Efecto Adorni: el FMI advirtió sobre el sistema de control patrimonial de los funcionarios
El Fondo Monetario Internacional cuestionó el funcionamiento del sistema argentino de declaraciones juradas de funcionarios públicos. Las críticas aparecen en el informe técnico difundido tras la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con la Argentina, que habilitó un desembolso de u$s1.000 millones.
Las observaciones están en el Box 9 del documento elaborado por el staff técnico del FMI. Ese apartado se titula "Assessment of Economic Governance and Anti-Corruption Frameworks" ("Evaluación de los marcos de gobernanza económica y anticorrupción").
El capítulo se concentra en mecanismos institucionales: transparencia estatal, control patrimonial, conflictos de interés y funcionamiento del Poder Judicial.
El reporte fue publicado en medio de debates públicos sobre las declaraciones juradas patrimoniales de funcionarios nacionales. El tema cobró relevancia política por la controversia alrededor del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de discusiones sobre sus viajes al exterior, el crecimiento de su patrimonio y la demora en presentar su declaración jurada.
Qué criticó el FMI sobre las declaraciones juradas argentinas
"Los marcos preventivos anticorrupción necesitan fortalecerse", señaló el organismo en el informe. A continuación, el documento detalló observaciones específicas sobre el régimen patrimonial de funcionarios.
"Los regímenes de declaraciones patrimoniales presentan limitaciones en la verificación, baja transparencia, retrasos en la publicación y una aplicación desigual", advirtió el staff técnico.
La referencia a los "retrasos en la publicación" apunta a las demoras en difundir públicamente las declaraciones juradas, un problema que el FMI vincula con la capacidad estatal para controlar el contenido y cumplimiento de esos registros.
El informe no se limitó a señalar problemas administrativos. El staff técnico también planteó que existen "limitaciones en la verificación", una expresión que refiere a los mecanismos estatales para controlar la información declarada por los funcionarios.
De acuerdo con el documento, el problema no radica solo en la publicación tardía. También hay debilidades en las capacidades institucionales para supervisar de manera efectiva la evolución patrimonial y detectar posibles inconsistencias.
El reporte agregó que la aplicación de esos regímenes patrimoniales es "desigual". Eso refiere a diferencias en los niveles de control y cumplimiento dentro de la administración pública.
El contexto argentino que enmarca las críticas del FMI
El plazo original para entregar las declaraciones patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción vencía el 30 de mayo. El Gobierno otorgó después una prórroga hasta el 31 de julio.
En ese marco, el staff técnico del FMI incorporó una evaluación específica sobre el funcionamiento del sistema argentino. Las observaciones aparecen en el informe "Argentina: 2026 Article IV Consultation, Second Review Under the Extended Fund Facility Arrangement, and Request for Modification of Performance Criteria".
Aunque el organismo destacó en su comunicado oficial la consolidación fiscal, la desaceleración inflacionaria y las reformas económicas desde diciembre de 2023, el informe técnico incorporó cuestionamientos vinculados a transparencia y control estatal.
El staff técnico sostuvo que "persisten desafíos en materia de gobernanza" y recordó que la Argentina obtuvo 36 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 elaborado por Transparency International.
Conflictos de interés y Poder Judicial: otras críticas institucionales
El FMI también incluyó observaciones sobre conflictos de interés. "Las normas sobre conflictos de interés continúan limitadas por reglas permeables y una débil capacidad de control", afirmó el documento.
La combinación de cuestionamientos sobre declaraciones juradas, transparencia patrimonial y conflictos de interés constituye uno de los principales ejes institucionales del Box 9.
El organismo además incorporó referencias al Poder Judicial argentino. Según el reporte, "la percepción de una independencia judicial limitada y de politización sigue siendo motivo de preocupación".
El staff agregó que evaluaciones internacionales y observadores locales continúan señalando demoras en causas de alto perfil. También mencionaron una limitada rendición de cuentas de funcionarios de alto rango.
En ese marco, el FMI sostuvo que existe la necesidad de fortalecer la independencia de los fiscales y la transparencia judicial.
Reformas económicas que redujerían espacios de corrupción
Junto con las críticas institucionales, el informe destacó reformas económicas impulsadas por el Gobierno nacional. El staff sostuvo que las medidas implementadas desde diciembre de 2023 redujeron espacios históricamente vinculados a prácticas de corrupción.
Entre las medidas mencionadas aparecen:
- Eliminación del déficit fiscal
- Reorganización de programas sociales mediante la reducción de intermediarios
- Levantamiento gradual de controles cambiarios
- Derogación de distintas regulaciones administrativas
El organismo señaló además que se simplificaron procedimientos comerciales y de ingreso al mercado. También se limitaron mecanismos de licencias discrecionales.
Se redujeron instancias de interacción entre empresas y el Estado asociadas a riesgos de sobornos, según el informe.
Qué recomendó el FMI para fortalecer el control institucional
Sin embargo, el mismo informe remarcó que continúan existiendo debilidades estructurales en materia institucional y de control estatal. Por ese motivo, el staff técnico incluyó una serie de recomendaciones dirigidas a la Argentina.
Entre las prioridades mencionadas figuran "mejorar la aplicación de los regímenes de declaraciones patrimoniales y conflictos de interés", "fortalecer la independencia judicial y las instituciones de control", "incrementar la transparencia en las contrataciones públicas y privatizaciones" y "garantizar previsibilidad regulatoria".
El documento también planteó que algunos de esos objetivos podrían alcanzarse mediante un fortalecimiento de la Ley de Ética Pública.
En el resumen ejecutivo del reporte, el FMI sostuvo que la mejora en la capacidad de gobernanza permitió avances legislativos vinculados al Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal y la Ley de Modernización Laboral.
El capítulo institucional dejó planteado que el organismo considera relevantes tanto las variables económicas como los mecanismos de control patrimonial, transparencia estatal y funcionamiento de las instituciones públicas.