Tensión por Malvinas: el Reino Unido convocó a la embajadora argentina en Londres

Frente a la confusión generalizada tras los anuncios sobre el proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas, el gobierno de Javier Milei decidió llevar su ofensiva contra el proyecto hidrocarburífero a todas las embajadas argentinas en el mundo para explicar en el exterior el alcance de la estrategia de la presentación realizada por el Gobierno ante el Tribunal Internacional del Mar de Hamburgo.

"Había una fuerte confusión en todas las embajadas del mundo", señalaron a iProfesional fuentes oficiales. La estrategia diseñada por el canciller Pablo Quirno, según se informó a las embajadas, tiene un punto central: el procedimiento iniciado contra el Reino Unido no tiene como objeto resolver la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, según pudo saber iProfesional de altas fuentes de la Casa Rosada.

Tensión por Malvinas: el plan del Gobierno y la respuesta de Londres

Ante la presentación del gobierno argentino, el gobierno británico de Andy Burnham convocó a la embajadora argentina en Londres Mariana Plaza para expresarle su rechazo y profundo malestar, lo cual fue silenciado por la Cancillería que dirige Pablo Quirno.

Esto fue acompañado por una nota de en la que la ministra Uma Kumaran subecretaria Parlamentaria de Estado le expresó su desagrado por la iniciación del pedido de arbitraje de la Argentina ante el Tribunal de Derecho del Mar.

"Es el último intento de socavar los derechos y los medios de vida del pueblo de las Islas Malvinas", dice la ministra Kumaran.

En su enérgica declaración señaló la ministra que "esta semana dejamos claro la embajadora de Argentina en el Reino Unido que los esfuerzos por obstruir la actividad económica lícita en las Islas Malvinas no son actos de un compromiso internacional responsable".

Agregó que "son intentos deliberados de socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo autogobernado. Tal comportamiento plantea interrogantes sobre la fiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido". El tono de la declaración hace temer una escalada en la crisis entre la Argentina y el Reino Unido.

La convocatoria a Plaza fue el lunes, pero Plaza fue este martes y la propia ministras Kumarán reveló el diálogo. La embajadora había pedido instrucciones a la Cancillería pero Quirno no le contestó.

Mientras tanto, por orden de la Casa Rosada desde la Cancillería pidieron a sus representaciones en el mundo dejar bien claro ante el mundo que en esta presentación no está en juego la disputa por la soberanía, sino sobre el proyecto Sea Lion. El propósito central consiste en varios pasos:

• Intimar a Gran Bretaña a que frene el proyecto Sea Lion en dos semanas, cosa que no aceptará.
• Pedir iniciar un procedimiento de arbitraje internacional ante el Comité de Arbitraje del Tribunal del Mar previsto en el Anexo VII de la Convención Internacional del Mar (Convemar) de las Naciones Unidas (ONU), pero el Reino Unido tampoco lo aceptará.
• Si Londres no cumple ninguno de los dos puntos anteriores, solicitar ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar medidas provisionales para frenar el proyecto Sea Lion y para impedir nuevas licencias hidrocarburíferas en la región. Pero esta vía, estiman diplomáticos avezados, demoraría mucho más que uno o dos años, por las presentaciones, los estudios, análisis y las contestaciones de cada parte.

"Lo que quiere el Gobierno es mostrar que algo están haciendo y que no se quedan de brazos cruzados, porque en la práctica esto es pura diplomacia gestual, porque no habrá efectos prácticos. Por otra parte, si el Tribunal falla a favor, Gran Bretaña no se creerá en la obligación de cumplir porque no es vinculante", señalaron algunos funcionarios. "Uno de los objetivos es tener un exito diplomático de envergadura para las presidenciales de 2027 donde Milei buscará la reelección, aunque no está claro que pueda llegar una sentencia del Tribunal", señalaron en el Gobierno.

De ese modo, señalan en la Casa Rosada, se intenta preservar los derechos que reivindica la Argentina sobre su plataforma continental. Esto llevaría a discutir cuestiones vinculadas con la interpretación y aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

La presentación se realiza mediante el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la CONVEMAR y apunta a cuestionar las autorizaciones británicas para la exploración y explotación de recursos naturales en los espacios marítimos que la Argentina reivindica.

Ofensiva del Gobierno contra Reino Unido: la intimación de dos semanas

El Gobierno argentino intimó formalmente al Reino Unido a adoptar, en un plazo de dos semanas, las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuidad de las actividades destinadas a la explotación de hidrocarburos en la zona.

El proyecto Sea Lion, vinculado a las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, se convirtió así en el nuevo foco de una disputa que combina intereses energéticos, reclamos diplomáticos y una histórica controversia de soberanía. El escenario que espera la Casa Rosada es que Londres rechace la intimación argentina.

Si eso ocurre, la Argentina anunció que solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, la adopción de medidas provisionales destinadas a preservar los derechos que el país reivindica sobre su plataforma continental.

El punto jurídico es relevante: la intimación argentina no equivale a una orden internacional que suspenda automáticamente Sea Lion. Para que exista una medida de ese tipo deberá intervenir el mecanismo jurisdiccional correspondiente y deberán analizarse las condiciones y competencias aplicables.

Se trata de una batalla jurídica que puede ser mucho más larga que el calendario electoral. En el Gobierno existe conciencia de que el procedimiento no necesariamente tendrá una resolución rápida.

Según expertos en derecho internacional confiaron a iProfesonal, Gran Bretaña no tiene intenciones de arreglar nada porque gran parte del argumento británico es que el Tribunal Internacional de Derecho del Mar no tiene competencia, lo cual no es correcto según las interpretaciones de los expertos.

De hecho, el Tribunal tiene competencia para conocer de situaciones que impliquen participación ilegítima de un Estado parte en territorios cuya soberanía está controvertida (como pasa en Malvinas). De parte del gobierno argentino conviene fijar este tipo de acciones unilaterales y evitar el argumento de la inacción.

Si el Tribunal puede fijar medidas provisionales, cautelares en el derecho común, luego puede fijar sentencias permanentes, según algunas interpretaciones. El riesgo para la Argentina más allá del objetivo a mano de tumbar un negocio millonario para el Reino Unido es que si pierden tendrían un antecedente en contra para los fundamentos de fondo de las sanciones que dispuso el gobierno argentino y las denuncias judiciales contra Sea Lion.

Antes de cualquier eventual decisión deberán analizarse cuestiones jurídicas y técnicas, además de las presentaciones que realicen las partes. El proceso puede requerir estudios sobre la actividad hidrocarburífera, la plataforma continental, las normas de la CONVEMAR y el alcance de las obligaciones internacionales invocadas por la Argentina.

Por eso, en términos políticos, la iniciativa tiene una particularidad: el Gobierno no parece plantearla como una herramienta capaz de producir un resultado definitivo en el corto plazo.

La apuesta inmediata pasa por otro lado: demostrar que la Casa Rosada activó una vía jurídica internacional frente al avance del proyecto Sea Lion y que la Argentina no se limita a formular protestas diplomáticas.

El problema del arbitraje

La decisión de iniciar el procedimiento de arbitraje abre, además, una cuestión de difícil resolución. La Argentina puede activar el mecanismo previsto por la CONVEMAR, pero Reino Unido previsiblemente rechazará el planteo argentino y no aceptará voluntariamente someterse a una instancia que pueda afectar sus actividades en las islas y sus espacios marítimos circundantes.

Por eso, la clave de la estrategia estará en determinar hasta dónde puede avanzar el mecanismo internacional aun frente a la negativa británica y qué medidas provisionales podría eventualmente adoptar el Tribunal del Mar.

La cuestión tampoco implica que en quince días vaya a existir una decisión judicial que ordene detener Sea Lion. El plazo de dos semanas corresponde a la intimación argentina al Reino Unido. Si Londres no responde favorablemente, se abre una nueva etapa jurídica.

La Casa Rosada busca evitar una confusión internacional

La decisión de involucrar a todas las embajadas argentinas responde, según la explicación oficial, a la necesidad de evitar una interpretación equivocada sobre el alcance de la presentación y de hecho hubo un pedido para que todas las representaciones suban el Comunicado Oficial del Presidente y de Quirno en sus páginas web en los distintos países y en idioma castellano, inglés y francés.

La línea argumental que deberán transmitir tiene cuatro puntos:

• No se trata de un procedimiento para resolver la soberanía sobre Malvinas.
• Argentina intimó al Reino Unido a actuar en un plazo de dos semanas.
• Se inició el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la CONVEMAR.
• Si Londres no cumple, Argentina solicitará medidas provisionales para intentar frenar las actividades vinculadas con Sea Lion.

Toda comunicación vinculada con la estrategia jurídica del procedimiento deberá, además, ser canalizada por Cancillería.

El argumento argentino: ONU y explotación unilateral

La Argentina también incorporó a su argumentación las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la cuestión Malvinas. El Gobierno invoca especialmente la Resolución 2065, que reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido e instó a ambos países a buscar una solución pacífica mediante negociaciones.

También menciona la Resolución 31/49, que pidió a las partes abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales de la situación mientras continúe el proceso recomendado por Naciones Unidas.

Sobre esa base, la Cancillería sostiene que la explotación unilateral de los recursos naturales en los espacios marítimos en disputa afecta los derechos que la Argentina reivindica.

Pero el propio Gobierno marca el límite de su presentación: el tribunal arbitral deberá intervenir sobre cuestiones relacionadas con la CONVEMAR y no sobre la cuestión de soberanía propiamente dicha.

La otra denuncia: Thales y la ruta Malvinas-Punta Arenas

La ofensiva diplomática y jurídica incluye además otro frente. La Casa Rosada informó que detectó operaciones realizadas por THALES UK LIMITED en la ruta aérea entre las Islas Malvinas y Punta Arenas, mediante una aeronave con matrícula británica que, según el Gobierno, no contaba con autorización de las autoridades argentinas.

Milei ordenó iniciar procedimientos sancionatorios, denuncias penales y gestiones diplomáticas. Así, la estrategia oficial combina distintos instrumentos: la vía diplomática, los reclamos administrativos, las acciones judiciales y el procedimiento internacional previsto por la CONVEMAR.

Una jugada con dos tiempos

La ofensiva contra Sea Lion tiene, de esta manera, dos velocidades. La primera es inmediata y política: comunicar internacionalmente que la Argentina cuestiona la explotación hidrocarburífera y que decidió utilizar una herramienta jurídica internacional.

La segunda es judicial y necesariamente más lenta: determinar si el procedimiento puede avanzar, cuál será la posición británica, qué competencia tendrá el tribunal y si finalmente podrán obtenerse medidas provisionales contra las actividades vinculadas con el proyecto.

La Casa Rosada apuesta a instalar el reclamo antes de que la cuestión energética alrededor de Malvinas quede consolidada como un hecho consumado.

La incógnita es cuánto podrá avanzar la vía jurídica frente a un Reino Unido que previsiblemente rechazará el planteo y cuánto tiempo demandará una eventual definición internacional.

Por ahora, el Gobierno tiene una certeza política: Sea Lion dejó de ser solamente un conflicto diplomático y pasó a convertirse también en una disputa jurídica internacional y sobre todo en una herramienta para que Milei pueda tener un triunfo diplomático con miras a las elecciones presidenciales del año 2027.