Los docentes realizaron un paro nacional y el Gobierno relevó el cumplimiento del servicio mínimo en las escuelas
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) realizó este lunes un paro nacional docente en reclamo de una convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, una recomposición salarial y la restitución de fondos destinados al sistema educativo. La medida coincidió con el regreso a clases luego del receso invernal en distintas jurisdicciones y generó interrupciones en escuelas públicas y algunos establecimientos privados, según el nivel de adhesión de cada distrito.
La jornada de protesta estuvo acompañada por una movilización hacia Plaza de Mayo, en la Ciudad de Buenos Aires, donde participaron dirigentes de CTERA y representantes de otros sindicatos del sector, entre ellos la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) y organizaciones docentes provinciales.
El reclamo central de los gremios está vinculado con la situación salarial de los trabajadores de la educación, el financiamiento del sistema educativo y la falta de convocatoria del Gobierno nacional a una instancia federal de negociación.
El reclamo de CTERA y el discurso de Sonia Alesso
Durante el acto realizado en Plaza de Mayo, la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, cuestionó la política educativa del Gobierno nacional y denunció una "grave crisis presupuestaria" y falta de diálogo con la administración de Javier Milei.
La dirigente gremial afirmó que los docentes atraviesan una situación salarial crítica y reclamó "de forma urgente" la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente para actualizar el piso salarial federal del sector.
Además, CTERA volvió a plantear la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), eliminado por el Gobierno nacional como parte de las medidas vinculadas al ordenamiento fiscal. El sindicato también reclamó por el envío de fondos nacionales para educación y por una mayor inversión en infraestructura escolar.
Durante su intervención, Alesso también expresó el rechazo de la organización al proyecto de Ley de Libertad Educativa impulsado por el oficialismo y sostuvo que la iniciativa afecta el rol del Estado en el sistema educativo.
Qué reclaman los gremios docentes
La medida de fuerza convocada por CTERA incluyó una serie de demandas dirigidas al Gobierno nacional:
- Reapertura de la Paritaria Nacional Docente
- Actualización del salario mínimo docente
- Restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID)
- Transferencia de fondos nacionales destinados a educación
- Mayor inversión en infraestructura escolar
- Rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa
Desde CTERA señalaron que el salario docente perdió poder adquisitivo y cuestionaron que el Estado nacional no convoque una mesa de negociación federal.
El Gobierno, en cambio, sostiene que la administración de los sistemas educativos y el pago de los salarios corresponden a las provincias, por lo que considera que las discusiones salariales deben desarrollarse en cada jurisdicción.
Qué escuelas fueron afectadas por el paro
La medida tuvo alcance nacional y afectó principalmente a las instituciones donde los sindicatos docentes provinciales y locales adhirieron a la convocatoria.
En la provincia de Buenos Aires confirmaron su participación sindicatos como SUTEBA, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), UDOCBA, SADOP y AMET.
En la Ciudad de Buenos Aires adhirieron, entre otros, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y Ademys.
El impacto también alcanzó a otras provincias donde los gremios vinculados a CTERA decidieron acompañar la protesta.
La modalidad de la suspensión de actividades dependió del nivel de adhesión de cada establecimiento. Algunas instituciones privadas mantuvieron el dictado normal de clases.
El operativo del Gobierno para controlar el paro
Ante la convocatoria sindical, el Gobierno nacional puso en marcha un operativo de fiscalización para verificar el cumplimiento de la cobertura mínima del servicio educativo establecida por la normativa vigente.
La Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, coordinó un relevamiento a través de agencias territoriales que recopilaron información sobre el funcionamiento de los establecimientos educativos en las distintas provincias.
El objetivo del operativo es determinar el nivel de adhesión a la medida de fuerza y verificar si se garantizó la prestación mínima exigida por la legislación.
Según informó el Gobierno, las eventuales sanciones no estarán dirigidas contra los docentes que participen individualmente de la protesta, sino contra las organizaciones sindicales en caso de comprobarse incumplimientos.
La obligación de garantizar el 75% del servicio educativo
El control oficial se basa en las disposiciones incorporadas por la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que estableció a la educación como servicio esencial y fijó la obligación de mantener una cobertura mínima durante los conflictos colectivos.
La normativa establece que, durante una medida de fuerza, debe garantizarse al menos el 75% de la prestación habitual del servicio educativo.
Desde la Secretaría de Trabajo explicaron que, antes de aplicar cualquier sanción, se deberá constatar el incumplimiento, identificar a la entidad responsable y llevar adelante un procedimiento administrativo que permita presentar argumentos y ejercer el derecho de defensa.
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, señaló que el derecho a huelga continúa vigente, pero que debe compatibilizarse con la continuidad del servicio educativo.
Además, advirtió que, en caso de incumplimientos reiterados, podrían evaluarse sanciones más graves, entre ellas la posibilidad de afectar la personería gremial de la organización sindical involucrada.
Una norma cuestionada judicialmente
La declaración de la educación como servicio esencial forma parte de un debate judicial.
La Unión Docentes Argentinos (UDA) había obtenido inicialmente una medida cautelar que suspendía la aplicación del artículo vinculado a esta regulación. Sin embargo, el Gobierno apeló esa decisión y la aplicación de la norma continúa vigente mientras la Justicia analiza la cuestión de fondo.
Los sindicatos sostienen que la obligación de garantizar un porcentaje mínimo de funcionamiento limita el derecho de huelga. Desde el Gobierno argumentan que la regulación busca garantizar la continuidad del servicio educativo y proteger el derecho de los estudiantes.
El impacto político y sindical de la protesta
El paro docente se produjo en una semana con varias medidas de protesta sindical previstas.
Este lunes también la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó una jornada de paro y movilización frente al Ministerio de Economía en reclamo de mejoras salariales y cuestionamientos a las políticas laborales del Gobierno.
Para los próximos días están previstas nuevas movilizaciones sindicales. La CGT, las dos CTA y organizaciones sociales anunciaron una marcha al Congreso para el jueves 6 de agosto, mientras que el viernes 7 participarán de la tradicional movilización por el Día de San Cayetano.
Mientras continúan los relevamientos oficiales sobre el nivel de adhesión al paro docente, el conflicto entre el Gobierno nacional y los sindicatos educativos permanece centrado en dos puntos principales: la negociación salarial y los límites establecidos para las medidas de fuerza en actividades consideradas esenciales.