El juez Julián Ercolini quedó a cargo de la denuncia del Gobierno contra cinco petroleras que operan en Malvinas

La denuncia penal impulsada por el Gobierno contra cinco compañías vinculadas con actividades petroleras en las Islas Malvinas comenzó su recorrido en los tribunales federales de Comodoro Py. El sorteo realizado este martes determinó que la investigación quede bajo la órbita del juez federal Julián Ercolini, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°12.

El expediente se inició a partir de una presentación realizada por el canciller Pablo Quirno, quien contó con el patrocinio del Procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio.

El planteo oficial busca determinar si las operaciones desarrolladas por las compañías denunciadas pueden constituir un delito contemplado por la legislación argentina en materia de hidrocarburos.

Cuàles son las cinco compañías que quedaron bajo investigación

La acción penal alcanza a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

El Gobierno las señaló por un presunto incumplimiento de la Ley 26.659 de Hidrocarburos. La norma establece que las actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina requieren autorización de las autoridades argentinas.

El conflicto surge porque, según informó la Oficina del Presidente, las compañías contarían con permisos concedidos por el Reino Unido para realizar tareas de exploración y/o explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. Para el Ejecutivo, esas autorizaciones no reemplazan las exigencias previstas por la legislación argentina.

Qué establece la Ley 26.659

El eje jurídico de la presentación está puesto en el régimen establecido por la Ley 26.659. Esa normativa impide realizar actividades relacionadas con hidrocarburos dentro de la Plataforma Continental Argentina cuando no existe una habilitación emitida por las autoridades nacionales.

A partir de esa disposición, el Gobierno pretende que la Justicia analice la situación de las empresas mencionadas y determine si sus actividades se encuentran alcanzadas por la prohibición prevista en la legislación.

La causa incorpora además el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con los espacios marítimos e insulares correspondientes.

La postura del Ejecutivo sobre los recursos de las islas

La presentación judicial forma parte de las acciones que el Gobierno lleva adelante en defensa de la posición argentina sobre la soberanía del archipiélago y sus recursos naturales.

"La presentación de esta denuncia constituye una acción concreta para proteger los recursos naturales y velar por la soberanía de la República Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional", expresó el Gobierno.

La administración nacional también anticipó que continuará impulsando investigaciones y medidas judiciales frente a actividades que considere contrarias a los derechos soberanos que Argentina reivindica sobre esos territorios.

En ese sentido, afirmó que seguirá "investigando y promoviendo las acciones que sean necesarias para no dejar impune ningún acto que vulnere los derechos soberanos de la República Argentina".

Con el sorteo del expediente, Julián Ercolini quedó formalmente al frente de la causa y será el juez encargado de intervenir en la investigación iniciada a partir de la denuncia del Gobierno.

El proyecto Sea Lion que está en el centro del conflicto

El trasfondo de la disputa está vinculado con Sea Lion, un desarrollo petrolero ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros al norte de las islas y a una profundidad aproximada de 450 metros.

El yacimiento fue descubierto en 2010 y es considerado uno de los principales proyectos de producción de crudo previstos para esa zona del Atlántico Sur. Su estructura accionaria está integrada por Navitas Petroleum, con una participación del 65%, y Rockhopper Exploration, con el 35% restante.

A fines de 2025, ambas compañías adoptaron la decisión final de inversión para la primera etapa del proyecto. Ese paso se produce después de completar las evaluaciones necesarias para definir la viabilidad técnica, económica y financiera del desarrollo y permite avanzar hacia su ejecución.

La iniciativa ya había generado cuestionamientos por parte de la Argentina. En diciembre de 2025, la Cancillería rechazó la decisión de inversión y cuestionó la actuación de las compañías involucradas en el proyecto.

El Gobierno también vinculó el desarrollo de actividades en la zona con el marco de resoluciones de las Naciones Unidas sobre la cuestión Malvinas. Entre ellas figura la Resolución 2065, aprobada en 1965, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido y llama a ambos países a negociar una solución.

También está la Resolución 31/49, adoptada en 1976, que exhortó a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales mientras continuaran las negociaciones sobre la disputa.

El antecedente de las sanciones anunciadas por el Gobierno

La denuncia penal se inscribe además en una serie de medidas adoptadas por el Ejecutivo frente a las actividades desarrolladas en torno a las islas.

Antes de recurrir a la Justicia, el Gobierno había anunciado la apertura de procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas relacionadas con operaciones vinculadas con los recursos naturales de la zona. El listado incluye a compañías que participan de proyectos hidrocarburíferos, además de personas y firmas relacionadas con esas actividades.

El alcance de los procedimientos administrativos también contempla a quienes hayan tenido distintos niveles de participación en las operaciones. El Ejecutivo anticipó que analizará la responsabilidad de accionistas, directivos y otros actores vinculados con las compañías involucradas.

Las medidas forman parte de una estrategia más amplia que combina acciones administrativas y judiciales con iniciativas vinculadas con la defensa y la seguridad en el Atlántico Sur.

En ese marco, el Gobierno dispuso que el Presupuesto 2027 contemple como prioridad el desarrollo de la Base Naval Integrada, junto con otros proyectos relacionados con la seguridad nacional.

La iniciativa presupuestaria deberá ser enviada al Congreso el 15 de septiembre. El objetivo oficial es reforzar la infraestructura destinada a la defensa y protección de los intereses argentinos en el Atlántico Sur.

Con este conjunto de medidas, el Gobierno busca ampliar las herramientas utilizadas frente a las actividades desarrolladas alrededor de las Islas Malvinas, con acciones que abarcan desde procedimientos administrativos hasta presentaciones ante la Justicia y proyectos de infraestructura para la defensa.