Una dirigente de la UOM compró un departamento en el edificio donde está Cristina Kirchner
María Soledad Calle, dirigente sindical vinculada a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y referente de La Cámpora en Campana, compró en agosto un departamento en el mismo edificio donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria. La operación se concretó en San José 1111, barrio porteño de Constitución.
La escritura se firmó el 20 de agosto de 2025. Calle pagó u$s189.000 por un departamento de 252 metros cuadrados ubicado en el primer piso. El valor equivale a unos u$s750 por metro cuadrado.
Exactamente un piso arriba, en el segundo nivel del mismo edificio, Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria desde que la Corte Suprema dejó firme en junio la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos dictada en la causa Vialidad.
La compra aparece en documentación del Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires difundida por La Nación. La operación se concretó apenas dos meses después de que la Corte confirmara la sentencia contra la expresidenta.
Pero la adquisición del inmueble no es el único tema que pone a Calle bajo la lupa. La dirigente aparece vinculada a una investigación judicial sobre un contrato que involucra fondos de afiliados de la UOM.
Quién es María Soledad Calle y su vínculo con el kirchnerismo
Calle construyó su carrera política y sindical en Campana, provincia de Buenos Aires. Comenzó trabajando en la Cámara de Diputados bonaerense y luego pasó por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia.
En 2015 llegó al Concejo Deliberante de Campana. Allí presidió durante cuatro años el bloque de La Cámpora, la agrupación liderada por Máximo Kirchner.
Paralelamente, desarrolló actividad dentro de la UOM. Participó en encuentros y actividades internacionales vinculadas con el sindicato metalúrgico.
Sus redes sociales muestran fotografías junto a Cristina Kirchner, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y otros dirigentes del peronismo. Las imágenes reflejan su inserción en el núcleo duro del kirchnerismo.
Además de su actividad política, Calle aparece vinculada a la creación de USEM SA. La sociedad se constituyó en diciembre de 2022 junto con Adalberto Raúl Braconi.
El contrato entre USEM SA y la UOM que investiga la Justicia
La investigación judicial que involucra a Calle gira en torno a un contrato firmado entre USEM SA y la UOM. El acuerdo comenzó a regir en 2023.
El contrato estableció que la empresa administraría durante diez años el 80% de los aportes correspondientes a unos 200.000 afiliados del sindicato, recibiendo como contraprestación una comisión equivalente al 0,5% del monto mensual administrado.
La operación fue cuestionada ante la Justicia. El cuestionamiento se centra en la posible existencia de incompatibilidades entre las personas vinculadas a la empresa y el sindicato.
La Fundación para la Paz y el Cambio Climático presentó una denuncia contra Calle y Abel Furlán. Furlán se desempeñaba como titular de la UOM cuando se concretó el acuerdo.
La causa tramita ante la Justicia federal. La investigación contempla presunta administración fraudulenta, fraude y asociación ilícita.
Las imputaciones se encuentran bajo investigación y no implican una condena. Tampoco existe una resolución judicial que determine que la compra del departamento de San José 1111 constituya por sí misma un delito.
Los detalles de la compra del departamento en Constitución
La documentación registral citada por medios periodísticos indica que Calle adquirió el inmueble el 20 de agosto de 2025. Se trata de una unidad de 252 metros cuadrados ubicada en el primer piso del edificio.
El valor informado representa aproximadamente u$s750 por metro cuadrado. El precio total de la operación fue de u$s189.000.
En el mismo mes, según documentación citada por La Nación, Calle también habría adquirido el 50% de un automóvil BMW M135 X Drive. El vehículo está valuado en alrededor de u$s70.000.
La dirigente ya contaba con un Peugeot 3008 modelo 2023. La suma de estas adquisiciones en un mismo mes llamó la atención de medios y organizaciones que siguen el caso judicial.
El segundo piso del edificio, donde reside Cristina Kirchner, fue adquirido por la sociedad Los Sauces SA en junio de 2025. El precio de esa operación fue de u$s370.000, casi el doble que el departamento del primer piso.
Ese inmueble se encuentra bajo embargo preventivo. La medida se enmarca en la ejecución patrimonial de la condena de la causa Vialidad.
Qué dice Calle sobre las acusaciones y el departamento
Calle negó haber comprado el departamento. También rechazó las versiones sobre la adquisición del vehículo BMW.
Además, negó ser empleada de la UOM, tener un cargo en el sindicato o desempeñar funciones en USEM SA. En declaraciones citadas por La Nación, sostuvo que se trata de una disputa sindical y de poder.
Según Calle, fue señalada como parte de una maniobra en la interna gremial. La dirigente no brindó precisiones sobre quiénes estarían detrás de esa supuesta operación.
Durante las negociaciones previas a la operación inmobiliaria, según versiones difundidas por medios periodísticos, Calle habría señalado que el departamento sería destinado al funcionamiento de una fundación, aunque no existe información pública que permita establecer cuál es actualmente el uso efectivo del inmueble.
También circularon versiones según las cuales el departamento sería utilizado para el descanso de personal que trabaja en el domicilio de Cristina Kirchner. Otra hipótesis apunta a que serviría para integrantes de la custodia de la expresidenta.
Desde el entorno de Cristina Kirchner negaron que ella utilice esa propiedad. No hubo precisiones sobre si personal vinculado a su seguridad o a tareas domésticas tiene acceso al lugar.
El edificio de San José 1111 quedó bajo atención pública desde que Cristina Kirchner comenzó a cumplir allí su prisión domiciliaria. La medida incluye monitoreo mediante tobillera electrónica y controles judiciales sobre las condiciones del arresto.
La investigación sobre el vínculo entre Calle, USEM SA y la UOM continúa en la Justicia federal. La situación judicial deberá determinar si existieron irregularidades en el contrato y en la administración de los fondos sindicales.