Caso Adorni: la Justicia confirma que gastó 139 millones de pesos con tarjetas de crédito durante su gestión
Manuel Adorni está bajo investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. El fiscal federal Gerardo Pollicita analiza cómo evolucionó su patrimonio durante su paso por el Gobierno nacional, un período en el que los gastos del exjefe de Gabinete habrían superado sistemáticamente sus ingresos declarados.
La pesquisa se centra en establecer si Adorni pudo sostener un nivel de gastos incompatible con su salario oficial, y si utilizó mecanismos para ocultar consumos mediante tarjetas de crédito de terceros.
La investigación abarca desde diciembre de 2023, cuando asumió la gestión de Javier Milei, hasta marzo de 2026. Ese fue el momento en que Adorni dejó sus funciones al frente de la Jefatura de Gabinete.
Durante esos dos años y cuatro meses, la Justicia detectó movimientos financieros que ahora están bajo la lupa de los peritos contables.
Los $139 millones que la Justicia puso bajo análisis
La documentación contable incorporada al expediente revela consumos con tarjetas de crédito por $139 millones durante todo el período investigado. Esa cifra surge de los registros bancarios secuestrados por la fiscalía.
Los investigadores detectaron que, en distintos meses, los gastos personales oscilaron entre $4 millones y $6 millones. El problema: su remuneración como funcionario rondaba los $3,5 millones mensuales hasta fines de 2025.
Esa brecha entre ingresos y egresos forma parte central del análisis patrimonial. La fiscalía busca determinar si existieron fuentes de ingreso legítimas que Adorni no declaró, o si los consumos evidencian un incremento patrimonial injustificado.
Pero los movimientos en sus propias tarjetas no son el único elemento bajo escrutinio. La investigación detectó compras por más de $5,1 millones realizadas con tarjetas de crédito que no estaban a su nombre.
Esas tarjetas pertenecían a dos colaboradores de su entorno: Laura Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales, y Luis Aluju, empleado de la entonces Vocería Presidencial.
La hipótesis de los investigadores apunta a que el uso de instrumentos financieros emitidos a nombre de terceros habría tenido como finalidad evitar que determinados consumos quedaran reflejados en los registros personales del exfuncionario.
Especialmente compras vinculadas con equipamiento tecnológico de alto valor y videojuegos, rubros que concentran una parte significativa de esos $5,1 millones.
El monitor gamer de $2,1 millones y el testimonio clave
Uno de los elementos probatorios más recientes llegó al expediente en forma de testimonio. Laura Schiuma declaró ante el Tribunal Oral Federal N.º 7 y confirmó que le prestó a Adorni su tarjeta de crédito para una compra específica.
Se trataba de un monitor gamer Samsung Odyssey OLED G8, adquirido en agosto de 2025 por $2.184.999. Un producto de alta gama destinado exclusivamente a uso personal.
Schiuma sostuvo ante el tribunal que el dinero correspondiente a esa compra le fue reintegrado posteriormente en efectivo. No especificó en qué momento exacto ni bajo qué condiciones se produjo ese reintegro.
Ese testimonio reforzó una de las líneas centrales de la investigación: establecer si existió un mecanismo habitual para canalizar gastos personales mediante instrumentos financieros pertenecientes a terceros, y si esa práctica tuvo como objetivo evitar el registro de consumos en los canales oficiales de control patrimonial.
La declaración de Schiuma no es la única. La fiscalía citó a otros testigos vinculados con movimientos financieros del exfuncionario, aunque sus testimonios aún no fueron incorporados formalmente al expediente público.
Los u$s245.000 en efectivo para remodelar la casa del country
La causa también incorpora movimientos patrimoniales vinculados con importantes desembolsos en efectivo. El más relevante: una remodelación completa en la vivienda que Adorni posee en el country Indio Cua, ubicado en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires.
El contratista Matías Tabar declaró ante la Justicia que cobró u$s245.000 en efectivo por las obras realizadas en esa propiedad. Un monto que equivale, al tipo de cambio promedio de 2025, a más de $250 millones.
Los investigadores buscan determinar el origen de esos fondos. La pregunta central es si resultan compatibles con los ingresos declarados por el exfuncionario durante su gestión.
Adorni no declaró ventas de activos, herencias ni ingresos extraordinarios que pudieran justificar ese nivel de liquidez en dólares efectivo. Tampoco consta en su declaración jurada patrimonial la tenencia de ahorros previos en esa moneda.
La fiscalía analiza si esos dólares provinieron de fuentes legítimas no declaradas, o si constituyen evidencia de un incremento patrimonial que no puede explicarse con sus salarios como funcionario público.
Qué viene ahora en la investigación
Antes de avanzar con medidas procesales más contundentes, el fiscal Pollicita aguarda un informe técnico definitivo. Lo elabora la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), un organismo especializado en pericias patrimoniales complejas.
Ese informe incluirá un estudio integral sobre la evolución patrimonial de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti. El objetivo es establecer si existe un incremento patrimonial que no pueda justificarse con los ingresos declarados por ambos durante el período investigado, comparando consumos, inversiones y adquisiciones contra los salarios oficiales y eventuales fuentes complementarias de ingreso.
Una vez incorporado ese informe al expediente, la fiscalía podrá intimar formalmente al exjefe de Gabinete. Adorni deberá explicar el origen de los fondos utilizados para los consumos detectados y de los bienes adquiridos bajo análisis.
Si las explicaciones resultaran insuficientes o inconsistentes, el Ministerio Público podría solicitar al juez federal Ariel Lijo la convocatoria de Adorni a declaración indagatoria. Ese paso implica la posibilidad de formular una imputación formal por enriquecimiento ilícito.
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito no es el único expediente judicial que involucra al exfuncionario. Durante los últimos meses también se impulsaron otras actuaciones vinculadas con su gestión.
Entre ellas figuran denuncias por presuntas irregularidades administrativas en el manejo de recursos públicos y contrataciones realizadas durante su paso por el Gobierno. Varias de esas actuaciones permanecen en etapa preliminar y aún no registran imputaciones formales.
La causa por enriquecimiento ilícito es, hasta el momento, la de mayor avance. Incluye pericias contables, cruces de información bancaria, declaraciones testimoniales y un análisis patrimonial integral que podría definir la situación procesal del exfuncionario en las próximas semanas.