El Gobierno buscará que los funcionarios no puedan usar los dólares del colchón en el proyecto Inocencia Fiscal II

Tras el traspié político que sufrió el gobierno de Javier Milei con la caída del capítulo de extranjerización de tierras de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, se volvió a reunir la Mesa Política. En esta oportunidad, se sumo al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien fue citado por Karina Milei al encuentro para definir la estrategia legislativa del oficialismo.

Si bien el objetivo del Gobierno es someter a un filtro político previo todos los proyectos impulsados por Sturzenegger, antes de enviarlos al Congreso, también con esta reunión muestran el respaldo político al ministro, a pesar de la caída de la semana pasada.

Uno de los puntos destacados que dejó la reunión fue la posible introducción de un cambio en el proyecto de Inocencia Fiscal II que este miércoles se tratará en comisión en Diputados: el Gobierno busca que los funcionarios queden exentos del nuevo esquema.

Se trataría de un cambio legislativo al proyecto que el oficialismo giró al Congreso en julio y que podría facilitar su aprobación. Según trascendió, el Gobierno busca que las personas con cargos políticos puedan adherir al Régimen Simplificado de Ganancias (RGM), pero no así a la exteriorización de los dólares del colchón o los fondos no declarados.

Así lo adelantaron también a iProfesional una fuente del bloque libertario de Diputados: "Hay un ruido con el tema Inocencia. La idea es no permitir a los funcionarios entrar".

"Cómo es el esquema: te tira una declrarción de ingresos, egresos, pero no presentas bienes personales. Entonces aunque los funcionarios hubiésemos entrado en el esquema, la declaración hay que presentarla a la Oficina Anticorrupción. Lo único que los beneficia (de entrar en Inocencia Fiscal) es el tema de las multas y la prescripción de las multas, solo eso", graficó.

Los principales cambios que incluye el proyecto de Inocencia Fiscal II

Las modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal que impulsa el Gobierno elimina los límites de ingreso a Ganancias Simplificado, que hoy son tener menos de $1.000 millones de ingresos anuales y menos de $10.000 millones de patrimonio.

Solo se mantiene una limitación para los grandes contribuyentes, quienes no gozarán de los beneficios de presunción de exactitud para el año base (2025) y tapón fiscal para los años no prescriptos (2022, 2023 y 2024), pero sí podrán aplicar la eximición de presentar una justificación patrimonial.

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó en sociedad a fines de julio el nuevo proyecto de Ley que apunta a modificar el régimen de Inocencia Fiscal. La iniciativa surgió luego de recibir observaciones de asesores tributarios sobre distintos aspectos de la normativa aprobada anteriormente. "Con el correr de las semanas y meses fuimos recabando esta información. Armamos una mesa de trabajo con tributaristas con el objetivo de aclarar algunos temas que hacen a que los ciudadanos se queden mucho más tranquilos de que, independientemente de quién sea el gobierno de turno, van a estar cubiertos ante estas situaciones", sostuvo Caputo.

"El espíritu de la ley no cambia en absolutamente nada. El objetivo sigue siendo que esos ahorros puedan ser formalizados en el sistema bancario sin ninguna penalidad de ningún tipo", afirmó Caputo.

Asimismo, Caputo remarcó que la iniciativa busca dar respuesta a un proceso de creciente informalidad generado por años de elevada presión tributaria, déficit fiscal, emisión monetaria, inflación y restricciones cambiarias. En ese sentido, señaló que esos factores llevaron a que muchos argentinos mantuvieran sus ahorros fuera del sistema financiero.

Caputo indicó que actualmente, aun cuando los depósitos en dólares del sistema financiero alcanzan niveles récord cercanos a los 40.000 millones de dólares, existe una cantidad superior a cuatro veces ese monto en ahorros conservados fuera del circuito bancario. Se estima en 170.000 millones de dólares.

En ese marco, sostuvo que la formalización de esos recursos representa un beneficio tanto para los ciudadanos como para el desarrollo de la economía. "Para las personas, tener los dólares debajo del colchón es un muy mal negocio. Los dólares pierden valor porque en Estados Unidos también hay inflación. Un dólar de hoy no compra lo mismo que un dólar de hace 20 años", expresó.

Finalmente, el ministro destacó que la incorporación de esos ahorros al sistema contribuirá al crecimiento económico y a una mayor formalización de la actividad: "A nivel de país tampoco nos sirve que la gente tenga los dólares debajo del colchón, porque necesitamos crecer como país, necesitamos que la economía crezca y necesitamos recaudar más. ¿Cómo vamos a recaudar más? De dos maneras: formalizando la economía y creciendo".

Qué proyectos tiene el Gobierno en agenda parlamentaria

Otro dato significativo del encuentro de la mesa política de este martes fue el respaldo a Sturzenegger. De hecho, antes del encuentro, el vocero presidencial Adrián Ravier ratificó a Sturzenegger en su cargo. Lo definió como una figura clave para el Gobierno. La señal buscaba despejar versiones sobre una eventual salida del ministro tras el traspié legislativo.

A pesar de este apoyo, la medida, en los hechos, representa un freno temporal a las iniciativas de desregulación. Cada proyecto deberá pasar ahora por el análisis del círculo de funcionarios que rodea a la hermana del Presidente.

En Casa Rosada admiten que el cuestionamiento interno apuntó a un punto específico. La reforma de Ley de Tierras llegó al recinto sin ningún filtro político previo. El error costó votos críticos en el Senado y expuso debilidades en la coordinación interna.

La semana pasada, tras el revés que sufrió el Gobierno, fuentes oficiales habían comentado que "en la mesa política de la Casa Rosada se decidió que ese cuerpo revisará la viabilidad de todos los proyectos de ley y empezará por el proyecto que desregularía las farmacias, las inmobiliarias, el libro, los arrendamientos y el instituto de carne vacuna, entre otros". Es que existe preocupación en la Casa Rosada por el impacto en la gobernabilidad de Milei. La gobernabilidad es la capacidad de un Presidente de imponer sus políticas.

Las iniciativas pendientes de sanción son varias. Además de la ley que retrocedió en el Senado, resta la reforma de la carta orgánica del Banco Central. El presidente Javier Milei la calificó como prioridad absoluta en su estrategia económica.

También figura en el radar libertario la reforma política. El paquete incluye la eliminación de las PASO, aunque enfrenta resistencias dentro del propio arco aliado.

En paralelo, el oficialismo impulsa los proyectos de Inocencia Fiscal II y Zonas Frías. Este último ya tiene media sanción en Diputados y busca recortar subsidios al gas en regiones de clima frío.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, dialogó con gobernadores sobre Zonas Frías. En Casa Rosada aseguran que hay acuerdo con los mandatarios provinciales para avanzar. A esa iniciativa se sumará un proyecto elaborado en conjunto para zonas cálidas.

El paquete económico que acompañará los cambios en el Banco Central cierra la lista de prioridades inmediatas del Gobierno, aunque su envío al Congreso dependerá ahora del nuevo filtro político implementado.

Actualmente, una de las iniciativas pendientes es la ley "Hojarasca". Ya tiene media sanción y busca eliminar cerca de 70 normas que el Ejecutivo considera obsoletas.

Además, Sturzenegger tiene listo otro ambicioso paquete de reformas. Está a la espera de enviarlo al Congreso, pero ahora deberá pasar por el nuevo filtro político.

En línea con la necesidad de clarificar el sentido de cada normativa, el oficialismo adoptó la determinación de presentar públicamente cada proyecto antes de habilitar la discusión en el recinto, definiendo interlocutores específicos en función de la temática.

La idea es replicar la dinámica que se usó para detallar el impacto de la reforma del Banco Central y las modificaciones en el régimen de Inocencia Fiscal. Esa estrategia permitió construir consensos previos y evitar sorpresas en el recinto.

Las futuras reformas pasarán por la mesa política de Karina Milei

Las futuras leyes reformistas, como la Ley de Desregulación que había redactado Federico Sturzenegger con más de 100 páginas para desregular las actividades inmobiliaria, farmacéuticas, arrendamientos de campos, venta de carne, libros y otros: ahora deberán atravesar un filtro político mucho más exigente antes de llegar al Congreso.

La mesa política que preside Karina Milei será la que revisará cada punto y coma que escriba Sturzenegger para que no haya sorpresas en el Congreso. Por lo general, el "Coloso" solía conversar los proyectos con Milei, se relamían juntos en la redacción, y los enviaba directamente a la secretaría Legal y Técnica que conduce María Ibarzabal Murphy y de ahí al Congreso, sin mucho análisis político. Lo técnico era suficiente: pero ya no será asi.

En la mesa política los principales analistas son el jefe del Gabinete, Diego Santilli, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem, mano derecha de Karina Milei. Santilli ganó mucho terreno por su afinidad con Menem y con Karina Milei. Pesará mucho allí el diálogo de Santilli con los gobernadores.

Un peldaño por abajo también opinarán el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, que serán los que tengan el pulso fino de los votos en el congreso.

Por esa razón, en las reuniones reservadas de la mesa política comenzó a imponerse una nueva lógica: ningún proyecto de alto impacto será impulsado sin una evaluación política previa sobre su viabilidad legislativa y su costo territorial. En los hechos, Karina Milei decidió fortalecer ese ámbito y asumir un control más estricto sobre la agenda reformista.

Detrás de esa decisión aparece una preocupación que se repite en los despachos oficiales: preservar las condiciones políticas para la reelección presidencial. En Balcarce 50 consideran que la acumulación de conflictos puede erosionar la capacidad del Gobierno para negociar con los gobernadores y construir mayorías parlamentarias.

Tras los últimos fracasos, dentro del Gobierno ya nadie puede asegurar cuándo volverá a intentarse ese debate para la suspensión o eliminación de las PASO.