Universidades públicas exigen a Milei que aplique la ley y actualice los fondos

La 5° Marcha Federal Universitaria reunió hoy a miles de personas en Plaza Congreso para exigir la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario. El personal educativo llega a esta instancia con el aval de la Justicia y del Congreso Nacional, pero persiste el bloqueo del gobierno de Javier Milei a la norma que actualiza sueldos, becas y fondos de la educación superior según la inflación acumulada desde diciembre de 2023.

La jornada estuvo marcada por dos eventos paralelos. Por un lado, la masiva movilización en las calles porteñas. Por otro, el intento fallido de la oposición en Diputados de conseguir quorum para derogar el DNU 70/2023, el decreto que desreguló cientos de actividades económicas al inicio de la gestión libertaria.

En medio de la marcha, se registraron violentos incidentes entre manifestantes y efectivos de Gendarmería en la zona de Rivadavia entre Callao y Rodríguez Peña. Los enfrentamientos ocurrieron del otro lado del escenario principal, mientras el acto central transcurría en Plaza Congreso.

Por qué la comunidad universitaria vuelve a las calles

El Congreso Nacional ratificó la Ley de Financiamiento Universitario en cinco oportunidades distintas, pero el Poder Ejecutivo se niega sistemáticamente a implementarla pese a que la Justicia ya declaró su constitucionalidad y ordenó aplicarla de forma inmediata.

Esa desobediencia judicial y legislativa pone en riesgo, según el documento leído durante las movilizaciones, "nuestra democracia y nuestro sistema republicano". La comunidad educativa denuncia que el presupuesto presentado por el Ejecutivo es el más bajo de la historia, con menos del 1% del PBI destinado a educación superior.

El congelamiento de recursos no solo afecta salarios docentes. Las Becas Progresar quedaron fijadas en $35.000 desde 2024, un monto que los manifestantes califican como insuficiente para cubrir costos básicos como transporte y materiales de estudio.

A ese escenario se suma la desinversión en las Becas Manuel Belgrano y el virtual freno a las Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas (EVC-CIN). El reclamo central exige que el Presupuesto 2027 contemple un incremento del 33,4% respecto del proyecto oficial, siguiendo la propuesta elaborada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Qué dice el documento leído en todo el país

El documento leído durante la quinta Marcha Federal Universitaria, realizada este jueves frente al Congreso, lleva como título "Defender nuestros sueños, garantizar el futuro". Firmado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y organizaciones sindicales docentes y no docentes, plantea que el conflicto universitario excede la discusión presupuestaria y advierte sobre sus consecuencias institucionales. "La universidad pública no es el problema de nuestro país", sostiene el texto, que la define como parte de la solución.

Uno de los principales reclamos es el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso. Los firmantes cuestionan la decisión del Gobierno nacional de no aplicar plenamente la norma y advierten que la disputa también compromete el funcionamiento de las instituciones democráticas. "El incumplimiento por parte del gobierno nacional de la Ley nos enfrenta a uno de los peores problemas que podemos tener como sociedad: poner en riesgo nuestra democracia y nuestro sistema republicano", señala el documento.

En materia presupuestaria, las organizaciones sostienen que los recursos previstos por el Poder Ejecutivo para las universidades nacionales resultan insuficientes para garantizar su funcionamiento. El proyecto de Presupuesto 2027 contempla $7,3 billones para el sistema universitario, mientras que el CIN estima que se necesitan cerca de $11 billones. Según los firmantes, la propuesta oficial no contempla los fondos establecidos por la ley ni permite recuperar el poder adquisitivo perdido.

Los salarios docentes y no docentes ocupan otro lugar central en el reclamo. El documento cuestiona el deterioro de los ingresos del personal universitario, reclama el respeto de las negociaciones paritarias y advierte sobre las dificultades para sostener las tareas de enseñanza e investigación. También plantea la necesidad de recuperar el financiamiento de las becas estudiantiles, entre ellas las Progresar, las Manuel Belgrano y las destinadas a estimular las vocaciones científicas.

La declaración también incorpora un cuestionamiento al DNU 70/2023 y reclama su derogación. Las organizaciones universitarias sostienen que el uso de decretos para modificar o dejar sin efecto normas aprobadas por el Congreso debilita el debate parlamentario y la división de poderes. De esta manera, el documento vincula la defensa de la educación pública con una discusión más amplia sobre el funcionamiento del Estado y las instituciones republicanas.

Por último, los firmantes amplían sus demandas a otras áreas, como la salud, el trabajo digno, la cultura, la industria nacional y la protección de los recursos naturales. El planteo busca presentar a la universidad como una institución vinculada al desarrollo económico, científico y social del país. En ese marco, la consigna que atraviesa el documento resume el mensaje de la movilización: defender la educación pública como una herramienta para ampliar oportunidades y garantizar el futuro.