Detrás del debate universitario: una pulseada política para "blindar" el equilibrio fiscal

Con el contexto de violencia que tiñó a la marcha universitaria, el debate sobre los recursos financieros del Estado tomó un cariz político: cada vez queda más claro que lo que está en juego ya no son cifras del presupuesto, sino posturas que cada parte ve como principios innegociables.

Es así que para el gobierno de Javier Milei, cualquier acuerdo que no incluya la supresión de la ley de financiación universitaria equivale a una derrota, porque sentaría el precedente de que se votó un proyecto que infringió el "blindaje al equilibrio fiscal".

Eso sería, desde el punto de vista oficial, un antecedente peligroso, porque la tónica del año ha sido una persistente caída en la recaudación impositiva, lo cual obligó a un esfuerzo adicional en la aplicación de la "motosierra". Y, salvo que durante el 2027 haya una reactivación fuerte en la actividad comercial e industrial, no se espera que la caja de ARCA se vea beneficiada con un boom en la recaudación del IVA en el contexto de campaña electoral.

Milei se había referido por primera vez a la necesidad de una regulación que impidiera el déficit fiscal a las pocas semanas de haber asumido el cargo: durante una visita de la ex vicedirectora del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath, dijo que buscaría la forma de que los funcionarios y los congresistas que expandieran el gasto sin financiamiento genuino serían pasibles de acciones penales.

Al año siguiente, el tema fue anunciado en cadena nacional televisada, en la que Milei dijo que era necesario "amurallar el déficit cero". Y envió un proyecto de ley a un Congreso que, en ese momento, era ampliamente dominado por la oposición, que aprobó leyes que expandían el gasto -entre ellas la reforma jubilatoria- y que forzaron la aplicación del veto presidencial. En ese momento, el presidente acusaba al kirchnerismo pretendía generar un costo fiscal adicional de 2,5% del PBI y, de esa manera, desestabilizar al gobierno.

Nuevamente el presidente se refirió al tema de la limitación del gasto al inaugurar el año legislativo en el Congreso, y cinco meses más tarde, al presentar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que establece penas de prisión para los funcionarios que avalen una asistencia monetaria para cubrir un déficit del Tesoro.

Una pulseada política

En síntesis, la artillería argumental del gobierno para oponerse a la ley de financiamiento universitario es que infringe el requisito de incluir la financiación para el exceso de gasto público que se produciría por su aplicación. Sin embargo, la oposición y las autoridades universitarias afirman que hay posibilidad de financiamiento sin vulnerar los fondos previstos en el propio proyecto de presupuesto 2027.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal que habría tenido la ley de financiamiento universitario sobre el presupuesto del año pasado habría sido equivalente a unos $2 billones, un 0,23% del PBI.

Esta ley que actualiza salarios y becas fue votada en agosto del año pasado, luego fue vetada por Milei y, a su vez, el Congreso consiguió los votos para levantar ese veto presidencial. Aun así, el gobierno nunca la proclamó, porque exigía que no pusiera en peligro el principio del equilibrio fiscal. Desde ese momento hubo fallos, medidas cautelares, recusaciones contra los jueces, hasta que el tema llegó a la Corte Suprema, que confirmó la validez de la medida cautelar.

La interpretación oficial del gobierno es que la discusión había quedado superada cuando se acordó un ajuste salarial de 24% en junio, más un 3% adicional en octubre. Pero Milei puso como condición que se retirara el pedido de la medida cautelar, lo cual no fue aceptado. Y eso lleva a que hoy el juez federal Martín Cormick, quien dictó la cautelar, esté en el centro de una polémica política. El gobierno afirma que el magistrado actúa con criterio político y que está vinculado al kirchnerismo -una acusación que ya venía desde que Cormick declaró nulo el protocolo antipiquetes de la ex ministro Patricia Bullrich-.

En todo caso, lo que queda claro para la oposición es que la cuestión de fondo no era fiscal, dado que el acuerdo salarial aceptado por el gobierno implicaba una cifra cercana a la que se habría necesitado para poner en efecto la ley. En cambio, lo que cambiaba la ecuación era de orden político: la proclamación de un proyecto que había sido objeto de veto presidencial.

¿Los fondos ya están disponibles?

Cuando el debate pasa a los números, la postura del gobierno pierde fuerza. Al menos, es lo que surge de las estimaciones de economistas expertos en presupuesto. En los últimos días fue muy comentado un informe de la consultora Zentrix que indica que, en realidad, hoy mismo hay fondos para financiar la ley sin que ello implique una expansión del gasto público.

En ese cálculo, los requerimientos de la ley serían, en el peor de los casos, de $3,65 billones para el año próximo, mientras que el presupuesto presentado por el mismo gobierno prevé un monto de $5,93 billones sin asignación específica, dentro del rubro Obligaciones a cargo del Tesoro.

"Como esos fondos ya forman parte del gasto total previsto, destinarlos a las universidades no modificaría el resultado fiscal que proyecta el Gobierno nacional", indica el informe de la consultora dirigida por Claudio Montiel.

El informe agrega que si el gobierno cumpliera lo que indica la medida cautelar dictada por la justicia, el monto a gastar sería aun menor que el de aplicar la ley completa: alcanzaría con $2 billones, que sería la suma aplicada al ajuste de salarios y becas universitarias.

En términos de PBI, la ley completa supondría un gasto de 0,26% -incluiría también fondos para funcionamiento, hospitales, ciencia y extensión-, mientras que si sólo se aplicara la sección correspondiente a salarios, el gasto se acotaría a 0,14% del PBI.

"Ese margen no implica gasto nuevo. Los fondos sin asignación específica ya están contabilizados en el gasto total del proyecto, de modo que reasignarlos a las universidades no altera el resultado financiero previsto: lo que se reduce es la discrecionalidad del Poder Ejecutivo para decidir su destino", observa el informe de Zentrix.

Del lado de quienes impulsan la ley, la motivación es clara: hoy el nivel salarial universitario está un 22% debajo del que se registraba al inicio de la gestión Milei. Y esto ocurre luego de aplicada la mejora salarial de junio pasado. El peor momento de los haberes universitarios se dio en febrero de este año, cuando la caída respecto de 2023 llegó a un 32%.

Pronóstico 2027: turbulencia

Para el año próximo se prevé un conflicto adicional al ya vigente: el presupuesto 2027 prevé un esquema fijo de ajustes salariales -de acuerdo con la proyección oficial de inflación de 18%-. Mientras tanto, la suspendida ley de financiamiento universitario establecía un esquema de ajustes trimestrales, basados en la inflación pasada.

Zentrix estima que, si la inflación efectiva fuera superior a la prevista en el presupuesto, por cada punto de desvío, se necesitaría un financiamiento adicional por $320.000 millones. A juzgar por la inflación que prevén los economistas que participan en la encuesta REM, esa cuenta podría superar el billón de pesos.

Esto implica un nuevo motivo de litigio, porque la ley de presupuesto no puede derogar leyes vigentes, y en consecuencia las universidades reclamarían la actualización salarial por inflación. Eso ocurriría en plena campaña electoral, en la que Milei exhibirá el equilibrio fiscal y la caída de la inflación como logros principales de su gestión.