Grabois fue procesado y embargado por la toma del Instituto Perón
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El dirigente social y diputado nacional Juan Grabois fue procesado y embargado por la justicia federal en el marco de la investigación penal por la toma del Instituto Perón, un establecimiento estatal que fue ocupado el año pasado de manera violenta por manifestantes. La resolución dictada en los tribunales de Comodoro Py marca un fuerte hito institucional al transformarse en el primer avance penal concreto contra el referente opositor por este tipo de metodologías de protesta. El dictamen fija un contundente precedente en medio de un clima de constante confrontación entre las organizaciones populares y el oficialismo.
La medida fue dispuesta formalmente por el juez federal Sebastián Ramos, quien imputó a Juan Grabois por los delitos de violación de domicilio y resistencia a la autoridad. La causa analiza los graves incidentes ocurridos hace un año, el 7 de junio de 2025, cuando un grupo de personas avanzó sobre el edificio gubernamental. Basándose en declaraciones testimoniales, registros audiovisuales y documentación del expediente, el magistrado determinó que el imputado ingresó sin autorización al inmueble del Instituto Perón, el cual se encontraba cerrado al público y bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano.
El fallo sostiene con rigurosidad técnica que el dirigente permaneció en el interior del establecimiento por un lapso aproximado de dos horas. Lejos de haber mantenido una conducta pasiva, la Justicia consideró que cumplió un rol activo en la permanencia de la ocupación, coordinando la dinámica del grupo e incitando a los presentes a continuar con la toma del lugar y a resistir el inminente desalojo por parte de las fuerzas policiales.
Grabois, imputado: incidentes, agentes heridos y un millonario embargo financiero
El episodio bajo la lupa de los tribunales se desarrolló en un contexto de extrema fricción partidaria, en los días previos a que la Justicia confirmara la condena de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la denominada causa Vialidad. En aquel momento, la irrupción en el edificio -un espacio de alto valor simbólico para el legado peronista- fue calificada por el oficialismo como una acción violenta que obligó a una severa intervención de las fuerzas de seguridad.
La resolución del juez Ramos también incluyó el procesamiento de Valentín Peralta, otro de los manifestantes imputados en la causa, a quien se le atribuyen conductas de mayor confrontación física directa contra los efectivos de la Policía Federal Argentina. Este aspecto penal quedó ratificado en el expediente mediante el cruce de los siguientes de prueba:
- Informes médicos oficiales: Constancias de salud remitidas directamente por los profesionales del Hospital Churruca.
- Lesiones en el personal: Diagnósticos que certifican que varios agentes policiales sufrieron traumatismos craneales, contusiones múltiples y heridas cortantes de diversa consideración durante el desalojo.
- Resistencia calificada: Evidencias materiales que el juzgado consideró clave para sostener la tipificación penal del delito de resistencia a la autoridad.
Como consecuencia de esta valoración penal y con el propósito de garantizar eventuales responsabilidades civiles derivadas de los daños al patrimonio público, el magistrado le aplicó a Juan Grabois un embargo preventivo por la suma de cinco millones de pesos.
La estrategia de la defensa de Grabois y el mensaje de Patricia Bullrich
Desde el entorno legal del dirigente social manifestaron un rechazo absoluto a los fundamentos del procesamiento judicial. La estrategia de los abogados defensores se estructuró bajo la premisa de que su cliente nunca participó de los incidentes en calidad de militante ni de instigador político. Según la argumentación volcada en los escritos de apelación, se encontraba en el establecimiento del Instituto Perón ejerciendo su rol profesional de abogado para asistir legalmente a una cooperativa de trabajo que administraba un predio contiguo, intentando así desmarcar su conducta de la figura de usurpación.
Sin embargo, la resolución judicial no tardó en generar repercusiones políticas de primer nivel. Pocos minutos después de conocerse los detalles del fallo, Patricia Bullrich, quien al momento del hecho se desempeñaba como Ministra de Seguridad, utilizó su cuenta personal de la red social X para celebrar la decisión del juez Ramos y lanzar una durísima advertencia contra el dirigente procesado.
"Tanto hacerse el guapo, al final llegó la cuenta. Hace un año, con Sandra Pettovello y la PFA, detuvimos a Grabois por tomar un edificio público. Al delincuente este lo acaban de procesar y embargar. Suma otra causa y un delito más. Las hacés, las pagás. En esta Argentina nadie está por encima de la ley", sentenció de manera categórica la funcionaria nacional, ratificando la doctrina oficial frente a las protestas que infrinjan el Código Penal.