Una funcionaria declaró que le prestó su tarjeta a Adorni para que compre un monitor de videojuegos

Laura Schiuma, empleada de la Casa Rosada, declaró este lunes ante la Justicia. Confirmó que prestó su tarjeta de crédito para que el exjefe de Gabinete Manuel Adorni comprara un monitor para videojuegos.

La funcionaria explicó ante la fiscalía de Gerardo Pollicita cómo fue la operación. Dijo que Adorni le devolvió el dinero en efectivo después de la compra.

Los investigadores creen que el exfuncionario buscaba no aparecer como titular del gasto, por eso utilizó tarjetas de empleados que trabajaban bajo sus órdenes.

El monitor gamer costó $2.184.999,05. Al momento de esa compra, el sueldo mensual de Adorni era de 3,5 millones de pesos.

Con el mismo sistema -tarjetas de otro funcionario- Adorni compró dos proyectores ese mismo mes. Cada uno le costó $1.831.795.

Qué contó la funcionaria ante la fiscalía de Pollicita

Schiuma es directora general de Actividades Presidenciales de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno. Trabaja en la estructura que respondía directamente a Adorni.

La compra del monitor quedó registrada el 19 de agosto pasado en Mercado Libre. Aparece pagada con la tarjeta cuya titular es Schiuma, según confirmaron fuentes judiciales.

En los tribunales de Comodoro Py, la mujer relató que tras la operación, Adorni le devolvió esa suma en efectivo.

Schiuma había sido ascendida en 2024, siempre dentro de la estructura que respondía al exjefe de Gabinete. Antes, su cargo fue de coordinadora de Planificación de la Dirección Nacional de Planificación y Seguimiento.

El aparato que compró es un monitor Gamer 27 Samsung Odyssey Oled G8 4k con pantalla de 240hz y aplicaciones integradas de Xbox.

Investigan otras compras con tarjetas de funcionarios

La Justicia avanza sobre otra operación similar. Se trata de la adquisición de dos proyectores para videojuegos.

Esos equipos aparecen como pagados el 13 de agosto de 2025 con dos tarjetas diferentes. El titular, en ambos casos, es Luis Enrique Aluju.

Al momento de la compra, Aluju era coordinador de Información de Gobierno de la Dirección de Información Pública y Enlace. También trabajaba bajo las órdenes de Adorni en la Subsecretaría de Vocería.

Los proyectores son marca Epson para videojuegos Home Cinema 2350 4K Pro-UHD con Android TV. Cada uno de esos aparatos fue pagado con una tarjeta distinta de Aluju, lo que refuerza la hipótesis de los investigadores sobre un sistema deliberado para ocultar los gastos de Adorni.

Tanto Aluju como Schiuma figuran nombrados con cargos transitorios. No forman parte de la planta permanente del Estado.

El caso de los sommiers pagados por otra empleada

La fiscalía tiene constancias de otra compra que Adorni hizo a través de una funcionaria pública. En este caso, se trata de Gisela Kocsis.

El 2 de junio del año pasado, Kocsis pagó en efectivo $8.183.383 en un local de sommiers y ropa blanca.

La compra era para la casa que los Adorni habían adquirido a fines de 2024 en el country Indio Cua. Según los investigadores, en esa época el funcionario estaba equipando su residencia de fin de semana.

La factura a nombre de Kocsis fue encontrada en el teléfono de Matías Tabar. Tabar es el contratista que se encargó de la remodelación de esa casa del exjefe de Gabinete.

El celular de Tabar sigue bajo análisis en la fiscalía de Gerardo Pollicita, que tiene delegada la investigación del patrimonio de Adorni.

Los mensajes entre Adorni y el contratista que complican al exfuncionario

En el teléfono de Tabar no solo hay datos sobre los gastos del funcionario. También encontraron mensajes comprometedores.

Los investigadores hallaron conversaciones en las que Adorni invita a Tabar a coordinar lo que iba a declarar en la Justicia, según confirmaron fuentes del caso a LA NACION.

Todo indica que Tabar no aceptó esa propuesta. Su testimonio complicó como ningún otro a Adorni.

El contratista reveló que solo en la remodelación de la casa de Indio Cua, Adorni y su mujer gastaron u$s245.929 en efectivo, una cifra que la Justicia considera incompatible con los ingresos declarados del exfuncionario.