Schoklender reveló un centro de denuncias financiado por Aníbal Fernández contra funcionarios del PRO

Sergio Schoklender amplió este miércoles su declaración indagatoria en el juicio oral por la causa Sueños Compartidos. El exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo está acusado de participar en el desvío de más de $200 millones destinados a viviendas sociales.

Durante la audiencia, Schoklender no solo defendió las obras. También reveló un esquema de financiamiento oficial para denuncias judiciales contra funcionarios del PRO.

Según su testimonio, en la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo se había armado un "centro de investigación" que recibía un subsidio fijo gestionado por Aníbal Fernández, a través de Hebe de Bonafini, destinado a realizar "denuncias permanentes contra funcionarios del PRO".

Cómo funcionaba el circuito de denuncias K, según Schoklender

Schoklender explicó que esas denuncias las presentaba el abogado Eduardo Barcesat. El letrado convenció a Bonafini de que transmitiera a Fernández la necesidad de recursos para "comenzar a realizar" estas acciones judiciales.

Entre las presentaciones impulsadas por Barcesat figuran causas contra Mauricio Macri, Gabriela Michetti, Patricia Bullrich, Marcos Peña y Germán Garavano. El exapoderado fue preciso: la Fundación funcionaba como "un aparato militante del kirchnerismo" por indicación directa de Bonafini.

Sobre las fuentes de financiamiento, Schoklender mencionó donaciones del exterior, aportes de figuras del espectáculo, festivales y contribuciones de Hugo Chávez. Admitió que "alguno se perdió en el camino".

El exfuncionario defendió el proyecto de construcción de viviendas. Afirmó que en su vida tuvo varias empresas: "Todo lo puse al servicio de este proyecto porque creo en él, sigo creyendo en él", dijo.

Agregó que era "el único proyecto sano en medio de dos décadas infames de corrupción". Sobre las obras, sostuvo que la única suspendida fue en Almirante Brown "porque nos habían entregado un basural".

Luego, según su relato, se construyeron proyectos adicionales. Entre ellos mencionó un centro de salud en El Impenetrable, con casa para el encargado y espacio para helicóptero en emergencias.

Duras críticas a los peritos de la Corte Suprema

En otro momento de su declaración, Schoklender criticó duramente al perito de la Corte Suprema, Francisco Guzmán. Dijo que "da vergüenza ajena lo que escuchamos acá".

Según Schoklender, al consultar a las provincias le confirmaron que las viviendas "estaban todo funcionando". Cuestionó directamente la validez del informe pericial.

El informe de Guzmán había asegurado que en algunos lugares se entregaron viviendas que no estaban en condiciones de ser habitadas. Por ejemplo, describió que muchas familias se calentaban con un tacho de chapa y tomaban agua de otra casa en una de las inspecciones realizadas.

Por su parte, la perito contable María Eleonora Feser agregó que los libros contables presentados por la Fundación tenían asientos sin respaldo documental. Faltaban facturas o comprobantes de transferencias.

Qué investiga la causa Sueños Compartidos

La causa investiga el destino de sumas millonarias transferidas por el Estado a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas sociales, con una acusación que sostiene el desvío de alrededor de $206 millones que no se destinaron a las obras.

La acusación incluye un segundo tramo vinculado a presunto lavado de dinero a través de empresas de los hermanos Schoklender. El juicio oral comenzó en febrero de este año ante los jueces Adrián Grünberg, Adriana Palliotti y Ricardo Basílico.

Los principales imputados son los exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio y Pablo Schoklender. También están procesados el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el exsecretario de Obras Públicas, José López.

Todos están señalados como responsables directos por "fraude a la administración pública". De Vido y López, junto al exsubsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, son señalados como coautores.

Los hermanos Schoklender están acusados de ser "partícipes necesarios", mientras que los empresarios y financistas Daniel y Karina Nasif, Carlos Castellano y Daniel Freidin son señalados como "partícipes secundarios" en el presunto esquema de desvío de fondos.