

La situación judicial del jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, podría registrar un severo agravamiento en el transcurso de las próximas semanas. El juez federal Ariel Lijo analiza convocar al funcionario a declaración indagatoria antes del inicio de la feria judicial de invierno. La medida se encuadra en la causa penal que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del coordinador de ministros y sus vínculos comerciales y personales con el productor televisivo Marcelo Grandio, propietario de la firma Imhouse, una empresa que mantiene vigentes diversos contratos de producción con la TV Pública.

En los pasillos de los tribunales de Comodoro Py trascendió que el magistrado aguarda la incorporación de los resultados de las últimas medidas de prueba solicitadas en conjunto con el fiscal Gerardo Pollicita para formalizar el llamado a indagatoria. En el ámbito judicial coinciden en que una citación bajo este estado procesal implicaría que el expediente alcanzó un grado de avance significativo, reuniendo elementos de sospecha suficientes sobre la posible comisión de delitos en el ejercicio de la función pública de uno de los hombres más cercanos al presidente Javier Milei.

El corazón de la denuncia se concentra en los favores económicos cruzados entre Adorni y Grandio, a quien el propio funcionario calificó públicamente como un amigo cercano. La Justicia busca determinar si el productor costeó un costoso viaje que el jefe de Gabinete realizó junto a su familia a Punta del Este, Uruguay, durante el fin de semana largo de Carnaval a bordo de un avión privado. Aunque el vocero con licencia aseguró de forma reiterada que el traslado fue abonado con fondos de su propio bolsillo, distintas declaraciones de testigos clave incorporadas al expediente comenzaron a complicar la versión oficial.

Adorni: vuelos privados, facturas cruzadas y el rastreo de llamadas

El bróker aeronáutico Agustín Issin Hansen declaró bajo juramento ante la Justicia que el vuelo privado no fue abonado por el funcionario, sino que fue reservado y pagado íntegramente por Grandio, quien además solicitó que la facturación se emitiera a nombre de su productora Imhouse. De acuerdo con los documentos contables que analiza la fiscalía, la empresa de transportes Alpha Centauri facturó el tramo de ida directamente a la productora televisiva, mientras que el tramo de regreso fue facturado posteriormente por un valor de 3.000 dólares directos al productor.

Para corroborar la existencia de un presunto otorgamiento de dádivas o retribuciones ilícitas, el juzgado federal ordenó las siguientes medidas técnicas sobre los sospechosos:

• Cruces telefónicos: Se analizan los registros de llamadas entrantes y salientes entre los teléfonos celulares de Grandio, Adorni y Horacio Silva, socio fundador de la productora bajo la lupa.
• Geolocalización de dispositivos: Las antenas de telefonía móvil permitirán reconstruir los encuentros físicos y la coincidencia de fechas entre los imputados.
• Contratos bajo sospecha: La Justicia evalúa si estas comunicaciones coinciden temporalmente con la firma de millonarios contratos de programas de radio, ciclos de streaming y producciones en medios estatales como "La caja de Pandora", "Giros en Línea Recta", "Enredados", "La Sala" y "Gritalo Mundial", este último conducido por el propio Grandio.

En paralelo al entramado de los medios públicos, la investigación patrimonial sobre los bienes personales del jefe de Gabinete sumó nuevos focos de conflicto. Las miradas de los peritos contables de la causa están puestas sobre una propiedad ubicada en el exclusivo country Indio Cuá, en la localidad de Exaltación de la Cruz. La adquisición de la vivienda y su posterior puesta a punto generaron sospechas en la Justicia sobre el verdadero origen de los fondos utilizados para la operación inmobiliaria.

La propiedad habría sido escriturada en noviembre pasado por un valor aproximado de 120.000 dólares, una cifra a la que luego se le añadieron gastos estimados en 245.000 dólares en concepto de remodelaciones integrales y compra de amoblamiento premium. Los investigadores judiciales detectaron que una parte importante de esas obras edilicias se habría realizado de forma irregular y sin facturación formal. Para los sabuesos judiciales, los ingresos declarados por Adorni no resultan compatibles con el nivel de gastos y el nivel de vida detectado, sobre todo considerando la existencia previa de deudas hipotecarias vigentes para financiar sus movimientos de bienes.

Como elemento periférico pero de igual gravedad institucional, el juzgado analiza la presunta utilización de efectivos de la Gendarmería Nacional para custodiar de forma permanente el ingreso al barrio privado donde reside el funcionario. La hipótesis que maneja la fiscalía es que, en caso de comprobarse que los agentes de la fuerza federal fueron destinados a tareas de seguridad personal ajenas a sus funciones oficiales y sin una justificación de riesgo real, podría configurarse el delito de peculado por utilización indebida de recursos públicos, complicando aún más el futuro del estrecho colaborador presidencial antes del receso invernal.