Echaron de la UOM a la militante de La Cámpora que compró el departamento de abajo de Cristina Kirchner

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) suspendió el contrato con USEM, una empresa vinculada con La Cámpora que administraba más de 100 millones de pesos mensuales provenientes de aportes sindicales. La medida la tomó el interventor Alberto Biglieri con aval de la Justicia y rige desde el 15 de enero.

La decisión se enmarca en una investigación del juez federal Julián Ercolini por posibles delitos de defraudación por administración fraudulenta y asociación ilícita. Biglieri calificó la suspensión como "una medida preventiva y de conservación patrimonial" porque están en juego fondos de unos 200 mil trabajadores metalúrgicos afiliados al sindicato.

El contrato entre la UOM y USEM se firmó en 2023, durante la gestión de Abel Furlán al frente del gremio. La empresa recaudaba el 0,5% de todo lo que ingresaba por cuota sindical, un porcentaje que se traducía en más de 100 millones de pesos cada mes.

Una de las accionistas y directoras de USEM es María Soledad Calle, militante de La Cámpora. Furlán le dio trabajo en relación de dependencia y la designó en importantes cargos en representación del gremio, posiciones a las que no accedían ni los miembros del secretariado de la UOM.

Quién es María Soledad Calle y qué patrimonio declaró

El nombre de Calle cobró notoriedad en las últimas horas. Según publicó el diario La Nación, compró el departamento ubicado debajo del de Cristina Kirchner en San José 1111 a un precio de u$s189.000.

La ex concejal de Campana incrementó su patrimonio de forma vertiginosa después del acuerdo con la UOM. El 8 de agosto de 2025 adquirió el 50% de un BMW M135 X Drive, un vehículo de lujo valuado en u$s70.000. Doce días después compró el primer piso del edificio donde vive la ex presidenta.

Consultada por ese medio, Calle negó las compras. "No compré nada. Es una disputa sindical y de poder. No tengo ninguno de los roles que se me asigna, no tengo ningún cargo en la UOM y no soy empleada de USEM", dijo. Y agregó: "Me eligieron como blanco y me están haciendo pedazos la vida".

Biglieri ya había echado a Calle de su puesto en la UOM en junio pasado, apenas dos semanas después de asumir como interventor. La carta documento para desvincularla se envió el 5 de junio, pero tuvieron que mandarle otra el 23 de ese mes porque estaba cerrado el domicilio que figuraba en su legajo como empleada del gremio.

Cómo funcionaba el contrato entre la UOM y USEM

El acuerdo entre el sindicato y la empresa se denunció el 27 de febrero por opositores a Furlán en la Seccional Zárate-Campana. Según esa presentación, la UOM habría cedido a USEM el control operativo y financiero del 80% de los aportes sindicales, incluyendo facultades para abrir cuentas bancarias, ejecutar pagos y administrar recursos del gremio.

Los denunciantes apuntaron que el contrato establecía honorarios del 0,5% sobre todo lo recaudado por cuota sindical. Con una base de 200 mil afiliados, eso representaba más de 100 millones de pesos mensuales para la firma.

La duración del convenio era de 10 años. Una cláusula particular llamó la atención: solo USEM podía rescindir el vínculo, no la UOM. Esa condición quitaba al sindicato toda capacidad de decisión sobre la continuidad del acuerdo.

Biglieri asumió como interventor el 22 de mayo pasado, designado por la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. La intervención se dispuso por irregularidades detectadas en las elecciones de la Seccional Zárate-Campana.

Una de sus primeras medidas fue lanzar una auditoría sobre las cuentas del gremio. El convenio con USEM apareció como un punto crítico en ese relevamiento. Por eso, el 30 de julio, suspendió preventivamente los contratos firmados con aquella empresa que involucraban fondos del sindicato y de la obra social de los metalúrgicos.

Qué encontró la auditoría en los registros de la UOM

Biglieri ordenó detener la ejecución de los acuerdos con USEM "hasta tanto finalice la auditoría integral actualmente en curso y las investigaciones judiciales vinculadas con dichos contratos". El argumento central es patrimonial: preservar el dinero de la organización sindical y su obra social.

A partir de la auditoría, el interventor intimó formalmente a USEM mediante cartas documento para que entregara toda la documentación respaldatoria. El pedido incluyó nómina del personal afectado, informes, auditorías, reportes, detalle de tareas ejecutadas, facturación, pagos percibidos, estructura societaria y cualquier otro soporte que permitiera verificar la efectiva ejecución de los servicios comprometidos.

Esas intimaciones no fueron cumplidas en un primer momento. Las constancias postales muestran que los pedidos se diligenciaron en los domicilios de USEM sin que la firma aportara la documentación ni explicara el incumplimiento.

Luego se notificó por vía notarial. El presidente de USEM, Adalberto Raúl Bracconi, finalmente envió la información, que quedó agregada como prueba. Ese material, sin embargo, no alcanzó para despejar las dudas.

El interventor señaló que un análisis preliminar no permitió verificar de manera suficiente la correspondencia entre las prestaciones comprometidas y la contraprestación económica prevista. Por eso la auditoría sigue en desarrollo.

Entre los puntos que motivaron un "examen particularmente riguroso", la intervención destacó que los contratos daban a USEM tareas de asesoramiento, planificación, coordinación, administración y gestión sobre áreas clave para el funcionamiento del sindicato.

Esas cláusulas tienen un contenido amplio que dificulta determinar con precisión el alcance concreto de las prestaciones y los mecanismos para verificar su cumplimiento, según Biglieri.

Otro aspecto observado es la retribución pactada. El convenio establece un pago del 0,50% de los recursos administrados por 10 años. Por su magnitud e incidencia económica, obliga a revisar la razonabilidad de la contraprestación y su correlación efectiva con los servicios prestados.

Calle y Furlán están bajo investigación del juez Ercolini en su condición de accionista y directora de USEM el primero, y como ex titular de la UOM el segundo. La causa avanza mientras la auditoría del interventor busca determinar qué se hizo con los millones de pesos que manejó la empresa durante casi dos años.