Tras el Mundial de fútbol, Milei acelera para que se apruebe una ley clave

Luego del final del Mundial de Fútbol 2026, es factible que el Gobierno de Javier Milei acelere la aprobación de leyes clave que necesita el oficialismo, pero hay una que tiene singular importancia.

El jueves pasado, luego del triunfo de Argentina frente a Inglaterra, en el marco del 172° aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), Milei defendió el rumbo de su gestión, destacó la mejora en los indicadores económicos y sociales y prometió una reducción impositiva histórica si continúa en el poder hasta 2031 en caso de ser reelecto.

En un discurso de fuerte contenido económico y político, Milei confirmó su intención de competir por un segundo mandato en las próximas elecciones presidenciales y proyectó que su administración está sentando las bases para 100 años de liberalismo.

"Voy a terminar este mandato, voy a ser reelecto y voy a tener 4 años más", sentenció ante el auditorio. El eje central de su exposición fue el respeto al derecho de propiedad privada como motor indispensable para el ahorro, la inversión y la productividad.

Milei calificó de "enemigos del progreso" a quienes se oponen a este principio y los señaló como los responsables de la decadencia argentina, en particular a los senadores que ese día no aprobaron el Proyecto de Ley de Propiedad Privada que el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la Nación, lo que indica que la gestión libertaria podría tener inconvenientes para aprobar las futuras leyes que buscará Milei antes de finalizar su gestión.

Qué contiene el proyecto que genera resistencia en el Senado

Se trata de un paquete de medidas que elimina las restricciones para que empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales sin límites, habilita los desalojos exprés y desmantela las protecciones sobre los bosques nativos y las tierras arrasadas por el fuego.

A pesar de que el oficialismo logró el jueves pasado el quorum para tratarla en el Senado, el Gobierno vio frustrados sus planes de aprobar ese proyecto ante la fuerte resistencia de la oposición dialoguista a aprobar el capítulo que habilita la venta de tierras a personas y capitales extranjeros.

La postergación fue comunicada al Gobierno por la jefa de la bancada oficialista, la senadora Patricia Bullrich, luego de que fracasaran las gestiones para conseguir los votos que permitieran aprobar el controvertido capítulo de extranjerización de tierras. Esta propuesta es fuertemente resistida por el kirchnerismo y la izquierda, pero tampoco tuvo el apoyo de algunos senadores que por lo general votan a favor las iniciativas del Gobierno.

La ausencia de varios senadores aliados había dejado los números muy ajustados para aprobar el proyecto, sobre todo el controvertido capítulo que pretende eliminar las restricciones a la venta de tierras a extranjeros establecido en 2011.

El punto más conflictivo para la oposición no solo es la venta de tierras rurales a capitales extranjeros, sino también lo referido a las expropiaciones de tierras y viviendas: la última versión modificada del dictamen habilita la venta de tierras sin límites a personas extranjeras, mientras que en el caso de empresas con participación de capital extranjero deberá conseguirse una autorización de la provincia y la Nación.

Este punto fue el que provocó cortocircuitos con el ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, quien se habría negado a aceptar que en el texto se dejara explícito que las provincias tenían facultad para reglamentar la norma con la sanción de leyes provinciales.

Por lo que pudo saber iProfesional, desde el oficialismo defienden el proyecto y destacan que prohíbe que otras naciones puedan comprar tierras. "Una cosa es la inversión privada y otra muy distinta es que un Estado extranjero avance sobre la propiedad de nuestro territorio", sostuvieron desde el oficialismo.

En el caso de los desalojos, la última versión es distinta a la original, ya que el Poder Ejecutivo modificó su idea de aplicar el juicio sumarísimo y se establecieron diferencias entre usurpadores y ocupantes ilegales de los deudores de alquileres. El texto que llegó al recinto establece un plazo de 10 días hábiles de notificación, en tanto que el original establecía solo tres días, para la devolución del bien y se sumaron también las protecciones a menores, personas con discapacidad y mayores de edad antes de dar curso a la ejecución del desalojo.

El proyecto también endurece las condiciones para que el Estado pueda expropiar bienes privados. La iniciativa restringe el alcance del concepto de "utilidad pública", lo que eleva el umbral para justificar una expropiación y fortalece la posición de los propietarios frente a cualquier intento estatal de recuperar inmuebles por razones de interés general.

Por consiguiente, el Estado deberá indemnizar no solo el valor de la propiedad, sino también las ganancias que el propietario demuestre haber perdido como consecuencia directa de la expropiación. A la vez, establece que la toma de posesión solo podrá concretarse una vez abonada la totalidad de la indemnización, actualizada por inflación y con intereses. Incluso las ocupaciones temporarias de inmuebles quedarán limitadas a un máximo de 90 días.

Los puntos más polémicos sobre desalojos y tierras incendiadas

Otro de los puntos del proyecto de ley es la aceleración de los desalojos. El texto habilita que cualquier persona que invoque un derecho o un interés legítimo sobre un inmueble pueda solicitar la restitución inmediata de la propiedad.

En el caso de que el juez considere que el planteo reúne elementos suficientes en una evaluación preliminar, este podrá ordenar la entrega del inmueble sin esperar la sentencia definitiva del proceso. La única atenuación prevista, luego de intensas negociaciones, alcanza a hogares donde vivan niños, personas con discapacidad o adultos mayores sin alternativa habitacional. En esos casos, se otorgarán 10 días para facilitar la búsqueda de otro lugar donde vivir.

El otro punto importante es que el proyecto de ley modifica la Ley de Manejo del Fuego y se eliminan las restricciones que impedían cambiar el destino de los terrenos afectados por el fuego durante 60 años, una iniciativa para proteger a los usurpadores de tierras incorporada por el diputado de "La Cámpora" Máximo Kirchner para evitar que los incendios fueran utilizados como mecanismo de valorización inmobiliaria o expansión de la frontera agropecuaria.

"Con esta reforma, se eliminan las prohibiciones que impedían desarrollar emprendimientos inmobiliarios, actividades agropecuarias o modificar el uso de los suelos incendiados por 30 años y se deja sin efecto el principal resguardo que buscaba desalentar la especulación sobre tierras arrasadas por el fuego", explican desde la oposición.

Cómo defiende el Gobierno la iniciativa rechazada

El martes pasado, en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, el vocero presidencial Adrián Ravier se refirió al proyecto al afirmar: "La iniciativa propone modificaciones al régimen de expropiaciones para limitar la discrecionalidad estatal y garantizar indemnizaciones plenas".

Ravier explicó: "También flexibiliza restricciones para inversiones privadas en tierras rurales, introduce cambios en la Ley de Manejo del Fuego para diferenciar los incendios intencionales de los accidentales y plantea la digitalización de los registros inmobiliarios" y remarcó: "La propiedad privada es un derecho, no un privilegio".

Ravier confirmó además: "El Gobierno propone levantar las restricciones generales para la adquisición de tierras rurales por extranjeros" y cuestionó la legislación vigente al afirmar: "La norma de 2011 criminalizó la compra de tierras por parte de extranjeros" e intentó diferenciar entre actores privados y estatales al sostener: "Una cosa es un inversor privado y otra un Estado extranjero".

La ley vigente habilita y regula la concentración en manos de capitales extranjeros, algo que el Gobierno busca eliminar.