Caso Adorni: por qué la "motosierra" de Milei debilitó el control sobre los funcionarios
La investigación que más preocupa a los hermanos Adorni y, por extensión, a los hermanos Milei, es por el presunto enriquecimiento ilícito del Jefe de Gabinete de la Nación y de su hermano, Francisco, también funcionario público, que tienen ocupados a los fiscales federales, Gerardo Pollicita, analizando posibles inconsistencias entre las declaraciones juradas de Manuel Adorni, su patrimonio, propiedades, viajes y gastos en esos periplos mundanos y, a Guillermo Marijuan, que analiza las presuntas omisiones patrimoniales e inconsitencias entre los bienes declarados y sus ingresos de funcionario y diputado provincial en el caso de Francisco Adorni.
A pesar que el presidente, Javier Milei, asumió prometiendo el combate a la "casta" en todo sentido y lugar, el escándalo Adorni no ha hecho más que crecer, en ocasiones de manera desproporcionada, señalando incluso la compra de sábanas para su hogar, desde que su esposa Bettina Angeletti fue fotografiada en Nueva York durante el fin de semana del 7 y 8 de marzo, cuando se la vio visitando la tumba del Rebe de Lubavitch en Queens (Nueva York). El escándalo inicial, que no tuvo sanción judicial, sucedió porque viajó en la aeronave presidencial, sin ser funcionaria y por el solo hecho de ahorrarse un pasaje a los Estados Unidos.
De allí en más, un escándalo tras otro, que terminó jaqueando la figura del Jefe de Gabinete con una grave investigación por presunto enriquecimiento ilícito que la Oficina Anticorrupción no pudo prever ni investigar previamente. Sin ese desliz por ese viaje es muy posible que no hubiera sucedido ninguna pesquisa judicial.
Hoy, Manuel Adorni está preocupado y preocupa al presidente Milei porque una eventual declaración indagatoria del jefe de los ministros en la sede de un juzgado federal, supondría la necesidad de dar un paso al costado de parte de uno de los principales colaboradores de Javier y Karina Milei desde diciembre de 2023.
La "motosierra" que daña el control sobre los funcionarios públicos más importantes
El anti estatismo pregonado por el propio Jefe del Estado y su defenza a ultranza del equilibrio fiscal llevó a desmesuras como la de perjudicar el desempeño de una de las oficinas más importantes del Estado Nacional en un país plagado de causas por corrupción en todos los niveles de la administración pública en la actualidad y en el pasado reciente.
La Oficina Anticorrupción (OA) administra el mecanismo de declaraciones juradas de los funcionarios públicos recibiendo información, existen más de 55 mil declaraciones, cuyo análisis queda a cargo de un plantel reducido de profesionales, abogados y contadores.
Estas bases son consultadas de manera usual por periodistas, abogados, fiscales, jueces y miembros de organizaciones no gubernamentales que trabajan por la transparencia pública en el país. La OA, que es una oficina que depende del ministerio de Justicia a cargo de Juan Bautista Mahiques, podría realizar contrastes sobre la información proporcionada y el perfil del funcionario como realiza, en ocasiones, la Unidad de Información Financiera (UIF). De hecho las dos oficinas tienen misiones que convergen en torno a la prevención y mitigación de corrupción y el lavado de dinero por lo que la colaboración entre sus funcionarios sería un hecho remarcable.
En la actualidad la OA es conducida por la Dra. Gabriela Zangaro y sus principales funcionarios son, el Dr. Mariano Cartolano de la Dirección de Investigaciones y la Dra. Carolina Larroca, que tiene a su cargo la Dirección de politicas de transparencia.
A pesar de su equipo profesional, la OA, durante la administración de Javier Milei perdió poder de fuego y la explicación se encuentra en la decisión de pasar la "motosierra" por el Estado. Un hecho que pone en entredicho el combate a la casta y la corrupción.
El "desmantelamiento" de la Oficina Anticorrupción Bajo el Gobierno de Milei
Un exhaustivo informe elaborado por el Dr. José Massoni, primer titular de la Oficina Anticorrupción e integrante de la Fundación Desarrollo Humano Integral, revela un marcado proceso de debilitamiento institucional de la Oficina Anticorrupción (OA) de Argentina desde que Javier Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023.
El documento, basado en análisis de normativa oficial, datos obtenidos mediante pedidos de acceso a la información pública y recomendaciones de organismos internacionales, concluye que el organismo perdió capacidades críticas para cumplir su misión en un contexto de crecientes sospechas sobre la probidad del gobierno.
Para Massoni, "los números son contundentes. La dotación óptima de personal para que la OA pueda funcionar adecuadamente es de 134 personas, pero en la actualidad el organismo cuenta con apenas 78 empleados, un 41% menos de lo necesario". "Numerosos profesionales de trayectoria fueron cesanteados durante el período analizado, lo que impactó directamente sobre la capacidad operativa del organismo", agrega.
El golpe presupuestario fue aún más severo al analizar los datos del año pasado. "El gasto devengado real pasó de superar los 1.300 millones de pesos en 2023, a apenas 53,5 millones de pesos, entre enero y agosto del 2025. Esto representa una caída del 96% en términos reales, respecto al mismo período semestral del año 2023.
A este desplome se suma una degradación institucional simbólicamente relevante: la OA pasó de tener rango ministerial a rango de Secretaría, lo que supone una pérdida de jerarquía dentro del esquema del Poder Ejecutivo Nacional.
Conflictos de interés y puerta giratoria
Uno de los hallazgos más inquietantes del documento elaborado por la fundación apunta a la actitud condescendiente de la OA frente a los múltiples conflictos de interés generados por la incorporación masiva de representantes del sector privado en puestos de conducción estatal. Las resoluciones sobre la obligación del presidente de la Nación de informar su listado de clientes previo a asumir el cargo, y el caso del ex Superintendente de Servicios de Salud, Gabriel Oriolo, son citadas como ejemplos de una mirada permisiva ante situaciones que la ley de ética pública busca prevenir.
El informe también señala que la OA, "resignó su deber de controlar" a quienes ejercen funciones públicas pero figuran en la nómina estatal como "locación de servicio", permitiéndoles continuar con actividades privadas sin supervisión. El caso del asesor Santiago Caputo es mencionado como paradigmático de esta omisión.
Selectividad en las querellas
En un giro que los investigadores califican de contradictorio, la OA decidió retomar su rol como querellante en causas penales. Sin embargo, lo hizo, según el informe, "persiguiendo exclusivamente a figuras opositoras al gobierno", incluyendo organizaciones sociales y personas de escasos recursos.
La excepción la constituye el dictamen por el caso Libra que involucra al propio presidente, Javier Milei. La Oficina Anticorrupción (OA) dictaminó que Milei no cometió ningún delito al difundir la criptomoneda $LIBRA. El organismo concluyó que el presidente no infringió la Ley de Ética Pública porque utilizó su cuenta personal de la red social X (antes Twitter) como un "ciudadano común" ejerciendo sus derechos civiles y políticos, no en el ejercicio de su función como mandatario.
Ahora bien, por el affaire Adorni, los responsables de la OA, han tenido un rol limitado y reactivo frente a las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito El organismo regulador se centró principalmente en la recepción de trámites patrimoniales y el control formal de los plazos.
- Omitió actuar de oficio: Al estallar el escándalo por sus viajes, gastos y la compra de propiedades, la OA no inició ninguna investigación por iniciativa propia (de oficio). Argumentó en su momento que no existían elementos suficientes para intervenir sin un requerimiento externo o judicial directo.
- Prorrogó los plazos de presentación: En abril de 2026, la OA dictó una resolución general que extendió el plazo de vencimiento para que los funcionarios públicos presentaran sus Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales (DJPI). Esto fue leído por sectores de la oposición como una medida que alivió la presión sobre el funcionario en pleno avance de las denuncias.
- Recepción y advertencia de omisión en la Declaración Jurada: En junio de 2026, Adorni finalmente presentó su declaración jurada anual ante la OA, en la cual incluyó rectificaciones patrimoniales y admitió tener más de 500.000 dólares en ahorros no declarados previamente (justificados parcialmente en inversiones cripto). Tras la entrega, la OA advirtió formalmente que Adorni omitió presentar el anexo reservado con los datos de los bienes de su esposa, Bettina Angeletti. Son reservados por que no son de consulta pública como en los casos de los funcionarios nacionales.
La motosierra y el conjunto de estas acciones y omisiones de parte de la OA, habilitó situaciones de conflicto de intereses, y la pérdida de confianza y la sensación de una creciente sospecha sobre la integridad de la gestión gubernamental y el vaciamiento silencioso del principal organismo de control anticorrupción del país, justo en el momento en que más se lo necesita.