Quirno ordenó frenar la ley de soberanía de Malvinas y no hablar con periodistas

Luego de dos gestos inesperados del gobierno de Estados Unidos contrarios a la estrategia argentina por Malvinas, el presidente Javier Milei ordenó suspender el plenario de comisiones en la Cámara de Diputados para tratar la ley de Soberanía por las Islas Malvinas y el canciller Pablo Quirno ordenó a la Cancillería y a los diputados de La Libertad Avanza silencio de radio total con legisladores opositores y periodistas hasta redefinir la estrategia de la Casa Rosada inspirada por el asesor Santiago Caputo sobre el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

Según pudo saber iProfesional, el Gobierno entró en una pausa imprevista en su ofensiva diplomática por Malvinas. Desde España, donde Javier Milei participa de la campaña del Partido Popular (PP) y Vox para las elecciones del 29 de noviembre próximo, llegaron órdenes tajantes a todos los funcionarios libertarios de Buenos Aires.

El canciller Pablo Quirno impartió a su vicecanciller Juan Manuel Navarro una instrucción inamovible: frenar el tratamiento de la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, evitar nuevas negociaciones políticas sobre el proyecto y mantener silencio frente a diputados y periodistas hasta tener un panorama más claro de la posición de Estados Unidos. "Están desconcertados y quieren saber dónde están parados con Washington", dijo a iProfesional un funcionario.

La decisión se tomó horas antes de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) convocara para el 10 y 11 de noviembre de 2026 a las audiencias por el pedido de la Argentina para que se detenga el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas.

El Gobierno argentino solicitó que el Reino Unido impida el inicio o la continuidad de las actividades de explotación mientras se tramita el arbitraje internacional. También pidió medidas para evitar que avance el proyecto y se agrave la controversia entre ambos países.

Trump cambió las reglas de juego

La decisión del Gobierno llegó después de dos señales de Washington que encendieron las alarmas en la Casa Rosada. Por un lado, la administración de Donald Trump pidió disolver el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, el organismo en el que la Argentina sostiene anualmente su reclamo al Reino Unido para negociar la soberanía de las islas.

Por otro, funcionarios estadounidenses transmitieron su preocupación por las consecuencias que la sanción del proyecto de Ley de Soberanía sobre Malvinas podría tener sobre empresas de su país vinculadas con las actividades económicas en el Atlántico Sur.

El oficialismo decidió entonces levantar el plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Culto y Legislación Penal, previsto para dictaminar el proyecto, y fue postergado para el martes 27 de octubre. Se sumó otro factor: las dificultades para reunir las firmas necesarias para emitir dictamen y la presión norteamericana sobre los artículos que prevén sanciones a compañías que operen en la zona de las islas.

La reacción expuso la incertidumbre que atraviesa la estrategia argentina. Después de haber convertido la cuestión Malvinas en uno de los ejes de su política exterior, Milei se encontró con que su principal aliado internacional, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, avanzaba con decisiones que podían debilitar dos herramientas centrales del reclamo argentino: el foro multilateral que promueve las negociaciones de soberanía y el proyecto legislativo destinado a endurecer las medidas contra las empresas que explotan recursos en el archipiélago.

La Casa Rosada había interpretado algunas declaraciones anteriores de Trump como una oportunidad para conseguir un respaldo más contundente de Washington a la posición argentina. El presidente de los Estados Unidos había deslizado que podía "revisar" la postura de su país sobre Malvinas, señal que alimentó las expectativas diplomáticas del Gobierno, ahora por lo visto desmesuradas.

Las declaraciones posteriores del mandatario norteamericano fueron más cautelosas. Trump planteó que Estados Unidos podría intervenir ante una situación de gravedad y pidió a la Argentina a través de su embajador ante la ONU, Michael Waltz, que no "escalara" el conflicto. Esa posición distó de representar un apoyo explícito a las iniciativas de Milei para incrementar la presión sobre Londres.

En medio de ambas declaraciones, Trump se había reunido en la asamblea general de la ONU con el primer ministro británico, Andy Burnham, quien dijo ante la prensa que "habían hablado de las Falklands (Malvinas)" y que habían llegado a un acuerdo en todos los temas. En esa misma asamblea, Trump evitó cruzarse con Milei. En rigor, la línea profesional de la Cancillería siempre había sospechado que las declaraciones originales de Trump buscaban forzar una negociación con Gran Bretaña por la OTAN y por Irán.

La propuesta estadounidense de terminar con el mandato del Comité de Descolonización agregó un nuevo elemento de preocupación a Milei. La representante norteamericana ante las Naciones Unidas, Tammy Bruce, sostuvo que el organismo había dejado de cumplir su propósito original y cuestionó el gasto de recursos que demandan sus actividades. La posición quedó reflejada en una resolución publicada el 15 de octubre.

La iniciativa no mencionó específicamente a Malvinas. Washington la presentó como parte de una revisión más amplia del funcionamiento de la ONU, en línea con la visión de Trump sobre los costos, la burocracia y la utilidad de los organismos multilaterales. Sin embargo, sus consecuencias potenciales para la Argentina son evidentes: el Comité Especial de Descolonización constituye uno de los espacios en los que el país mantiene vigente su reclamo frente al Reino Unido. "Esto muestra falta de profesionalismo y amateurismo en el gobierno de Milei con su diplomacia, se comieron todos los amagues", señaló un diplomático retirado.

Desde 1965, la resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU reconoce la existencia de una disputa de soberanía e insta a ambos países a negociar una solución pacífica. Londres rechaza que esa exhortación implique una obligación de negociar la transferencia de soberanía, pero Buenos Aires la considera un instrumento diplomático fundamental.

La eventual desaparición del comité supondría un revés político para la Argentina, aunque no eliminaría automáticamente la resolución 2065 ni extinguiría el reclamo de soberanía. Además, la propuesta debe atravesar los procedimientos correspondientes dentro de las Naciones Unidas. Su presentación no equivale a una disolución inmediata del organismo. Pero en la Cancillería consideran que una reducción del financiamiento estadounidense podría afectar en la práctica el funcionamiento de las estructuras multilaterales, aun sin una eliminación formal. El peso financiero de Washington dentro de la ONU convierte esa posibilidad en un factor relevante para el futuro del comité.

La Ley de Soberanía quedó en suspenso

El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional enviado por el Poder Ejecutivo profundiza las sanciones de la ley 26.659 de la época del kirchnerismo para las empresas que operen en la zona de las islas con una reforma de aspectos centrales de los sistemas de Inteligencia, Defensa y Seguridad Interior. La amplitud de la iniciativa ya había generado resistencias entre legisladores aliados y sectores de la oposición. Incluso, el proyecto contiene límites concretos a la libertad de prensa y de información al considerarse en el artículo 111 sanciones a "campañas difamatorias o de desinformación".

La reunión que debía realizarse este martes fue postergada por decisión de Carlos Zapata, diputado de La Libertad Avanza y presidente de la comisión cabecera de Defensa Nacional. En el plenario también participan la comisión de Relaciones Exteriores y Culto, presidida por Juliana Santillán, y la de Legislación Penal, a cargo de Laura Rodríguez Machado.

El debate había atravesado cuatro reuniones de trabajo, con exposiciones de funcionarios, invitados y representantes de distintos bloques. Sin embargo, el oficialismo no había logrado consolidar los respaldos necesarios.

Las objeciones no se limitan a las sanciones por actividades económicas en Malvinas. Legisladores de Provincias Unidas y otras bancadas cuestionaron artículos relacionados con:

• Las facultades del Consejo de Seguridad
• El papel del Congreso frente a eventuales acciones militares
• La definición de infraestructuras críticas
• Las penas previstas para determinadas conductas vinculadas con la interferencia extranjera, la violencia o el sabotaje

Parte de esos bloques propuso dividir la iniciativa para tratar por separado el régimen de sanciones a las empresas que operan en el archipiélago y el resto de las reformas. Incluso representantes de Unión por la Patria se mostraron dispuestos a acompañar los primeros 40 artículos, según las conversaciones mantenidas durante el debate. El oficialismo no aceptó esa alternativa.

A esas dificultades se agregó la presión de Estados Unidos. Funcionarios norteamericanos transmitieron que Washington estaba en contacto con compañías de su país y que su interés era evitar que fueran perjudicadas por la legislación argentina. Esa advertencia introdujo un problema adicional en el capítulo que el Gobierno consideraba más defendible políticamente: el endurecimiento de las sanciones contra las empresas que explotan recursos en la zona disputada.

La postergación del plenario permitió ganar tiempo, pero también dejó expuesta la fragilidad de una iniciativa que el Ejecutivo había presentado como parte de su estrategia para defender la soberanía nacional.

El frente diplomático se complica

Las dificultades no terminan en Washington ni en el Congreso. La estrategia argentina para frenar la explotación petrolera en las islas también enfrenta obstáculos en el terreno diplomático y jurídico.

El Gobierno había puesto expectativas en una eventual presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar por las actividades vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion. Sin embargo, en Cancillería admiten que el camino puede ser mucho más largo de lo previsto y que todavía debe completarse el trabajo técnico necesario para sustentar el caso. "Se presentó una denuncia, pero no un caso concreto donde deben consignarse los detalles técnicos", señalan.

Una denuncia política o una manifestación formal de protesta no equivalen a la presentación de una controversia debidamente fundamentada ante un tribunal internacional. Para avanzar, la Argentina necesita precisar los hechos, identificar la base jurídica de su planteo y explicar de qué manera las actividades cuestionadas afectan sus derechos e intereses. "La primera audiencia en el Tribunal sería en noviembre", señalaron en la Cancillería.

Sin embargo, el problema es que la explotación petrolera proyectada todavía no comenzó y que el expediente técnico debe demostrar los perjuicios que se invocan. Sin esa fundamentación, las expectativas de obtener una medida cautelar inmediata resultan inciertas. El procedimiento puede demandar tiempo y no ofrece garantías de resultados.

En el Gobierno también preocupa la posición británica. Andy Burnham rechazó el reclamo argentino y Londres avanzó con la extensión de licencias para actividades vinculadas con la explotación de hidrocarburos. A eso se sumaron ejercicios militares y señales de refuerzo de la presencia británica en las islas. "Se manejó todo con mucho amateurismo: Quirno es experto en Finanzas, Toto Caputo en Finanzas, Santiago Caputo es asesor en campañas, y Juliana Santillán está a cargo de la Comisión de Relaciones Exteriores", ironizaron.

El escenario regional tampoco está exento de tensiones. La Argentina entró en conflicto con Chile por la nueva ruta entre Punta Arenas y Puerto Argentino, relevante para el abastecimiento de las islas y las actividades asociadas al proyecto Sea Lion. La acumulación de dificultades complica el margen de maniobra de Quirno. El canciller debe sostener el reclamo de soberanía, evitar una escalada que perjudique los intereses argentinos y, al mismo tiempo, preservar la relación con una administración estadounidense que el Gobierno considera estratégica.

La principal dificultad política de la Casa Rosada es que había construido expectativas sobre la posibilidad de aprovechar la relación personal entre Milei y Trump para obtener avances en la cuestión Malvinas y capitalizarlo políticamente para las elecciones presidenciales en 2027 y asegurar la reelección de Milei. Las señales procedentes de Washington muestran, sin embargo, que la agenda norteamericana responde a prioridades propias y no necesariamente a las necesidades electorales argentinas.

La propuesta contra el Comité de Descolonización parece responder, ante todo, a la visión de Trump sobre el funcionamiento y el financiamiento de las Naciones Unidas. Interpretarla exclusivamente como una decisión dirigida contra la Argentina sería una lectura equivocada. Pero también sería un error desconocer que su eventual concreción podría beneficiar indirectamente al Reino Unido, que mantiene territorios bajo disputa y tiene intereses en la continuidad de las estructuras internacionales que supervisan los procesos de descolonización. "El 70% de los conflictos por la descolonización son de Gran Bretaña", señaló un diplomático argentino. Otros países favorecidos serían Francia o Portugal.

La decisión de suspender el tratamiento legislativo y ordenar silencio puede servir para evitar nuevas contradicciones mientras se revisa el escenario. Pero también transmite una imagen de improvisación: el Gobierno había impulsado una ofensiva política y comunicacional sobre Malvinas y ahora debe detenerla ante las señales de su principal aliado.

Por ahora, la orden es ganar tiempo. No hablar de la ley, no abrir nuevas negociaciones y no anticipar decisiones hasta conocer con mayor precisión el alcance de la posición norteamericana. La pausa legislativa revela que la estrategia argentina sobre Malvinas atraviesa un momento de revisión, con demasiadas incógnitas abiertas y pocos resultados concretos para exhibir.

La paradoja es que Milei había apostado a la cercanía con Trump como una ventaja para recuperar protagonismo internacional en la cuestión Malvinas. Ahora, esa misma relación obliga a la Casa Rosada a recalcular sus movimientos. En política exterior, la afinidad ideológica puede abrir puertas, pero no reemplaza una estrategia diplomática capaz de anticipar los intereses del otro.