El Reino Unido desafió a Milei por las Malvinas y advirtió que defenderá las islas "implacablemente"
Argentina sancionó a petroleras vinculadas con las Malvinas y el Reino Unido ratificó su postura sobre la soberanía del archipiélago
El Gobierno argentino avanzó con nuevas medidas contra empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, mientras desde el Reino Unido volvieron a ratificar su posición sobre el archipiélago y la soberanía británica.
En ese contexto, el primer ministro británico, Andy Burnham, afirmó ante la Cámara de los Comunes que su Gobierno mantendrá una posición firme respecto de las islas. "Vamos a ser implacables a la hora de defenderlas", sostuvo durante una sesión parlamentaria.
La definición del jefe del Partido Laborista se produjo luego de que la Argentina anunciara sanciones contra compañías que desarrollen actividades hidrocarburíferas en las Malvinas sin contar con autorización o concesión del Estado argentino.
El Ejecutivo también informó la apertura de procedimientos administrativos contra 15 nuevos sujetos, entre personas físicas y jurídicas, a los que vincula con actividades hidrocarburíferas consideradas ilegales en el archipiélago. Estos expedientes se agregan a los iniciados durante la semana anterior contra otros 45 sujetos.
Según explicó el Gobierno argentino, los nuevos sumarios están relacionados con presuntas infracciones al artículo 2° de la Ley N° 26.659. La normativa establece el marco utilizado para sancionar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos realizadas en la plataforma continental argentina sin autorización estatal.
Además, el Ejecutivo denunció a empresas que buscan extraer petróleo en las islas bajo esas condiciones y a sus directores, y solicitó el eventual decomiso del hidrocarburo obtenido mediante esas operaciones.
La respuesta del Gobierno británico por las Islas Malvinas
Las medidas impulsadas por la administración de Javier Milei fueron seguidas por nuevas definiciones de funcionarios británicos sobre la cuestión Malvinas.
Durante su intervención en el Parlamento, Burnham remarcó que Londres continuará reconociendo los derechos de los habitantes del archipiélago. "Respetaremos los derechos de los isleños que decidieron ser británicos", afirmó.
El primer ministro no mencionó directamente a Milei ni hizo referencia a la Argentina durante esa intervención. Su declaración respondió a un planteo realizado por la líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, quien había cuestionado al Gobierno por la situación generada en torno a las Malvinas.
"No es ningún misterio que Argentina está amenazando a las Malvinas. Tenemos que mostrar que la soberanía de este territorio británico no es negociable", había señalado la dirigente conservadora.
La posición británica también fue respaldada por la secretaria de Estado para el Desarrollo Internacional, Kirsty McNeill, quien destacó el vínculo entre Londres y Washington frente a la disputa. "Estados Unidos es nuestro aliado más cercano. Ellos tampoco tienen ninguna duda sobre nuestro apoyo inquebrantable a los isleños", sostuvo ante la Cámara de los Comunes.
Qué ocurrió con el referéndum de 2013
La defensa británica de los derechos de los habitantes de las islas se vincula con el referéndum realizado en 2013. En esa consulta, el 99% de los participantes votó a favor de mantener el vínculo con el Reino Unido.
El archipiélago permanece bajo control británico desde 1833 y constituye uno de los principales puntos de conflicto entre Buenos Aires y Londres.
El proyecto petrolero que está en el centro de la disputa
Las nuevas medidas del Gobierno argentino tienen como uno de sus principales focos al proyecto Sea Lion, un desarrollo de explotación offshore ubicado en la Cuenca Malvinas Norte y operado por la británica Rockhopper Exploration junto con la israelí Navitas Petroleum. El emprendimiento es uno de los proyectos de hidrocarburos de mayor escala vinculados actualmente con las islas.
Según las estimaciones difundidas por las compañías, Sea Lion podría alcanzar una producción comercial y generar exportaciones brutas cercanas a u$s1.600 millones anuales una vez que entre en funcionamiento. El proyecto contempla avanzar hacia la producción en 2028 y tiene un horizonte potencial de varias décadas.
La iniciativa quedó directamente alcanzada por la estrategia anunciada por Milei para desalentar las inversiones hidrocarburíferas en el área. El Gobierno argentino sostiene que las actividades desarrolladas en la zona requieren autorización del Estado nacional y considera ilegítimas las operaciones realizadas bajo permisos otorgados por las autoridades de las islas.
Las empresas involucradas, sin embargo, sostuvieron que las autorizaciones con las que cuentan fueron otorgadas legalmente por el Gobierno de las Islas Malvinas y señalaron que las medidas argentinas no alterarían el desarrollo previsto para Sea Lion.
La reacción de los mercados también mostró el impacto inicial de la disputa. Luego de los anuncios realizados por Milei, las acciones de Rockhopper llegaron a registrar una caída del 6,2% en la Bolsa de Londres, mientras que los títulos de Navitas Petroleum retrocedieron 2,3% en Tel Aviv.
El conflicto no se limita a las compañías directamente vinculadas con el proyecto. El nuevo esquema argentino también comenzó a generar definiciones entre empresas de servicios petroleros. La francesa SLB, una de las principales firmas globales del sector, comunicó que no participa ni tiene previsto participar en licitaciones destinadas a prestar servicios a proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas y sus áreas marítimas próximas.
De esta manera, la disputa por la soberanía volvió a quedar vinculada con un interés económico concreto: el desarrollo de recursos energéticos en el Atlántico Sur. Para el Gobierno argentino, las sanciones forman parte de una estrategia destinada a elevar el costo de operar en el área sin autorización nacional, mientras que las autoridades de las islas y las empresas involucradas mantienen su decisión de avanzar con los proyectos bajo el marco legal británico.