El juicio política contra Santia Peña podría continuar, pese a su renuncia
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La renuncia de Santiago Peña a la Presidencia de Paraguay abrió una nueva etapa institucional, luego de que el mandatario anunciara su decisión este jueves 5 de noviembre, en medio de la crisis desatada por la intervención de Ueno Bank y del avance de un pedido de juicio político en su contra.
La salida de Peña modifica el escenario que se había planteado en el Congreso. La oposición había presentado un pedido de destitución que ya comenzaba a debatirse en la Cámara de Diputados, después de que 35 legisladores firmaran el libelo acusatorio. Sin embargo, con la renuncia del mandatario, el procedimiento pasa a tener como cuestión inmediata la definición de la vacancia presidencial y el mecanismo de sucesión.
El paso institucional que sigue es que el Congreso trate la dimisión. La Constitución paraguaya establece, en su artículo 202, inciso 16, que corresponde al Poder Legislativo aceptar o rechazar la renuncia del presidente y del vicepresidente de la República.
Qué debe hacer ahora el Congreso paraguayo
La renuncia presentada por Peña no debe confundirse con una destitución mediante juicio político. Para que la salida quede formalizada por esa vía, el Congreso debe pronunciarse sobre la dimisión y resolver su aceptación.
Si los legisladores aceptan la renuncia, se configura la vacancia definitiva de la Presidencia. En ese escenario, no será necesario completar las dos etapas del juicio político previstas en la Constitución: la acusación en Diputados y el juzgamiento en el Senado.
El procedimiento de destitución, establecido en el artículo 225 de la Constitución paraguaya, exige que:
- Dos tercios de los diputados presentes aprueben la acusación
- Luego el Senado reúna dos tercios de la totalidad de sus integrantes para declarar culpable al mandatario y separarlo del cargo
La diferencia es relevante: una renuncia aceptada formaliza una salida voluntaria, mientras que un juicio político supone una decisión del Congreso que remueve al presidente por alguna de las causales constitucionales. En el primer caso no existe una declaración parlamentaria de culpabilidad.
Pedro Alliana asumiría la Presidencia hasta 2028
Una vez que se concrete la vacancia, el vicepresidente Pedro Alliana deberá asumir la Presidencia y completar el período constitucional, que finaliza en agosto de 2028.
Así lo establece el artículo 234 de la Constitución paraguaya, que regula los casos de acefalía. La norma dispone que, si la Presidencia queda vacante, el vicepresidente electo asume el cargo y lo ejerce hasta la finalización del mandato.
Por lo tanto, no corresponde convocar a elecciones presidenciales anticipadas para cubrir el lugar de Peña. Alliana fue elegido en la misma fórmula presidencial y es quien debe continuar al frente del Poder Ejecutivo durante el tiempo restante del período.
Qué pasa con la posibilidad de que Santiago Peña sea senador vitalicio
La renuncia a la Presidencia también tiene consecuencias sobre el futuro político de Santiago Peña. La Constitución de Paraguay contempla que los expresidentes elegidos democráticamente puedan convertirse en senadores vitalicios, una figura que les permite integrar el Senado con voz, pero sin voto y sin participar del quórum.
Sin embargo, el artículo 189 de la Constitución establece una excepción: no pueden acceder a ese beneficio quienes hayan sido sometidos a juicio político y declarados culpables. Por lo tanto, no alcanza con que exista una acusación en su contra ni con que la Cámara de Diputados apruebe el inicio del procedimiento. Para perder ese derecho, Peña tendría que ser declarado culpable por el Senado.
En ese sentido, si su renuncia se formaliza antes de una eventual condena en el juicio político, en principio conservaría la posibilidad de acceder a la senaduría vitalicia. La diferencia es relevante porque la salida anticipada del poder no equivale constitucionalmente a una destitución por juicio político.
Qué pasa con el pedido de juicio político contra Peña
La renuncia también modifica el trámite del pedido de juicio político que había sido presentado por 35 diputados. Si el Congreso acepta la dimisión y Peña deja formalmente el cargo, ya no habrá una Presidencia que pueda ser objeto de una destitución mediante ese procedimiento.
De todos modos, la salida no significa que las acusaciones formuladas por los legisladores queden automáticamente resueltas ni que se establezca la inexistencia de responsabilidades. El juicio político tiene como finalidad separar del cargo a una autoridad y no reemplaza una investigación penal.
El artículo 225 establece expresamente que, cuando existan sospechas de delitos, los antecedentes deben remitirse a la Justicia ordinaria. Por eso, las eventuales investigaciones vinculadas con la crisis de Ueno Bank pueden continuar independientemente de que Peña haya renunciado.
La renuncia se produjo después de que el Banco Central de Paraguay dispusiera la intervención y el procedimiento de resolución de Ueno Bank, tras detectar que su solvencia había caído por debajo de los niveles exigidos por la normativa.
La entidad mantenía vínculos con el Grupo Vázquez, del que Peña fue accionista hasta marzo de 2025. La oposición incorporó esa relación entre los argumentos de su pedido de juicio político y cuestionó, además, la concentración de fondos públicos y previsionales en el banco.
La presentación del libelo acusatorio había reunido a 35 diputados y el Congreso había comenzado a debatir el proceso. La iniciativa también alcanzaba al vicepresidente Alliana, aunque su situación institucional deberá analizarse por separado.
En paralelo, la crisis financiera abrió investigaciones sobre las operaciones de la entidad y las eventuales responsabilidades de sus directivos y de otros actores involucrados.
De esta manera, la renuncia de Peña abre el camino para una sucesión presidencial dentro del oficialismo, pero no implica el cierre de las actuaciones políticas, administrativas o judiciales relacionadas con la crisis bancaria.
