Malvinas: el plazo de Milei por Sea Lion llega a una fecha límite y suma tensión con Chile

La disputa por las Islas Malvinas excede el desarrollo petrolero Sea Lion y comienza a proyectarse sobre las relaciones comerciales de la región austral. Mientras el Gobierno de Javier Milei sostiene su reclamo contra la explotación de hidrocarburos en el archipiélago, en Chile surgieron cuestionamientos a las medidas anunciadas por la Argentina contra actividades vinculadas con las islas.

El 12 de octubre marca el vencimiento del plazo que Buenos Aires fijó al Reino Unido para que suspenda el proyecto. Sin embargo, el desenlace de la controversia no depende únicamente de esa fecha: también está condicionado por los mecanismos jurídicos disponibles, el alcance de la jurisdicción internacional y la posición británica, que ya rechazó el arbitraje propuesto por la Argentina.

Qué puede ocurrir con el arbitraje por Sea Lion

El procedimiento impulsado por Milei es objeto de un análisis publicado por Diplomacy & Law y reproducido por Mercopress, medio radicado en Montevideo que informa habitualmente sobre las islas. El especialista Edmarverson A. Santos examina allí los requisitos para iniciar el arbitraje y las dificultades que podría encontrar el reclamo argentino.

El primer punto es procesal. El 28 de septiembre, el Presidente ordenó avanzar con el mecanismo contemplado en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. También anticipó que recurriría al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar medidas provisionales si el Reino Unido no intervenía.

Pero una instrucción política no equivale a la apertura formal del procedimiento. Para ello, según el análisis, debe enviarse al otro Estado una notificación escrita acompañada de la demanda y de sus fundamentos. Santos advierte que no consta que esa comunicación haya sido cursada.

La elección del arbitraje se explica por las opciones diferentes que hicieron ambos países respecto de los órganos encargados de resolver controversias. El artículo 287 de la convención permite seleccionar el mecanismo correspondiente: la Argentina optó por el tribunal de Hamburgo y el Reino Unido, por la Corte Internacional de Justicia. Al no coincidir las elecciones, la vía prevista es el arbitraje.

Existe, además, otro requisito que puede incidir en el trámite. El artículo 283 establece que los Estados deben intercambiar opiniones sobre los medios para solucionar la disputa antes de avanzar por determinadas vías de resolución.

El límite de la jurisdicción internacional

Más allá de los requisitos formales, la principal dificultad identificada por Santos es el alcance de las competencias del tribunal. La Convención del Mar regula cuestiones relacionadas con su interpretación y aplicación, pero no habilita a resolver directamente disputas sobre la titularidad de un territorio.

Dos antecedentes ilustran el problema. En 2015, un tribunal arbitral que examinó la controversia entre Mauricio y el Reino Unido por las islas Chagos se negó a resolver una demanda cuyo objeto consideró ligado a la soberanía. Cinco años después, en el caso entre Ucrania y Rusia, quedaron fuera del procedimiento las reclamaciones que requerían pronunciarse sobre Crimea, aunque otras cuestiones continuaron bajo análisis.

Las declaraciones de exclusión presentadas por la Argentina y el Reino Unido también podrían ser relevantes. Buenos Aires formuló en 1995 excepciones bajo el artículo 298, entre ellas para determinadas controversias de delimitación marítima. Londres presentó exclusiones en 2003 y, de acuerdo con el análisis citado, también en 2020.

Por eso, el planteo argentino debería concentrarse en cuestiones que puedan resolverse sin que el tribunal tenga que pronunciarse, de manera directa o indirecta, sobre la soberanía del archipiélago.

"Argentina tendría que formular reclamaciones que puedan resolverse bajo la convención sin exigir que el tribunal decida, expresa o implícitamente, la soberanía sobre las Islas Falkland", concluye Santos.

El Reino Unido rechazó el arbitraje el 30 de septiembre y defendió que las actividades en las islas se desarrollan bajo la legislación del archipiélago, conforme a su interpretación del derecho internacional. Sea Lion, impulsado por Navitas y Rockhopper, tiene una decisión final de inversión desde diciembre de 2025.

Chile cuestiona las medidas argentinas y busca ampliar el comercio

La agenda comercial de Punta Arenas agregó otro componente a la disputa. La ciudad recibió una delegación procedente de las Malvinas, presentada como la más numerosa de su historia, que busca avanzar en una conexión marítima directa.

La visita coincidió con el malestar generado por las denuncias del Gobierno argentino sobre vuelos presuntamente no autorizados entre el continente y las islas. Buenos Aires señaló a la compañía británica Thales UK Limited por operar una ruta sin autorización de las autoridades argentinas y anunció sanciones, denuncias penales y gestiones diplomáticas.

El senador chileno Karim Bianchi cuestionó la intervención de la Argentina en los intercambios comerciales entre Magallanes y el archipiélago. Aunque reconoció que Chile mantiene una posición histórica respecto del reclamo de soberanía, sostuvo que esa postura no debería traducirse en restricciones económicas para la región.

"A mí me parece de una patudez y de una intromisión lo que está haciendo Argentina respecto al comercio entre la región de Magallanes y las Islas Malvinas o Falklands que no puede ser permitido. Hay que separar dos cosas: Chile tiene una posición histórica respecto a las Malvinas y esa definición la ha mantenido; pero una controversia de soberanía entre Argentina y Reino Unido no puede transformarse en un bloqueo económico para Magallanes", dijo Karim.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, planteó una comparación con Uruguay para cuestionar lo que considera un trato diferente. Según señaló, las islas mantienen intercambios comerciales con Montevideo, pese a que ese país forma parte del Mercosur y adhirió a las declaraciones regionales sobre la cuestión Malvinas.

"Hoy las islas comercian con Montevideo, en Uruguay, un país que es parte del Mercosur y que ha adherido a todas las declaraciones que se han hecho. ¿Por qué Montevideo sí y eventualmente nuestra ciudad no?", preguntó.

La fecha límite fijada por Milei, por lo tanto, llega en medio de dos discusiones relacionadas: las posibilidades concretas de encauzar el reclamo contra Sea Lion por la vía internacional y el alcance que deberían tener las medidas argentinas sobre las actividades comerciales vinculadas con las islas.