Milei liga reclamo universitario con grupos violentos y sale fortalecido de los incidentes
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Otra manifestación que empieza como debate sobre el uso de los recursos presupuestarios y termina con violencia, y las clásicas acusaciones cruzadas sobre quién fue responsable de los incidentes. Y, como ya había ocurrido el año pasado ante las protestas por las jubilaciones, el gobierno de Javier Milei termina beneficiándose indirectamente: se corrió el foco del motivo de la marcha, que ya no estuvo sobre la cuestión universitaria y se centró en la acusación de "desestabilización" y del accionar policial.
Es elocuente la definición de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien culpó a "los mismos violentos de siempre" por los incidentes.
"Quieren imponer el caos, desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada. El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia", sostuvo la ministra, mientras los convocantes a la protesta sostenían que, en realidad, quienes habían realizado actos violentos eran agentes infiltrados.
También varios diputados de la oposición acusaron a la policía, como Germán Martínez, presidente del bloque kirchnerista, quien dijo que había un plan para generar una provocación.
El hecho de que entre los manifestantes se vieran encapuchados y banderas palestinas le dio al gobierno el pie como para afirmar que había "violentos profesionales" y que, en realidad, el motivo de fondo de la protesta no radicaba en la situación universitaria, sino que se buscaba generar una situación violenta en las calles y forzar la represión.
Como siempre, será difícil determinar si realmente quienes tiraron piedras contra los efectivos policiales eran manifestantes genuinos o si se trató de gente que, con motivos políticos, se infiltró para desvirtuar el sentido del reclamo. Pero lo cierto es que resultaron llamativas algunas imágenes de manifestantes que concurrieron munidos de mazas que permitían romper veredas y mobiliario urbano, así como elementos de pirotecnia.
Lo cierto es que, con los gendarmes parapetados tras las vallas y disparando gases lacrimógenos mientras los camiones de chorros hidrantes avanzaban sobre la plaza del Congreso, ya la jornada cambió su sentido original. A esa altura, ya había pasado a un segundo plano el acto en el que se leyó la proclama en reclamo de que se cumpliera la ley de financiamiento de las universidades nacionales.
Debate con final anunciado
Antes de que empezaran los incidentes, la marcha -quinta que se realiza en la gestión Milei para reclamar por los fondos para las universidades- mostraba una convocatoria importante, con un lleno en la plaza del Congreso.
Las principales figuras de la oposición se hicieron presentes, lo cual ratificaba que se esperaba una amplia repercusión mediática. Fue el caso del gobernador Axel Kicillof, quien afirmó que "aplicar la motosierra sobre la educación pública, los docentes, los estudiantes e investigadores es un gran error que compromete el presente y el futuro de la Argentina".
El ambiente ya estaba enrarecido por el hecho de que, simultáneamente, había caído la sesión en la que los bloques opositores preveían votar la derogación del decreto 70/2023. El enojo era, sobre todo, con aliados del gobierno que, tras una negociación con el oficialismo, se ausentaron para que no hubiera quorum.
Y el reclamo universitario se producía tras una larga saga de idas y venidas judiciales. La ley que actualiza salarios y becas fue votada en agosto del año pasado, luego fue vetada por Milei y, a su vez, el Congreso consiguió los votos para levantar ese veto presidencial. Aun así, el gobierno nunca la proclamó, porque exigía que, como manda la nueva legislación de defensa del equilibrio fiscal, se indicara de dónde saldrían las partidas presupuestarias. Desde ese momento hubo fallos, medidas cautelares, recusaciones contra los jueces, hasta que el tema llegó a la Corte Suprema, que confirmó la validez de la medida cautelar.
La interpretación oficial del gobierno es que la discusión había quedado superada cuando se acordó un ajuste salarial de 24% en junio, más un 3% adicional en octubre. Pero Milei puso como condición que se retirara el pedido de la medida cautelar, lo cual no fue aceptado. Y eso lleva a que hoy el juez federal Martín Cormick, quien dictó la cautelar, esté en el centro de una polémica política. El gobierno afirma que el magistrado actúa con criterio político y que está vinculado al kirchnerismo -una acusación que ya venía desde que Cormick declaró nulo el protocolo antipiquetes de la ex ministra Patricia Bullrich-.
La proclama, en segundo plano
La proclama universitaria reiteró conceptos que se están planteando desde el inicio de la gestión Milei: la acusación de que el gobierno menosprecia la importancia del desarrollo nacional de la ciencia y la tecnología y que, como objetivo no declarado, tiende a que desaparezca la gratuidad en la enseñanza pública.
"El incumplimiento por parte del gobierno nacional de la Ley nos enfrenta a uno de los peores problemas que podemos tener como sociedad: poner en riesgo nuestra democracia y nuestro sistema republicano. El Congreso de la Nación y el poder Judicial nos han dado la razón sancionando una ley, declarando inconstitucional la pretensión del gobierno de anularla y estableciendo una medida cautelar que exige el cumplimiento inmediato de sus artículos 5 y 6", dicen las gremiales, en alusión a las actualizaciones de salarios y becas.
Y agrega que la universidad pública "es una herramienta fundamental de justicia social, movilidad social ascendente y construcción de soberanía nacional. Sin embargo, garantizar su gratuidad no alcanza si las y los estudiantes no cuentan con las condiciones económicas necesarias para sostener sus estudios, y sobre todo si el gobierno nacional se sigue negando a cumplir la ley".
Pero, después de la violencia de la jornada, esas frases de la proclama ya parecían de otro debate. No por casualidad, la principal parte del acto fue el cierre del dirigente estudiantil, quien dijo: "Vamos a terminar este acto con gases y represión, pero le vamos a decir al presidente que él va a terminar su mandato y se va a ir de la Casa Rosada, pero la universidad pública va a seguir existiendo y nosotros vamos a dejar la vida para defender el derecho de cada quién para decidir su futuro".
A esa altura, el tema principal para los medios era el seguimiento de heridos y detenidos, y las imágenes dominantes eran las piedras tapizando la plaza del Congreso, mientras seguían las corridas.
El gobierno, que ya antes de la marcha había mostrado una postura inflexible respecto de la aplicación de la ley universitaria, consolidó su posición. Y en el círculo íntimo de Milei existe el convencimiento de que estas jornadas violentas polarizan al electorado, lo cual en definitiva favorece las chances del oficialismo.
