Malvinas: Milei pidió al Tribunal del Mar medidas contra el proyecto Sea Lion
Argentina acudió al Tribunal del Mar para frenar Sea Lion, el proyecto petrolero en Malvinas que prevé comenzar a producir en 2028
El proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas, quedó en el centro de una nueva iniciativa jurídica del Gobierno argentino. La administración de Javier Milei pretende que la Justicia internacional establezca restricciones a la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, antes de que el emprendimiento avance hacia su etapa productiva.
Para conseguirlo, la Argentina presentó este martes un pedido de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo. La solicitud procura preservar los derechos que el país reivindica sobre su plataforma continental mientras continúa la controversia con el Reino Unido.
La presentación se produjo después de que expirara el plazo de dos semanas que Buenos Aires había concedido a Londres para detener las actividades vinculadas con el desarrollo petrolero. El vencimiento de ese período dio paso a esta nueva instancia de la estrategia argentina, cuya resolución dependerá de los jueces.
El planteo, por sí solo, no obliga a las empresas a detener los trabajos. Para que existan restricciones, el tribunal deberá considerar los argumentos presentados y determinar si se justifican medidas urgentes.
Petróleo en Malvinas: los planes de Sea Lion para comenzar a producir en 2028
La disputa adquiere relevancia por el calendario del emprendimiento. Navitas Petroleum, titular del 65% de Sea Lion, y Rockhopper Exploration, compañía británica que posee el 35% restante, proyectan iniciar las perforaciones de desarrollo en 2027.
El cronograma empresario contempla comenzar la producción comercial durante el primer trimestre de 2028. El yacimiento se encuentra a unos 220 kilómetros al norte de las Malvinas, en una zona cuya explotación es cuestionada por el Gobierno argentino.
La posición oficial sostiene que el desarrollo de esos recursos sin acuerdo entre las partes afecta los derechos soberanos que reclama el país. También invoca las resoluciones de las Naciones Unidas que instan a evitar cambios unilaterales mientras siga pendiente la controversia.
En el comunicado difundido tras la presentación, la Oficina del Presidente afirmó que el objetivo es "preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral e ilegal por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas".
Argentina acudió al Tribunal del Mar tras vencer el plazo para que el Reino Unido frenara el proyecto petrolero Sea Lion
Qué debe resolver el Tribunal del Mar
La intervención solicitada tiene un alcance específico: no apunta a que el organismo internacional determine a quién pertenecen las islas, sino a que evalúe las obligaciones marítimas que, según la Argentina, están siendo vulneradas.
Para conceder las medidas provisionales, los jueces deberán examinar las condiciones previstas en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Uno de los puntos centrales será establecer si existe una urgencia suficiente para adoptar disposiciones destinadas a proteger los derechos en disputa.
El resultado de esa evaluación definirá si se imponen limitaciones al desarrollo de Sea Lion durante la tramitación del conflicto. La solicitud busca evitar que el avance de las operaciones complique la situación antes de que exista una decisión sobre el fondo de la controversia.
La estrategia jurídica que Milei puso en marcha en septiembre
El recurso ante el Tribunal del Mar se suma al procedimiento de arbitraje que el Presidente dispuso iniciar el 28 de septiembre. En esa fecha, Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos legales del Estado a activar el mecanismo previsto en el Anexo VII de la CONVEMAR.
La gestión está bajo la órbita del Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Pablo Quirno, con intervención de la Consejería Legal Internacional y la Procuración del Tesoro.
Ambas vías cumplen funciones diferentes. El arbitraje deberá examinar el conflicto principal, mientras que las medidas provisionales buscan una respuesta más inmediata frente al riesgo de que el proyecto petrolero continúe avanzando.
La decisión que adopte el Tribunal Internacional del Derecho del Mar determinará si corresponde establecer restricciones temporales. Mientras tanto, el Gobierno argentino mantiene su rechazo a la explotación unilateral de hidrocarburos en la zona y procura que sus reclamos tengan efectos antes del inicio de la producción comercial previsto por las empresas.