Mar Argentino: el acuerdo con EE.UU. reabre el debate sobre protección ambiental y la soberanía oceánica

A fines de mayo, la Armada Argentina firmó un acuerdo con la Cuarta Flota del Comando Sur de Estados Unidos. El convenio permite el patrullaje de naves estadounidenses en la zona económica exclusiva argentina durante cinco años. El pacto considera al Mar Argentino como un "bien común global". Esa definición encendió las alarmas en diversos sectores.

El argumento oficial apunta a preservar el territorio marítimo de la depredación que ejercen buques pesqueros de distintas nacionalidades. A cambio, el acuerdo habilita la transferencia tecnológica, el entrenamiento y el patrullaje por parte de fuerzas navales norteamericanas, señala la periodista Gabriela Ensinck en un artículo publicado en el sitio EconomiaSustentable.com.

La Embajada de Estados Unidos divulgó la existencia del convenio mediante un comunicado. Fue entonces cuando organizaciones académicas y especialistas en defensa nacional alzaron sus voces.

"No se trata sólo de una cooperación técnica", advirtió Sabina Frederic, ex ministra de Seguridad. La funcionaria señaló que Estados Unidos proveerá equipamiento pero también se quedará con toda la información que recopile en aguas argentinas.

Frederic agregó un dato clave sobre las competencias institucionales. Hoy, la vigilancia de la zona económica exclusiva y sus límites corresponde a la Prefectura Naval. No a la Armada.

Por qué hablar de "bien común global" genera rechazo

El ex canciller Jorge Taiana, actual diputado nacional, fue contundente. "El Mar Argentino no es un bien común global, sino un territorio soberano del país", afirmó.

Taiana recordó que Argentina participó en las negociaciones del Tratado de Alta Mar de la ONU. Ese acuerdo, conocido como BBNJ, protege la biodiversidad en aguas internacionales.

Sin embargo, el país firmó el tratado a comienzos de 2023 pero aún no lo ratificó en el Congreso Nacional. Esa demora genera dudas sobre la posición argentina en temas de soberanía marítima, añade la nota del sitio EconomiaSustentable.com.

El Tratado de Alta Mar entró en vigencia en enero de 2026. Su objetivo es ambicioso: proteger el 30% de los océanos para el año 2030.

Para Argentina, este tratado resultaría clave porque permite proteger ecosistemas únicos fuera de su Zona Económica Exclusiva, más allá de la milla 200, como el llamado "Agujero Azul" que atesora gran riqueza biológica y científica.

El acuerdo internacional también exige evaluaciones de impacto ambiental. Esas evaluaciones deben hacerse para actividades en aguas internacionales: pesca, vertido de residuos, minería subacuática y prospecciones sísmicas en el mar profundo.

Además, el tratado regula el acceso y la distribución equitativa de los beneficios obtenidos de la biodiversidad marina. Eso incluye sus recursos genéticos.

La deuda pendiente de Argentina con su propio mar

Argentina tiene una gran asignatura pendiente con la protección de su territorio oceánico. Solo un 8% del área marítima bajo jurisdicción nacional se encuentra resguardada a través de las Áreas Marinas Protegidas (AMP).

Esa cifra contrasta con los compromisos internacionales, remarca el sitio EconomiaSustentable.com. También muestra la fragilidad del sistema de preservación marino argentino.

El contexto hace más llamativo el acuerdo con Estados Unidos. ¿Cómo puede un país proteger mejor su territorio oceánico delegando parte del control a fuerzas extranjeras?

Comprar tecnología que Argentina ya desarrolló

El divulgador científico Daniel Arias sumó otra crítica al convenio bilateral. Según su análisis, el acuerdo incluye "la compra de equipamiento que investigadores locales ya han desarrollado".

"Nos están vendiendo algo que ya tenemos", denunció Arias. El especialista recordó que en 2001, INVAP desarrolló una cámara estabilizada para uso submarino.

Esa cámara cuenta con visión nocturna en infrarrojo, pancromática diurna y en color. Se usa para vigilancia y búsqueda de náufragos. Ha sido suficientemente testeada.

INVAP es la empresa de base tecnológica de la provincia de Río Negro. Su desarrollo tiene más de dos décadas de antigüedad y probada eficacia.

Con ironía, Arias propuso: "Podríamos venderle nuestra cámara de búsqueda y rescate a Estados Unidos, y patrullarles sus Zonas Económicas Exclusivas. Sería un modo de hacerlos sentir protegidos".

Un proyecto de ley para terminar con el secreto en los permisos de pesca

Mientras las denuncias contra barcos extranjeros que pescan ilegalmente se multiplican, un proyecto de ley busca cambiar las reglas del juego. La iniciativa propone que la información sobre embarcaciones y permisos de pesca sea pública.

El diputado Maximiliano Ferraro presentó el proyecto en la Cámara de Diputados. Su objetivo: modificar la Ley Federal de Pesca para obligar a publicar datos en formatos abiertos.

La información que debería volverse pública incluye:

• Embarcaciones registradas y sus características técnicas
• Titulares de los permisos de pesca
• Cuotas de captura asignadas y su situación
• Transferencias de permisos entre empresas
• Sanciones aplicadas a buques infractores
• Situación administrativa de cada embarcación

Según el proyecto, esta información deberá actualizarse mensualmente. Además, debe mantenerse disponible de manera permanente, con trazabilidad histórica de los registros.

Organizaciones como el Círculo de Políticas Ambientales y Sin Azul No Hay Verde respaldaron la iniciativa. Ambas señalaron que la apertura de estos datos constituye una deuda pendiente del Estado argentino en materia de transparencia.

Qué cambia con la transparencia en datos pesqueros

Consuelo Bilbao, Directora del Círculo de Políticas Ambientales, explicó la importancia del proyecto. "Argentina tiene información valiosa sobre su flota pesquera que hoy permanece inaccesible para la ciudadanía", señaló.

Este proyecto convierte datos que ya existen en una herramienta real de transparencia y control, contribuyendo a luchar contra la pesca ilegal. Es un paso indispensable para saber quién pesca, qué pesca y con qué autorización en aguas argentinas.

Desde la entidad sostuvieron que la publicidad de la información permitiría fortalecer los mecanismos de control. También mejoraría la trazabilidad de la actividad pesquera.

Un dato no menor: los principales mercados internacionales exigen cada vez mayores estándares de transparencia para los productos pesqueros. La apertura de datos podría mejorar las exportaciones argentinas.

Juan Coustet, coordinador de Sin Azul No Hay Verde, fue directo. "Se trata de información sobre embarcaciones que explotan un recurso natural que es de todos y que, por lo tanto, debe ser pública".

Coustet explicó qué se puede hacer con esos datos. Permiten verificar si un buque está autorizado a pescar. También muestran qué arte de pesca utiliza y si posee cuota vigente.

Incluso revelarían si una embarcación debería haber perdido su licencia por sanciones acumuladas. Esa información hoy está oculta.

Cómo surgió el proyecto y qué pasa en la región

El proyecto nació después de que las organizaciones solicitaran al Consejo Federal Pesquero y a la Subsecretaría de Pesca la apertura de estos registros. No obtuvieron respuesta.

De aprobarse la iniciativa, Argentina se alinearía con la mayoría de los países latinoamericanos con flota pesquera industrial. Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Uruguay, México, Panamá y Guatemala ya cuentan con sistemas públicos de consulta sobre embarcaciones y permisos de pesca.

La comparación regional vuelve más evidente el atraso argentino en transparencia pesquera. Mientras el país debate un acuerdo militar con Estados Unidos para vigilar sus aguas, carece de sistemas básicos de información pública sobre quién pesca en su propio mar.