Milei acelera en el Congreso con cuatro proyectos clave y prepara una ofensiva legislativa sin precedentes
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El Gobierno nacional envió al Congreso cuatro proyectos de ley que marcan la nueva agenda legislativa de la Casa Rosada. Las iniciativas cubren áreas estratégicas: ampliación del RIGI, modificación del etiquetado de alimentos, regulación de la ludopatía y creación de una Ley de Lobby.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había anticipado el anuncio días atrás. Ahora, con el ingreso formal de los textos al Parlamento, el oficialismo acelera su agenda de reformas.
Este martes, la mesa política del Gobierno se reúne en Balcarce 50. El objetivo: definir la estrategia legislativa de los próximos meses y coordinar el trabajo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, en un escenario que exigirá mayor articulación con aliados y bloques dialoguistas.
La Casa Rosada considera que retomar la iniciativa en la agenda pública depende de avanzar con estas reformas. El paquete legislativo ya está sobre la mesa.
Súper RIGI: el proyecto estrella que busca u$s30.000 millones
Dentro del paquete, el oficialismo prioriza el Súper RIGI. Se trata de una ampliación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones aprobado junto con la Ley Bases.
El ministro de Economía, Luis Caputo, había señalado que el nuevo esquema apunta a sectores estratégicos. Entre ellos: refinamiento y laminado de cobre, producción de litio, fabricación de baterías, hidrógeno verde, energía nuclear, industria aeroespacial y automóviles eléctricos.
Según Caputo, el régimen podría incentivar inversiones de entre u$s20.000 millones y u$s30.000 millones en la Argentina. Una cifra que duplicaría el flujo de capitales proyectado con el RIGI original.
El proyecto establece un plazo de cinco años para presentar solicitudes de adhesión. Además, prevé una prórroga única de hasta un año si las condiciones lo ameritan.
Las empresas interesadas deberán constituir Vehículos de Proyecto Único (VPU). Estos VPU tendrán objeto exclusivo y sus activos estarán afectados únicamente al emprendimiento adherido, lo que garantiza trazabilidad y transparencia en el uso de los beneficios fiscales.
La iniciativa fija un monto mínimo de inversión de u$s1.000 millones por proyecto en activos computables. No es todo: las empresas deberán invertir al menos el 20% de ese monto durante los primeros dos años desde la adhesión.
Qué beneficios tributarios ofrece el Súper RIGI
El régimen incluye incentivos fiscales significativos. La Casa Rosada busca hacer más atractiva la inversión en sectores clave para la transición energética y la industrialización.
Los beneficios tributarios previstos son:
- Reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15% para los VPU adheridos
- Régimen de amortización acelerada para bienes muebles y obras de infraestructura
- Posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal
- Alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades
- Certificados de Crédito Fiscal para cancelar IVA sobre inversiones
- Exención de derechos de importación y exportación para bienes y productos vinculados al proyecto
El texto también contempla una alícuota única del 10% para contribuciones patronales correspondientes a nuevas relaciones laborales generadas a partir de la adhesión al régimen.
Estos incentivos apuntan a reducir la carga impositiva de las empresas y mejorar la competitividad argentina frente a otros destinos de inversión en la región.
Cómo funciona el régimen cambiario del Súper RIGI
En materia cambiaria, el proyecto prevé libre disponibilidad progresiva de divisas provenientes de exportaciones. El esquema es escalonado: 20%, 40% y 100% durante los primeros tres años desde la primera exportación.
Además, el texto establece que no será obligatorio ingresar ni liquidar divisas correspondientes a aportes de capital, financiamiento y servicios vinculados a los proyectos. Una flexibilidad que busca facilitar el flujo de capitales.
El Gobierno también prevé otorgar estabilidad fiscal y jurídica a las empresas adheridas. El objetivo: blindar las inversiones frente a cambios regulatorios o aumentos de impuestos.
Otro punto clave: el proyecto busca limitar el cobro de Ingresos Brutos al 0,5% por parte de las provincias adherentes. También restringe tasas municipales consideradas "impuestos encubiertos".
Etiquetado Frontal: el Gobierno apunta a flexibilizar restricciones
Otro de los proyectos enviados al Congreso apunta a modificar la actual Ley de Etiquetado Frontal de alimentos. La normativa vigente obliga a incorporar octógonos negros de advertencia en envases de productos con exceso de azúcares, sodio, grasas o calorías.
El objetivo original era promover una alimentación saludable y prevenir enfermedades crónicas. Sin embargo, desde la Casa Rosada sostienen que el sistema actual puede inducir "interpretaciones simplificadas o poco precisas" sobre el perfil nutricional integral de determinados alimentos y generar confusión en los consumidores.
El proyecto también cuestiona la metodología de cálculo utilizada para determinar las advertencias nutricionales. La crítica: en algunos casos produce resultados "técnicamente inconsistentes o desproporcionados" respecto del perfil global del producto.
Entre los cambios impulsados por el Ejecutivo aparece la flexibilización de restricciones de marketing para empresas alimenticias. Incluye la posibilidad de volver a utilizar dibujos animados, celebridades y figuras deportivas en envases, algo actualmente prohibido.
Además, la iniciativa busca reducir cargas regulatorias, simplificar trámites administrativos y adecuar la normativa argentina a estándares del Mercosur.
Ludopatía: apuestas online y protección de menores en el foco
El proyecto sobre ludopatía tiene como eje central combatir las plataformas ilegales de apuestas online y reforzar la protección de menores de edad.
Según el texto enviado al Congreso, la iniciativa busca erradicar la explotación no autorizada de juegos de azar en línea. También establece la prohibición del acceso de menores a plataformas de apuestas digitales.
La propuesta prevé el desarrollo de estrategias de prevención y abordaje del juego patológico de manera coordinada entre Nación, provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Además, contempla campañas de concientización, elaboración de estadísticas para monitorear políticas públicas de asistencia y rehabilitación, controles de edad e identidad para usuarios y limitaciones a promociones y bonos de apuestas.
El proyecto también incorpora modificaciones al Código Penal. La novedad: aumenta de tres a seis años la pena para quienes exploten, administren u organicen sistemas de apuestas ilegales sin autorización correspondiente.
El oficialismo ya había rechazado el año pasado un proyecto impulsado por la oposición. La razón: consideraba excesivas algunas restricciones vinculadas a la publicidad de casas de apuestas. En esta nueva versión, el Ejecutivo propone una regulación enfocada principalmente en el acceso de menores y la prevención de la adicción al juego.
Ley de Lobby: registro obligatorio y transparencia en las reuniones
La cuarta iniciativa enviada por el Gobierno es la denominada Ley de Lobby. El proyecto, impulsado por sectores cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo, toma como referencia modelos internacionales de Estados Unidos y Chile.
La propuesta busca crear un registro obligatorio de lobistas. También establece la publicación de reuniones mantenidas con funcionarios y fija normas de transparencia y mecanismos para prevenir conflictos de interés.
En la Argentina existen antecedentes parciales sobre la materia. El decreto 1172 de acceso a la información pública, sancionado en 2003, promovía la publicidad de reuniones entre funcionarios y representantes de intereses particulares.
Las cuatro iniciativas forman parte del tercer paquete de reformas impulsado por el Poder Ejecutivo desde el inicio del actual período de sesiones ordinarias. En los próximos días, comenzarán a integrar la agenda legislativa nacional con debates en comisiones y audiencias públicas.