El Senado paraguayo rechazó los planteos de la defensa de Peña y avanza su juicio político

El Senado propinó un revés a la defensa del presidente saliente de Paraguay Santiago Peña, al aprobar por unanimidad la incorporación de las pruebas presentadas por la comisión de fiscales acusadores de Diputados.

La decisión se tomó mediante una votación electrónica en la que los 41 senadores presentes se pronunciaron a favor de admitir el material probatorio, sin votos en contra.

Durante el proceso, los abogados del presidente habían objetado las pruebas ofrecidas y cuestionado su presunta falta de rigor. Sin embargo, el tribunal parlamentario desestimó esos reparos y habilitó el avance del procedimiento hacia su etapa final.

El trámite continuará con la presentación de los alegatos y el posterior juzgamiento del mandatario en el ámbito del Congreso paraguayo.

Santiago Peña no se presentó en el Congreso de Paraguay

Más temprano, el Senado de Paraguay había rechazado el pedido de Peña para obtener una prórroga de 72 horas en el juicio político que se tramita en su contra. A las 12.10, el mandatario debía sentarse en el banquillo de los acusados, pero no lo hizo.

Cerca de las 13, sus abogados defensores se presentaron en el recinto y avisaron que estarían presentes para ejercer la defensa técnica del mandatario, quien concurriría recién al momento de los alegatos.

El titular del Poder Legislativo, Basilio "Bachi" Núñez, había convocado de urgencia a los líderes y vicelíderes de las bancadas para evaluar la solicitud, antes de que el pleno del Senado resolviera si mantenía el cronograma previsto, pero no hubo acuerdos. De esta manera, la decisión se trasladó al plenario, donde la solicitud obtuvo 44 votos en contra y solo 3 a favor.

Peña había presentado una nota formal dirigida a Núñez en la que pidió más tiempo para preparar su defensa y ofrecer pruebas. El mandatario argumentó que el plazo inferior a 12 horas que recibió para responder a las acusaciones resulta insuficiente para garantizar el debido proceso y el ejercicio de su derecho a la defensa.

En el documento hizo referencia a la notificación Nº 4217, fechada el 5 de noviembre, mediante la cual se le comunicó que debía formular su descargo. Según detalló, recibió la comunicación a las 22:15, acompañada por un escrito acusatorio de 15 páginas y documentación anexa que comprende unas 300 fojas.

El presidente sostuvo que necesita tiempo para elegir un abogado de confianza, analizar los cargos y preparar las pruebas correspondientes. Por ese motivo, solicitó una extensión de 72 horas.

Núñez consideró atendible el planteo relacionado con las garantías del derecho a la defensa y mencionó la posibilidad de que una eventual vulneración de esas condiciones derive en presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Para fundamentar su posición, hizo referencia a los antecedentes de los expresidentes Fernando Lugo y Raúl Cubas Grau.

Qué se cuestiona sobre Ueno Bank y los fondos públicos

El juicio político contra Peña se originó en la crisis de Ueno Bank, intervenido por el Banco Central de Paraguay luego de detectar incumplimientos en sus requisitos de solvencia. La entidad mantenía depósitos de millones de clientes y administraba importantes recursos públicos, entre ellos fondos de organismos previsionales.

Las acusaciones contra el mandatario incluyen los siguientes puntos:

• Presuntos conflictos de intereses por sus anteriores vínculos societarios con el Grupo Vázquez, conglomerado al que pertenece Ueno Bank
• Cuestionamientos sobre la colocación de fondos públicos en la entidad financiera
• Presuntas irregularidades en las operaciones crediticias con empresas vinculadas
• Cuestionamientos al desempeño de las autoridades del Banco Central de Paraguay en el control de la entidad

En ese contexto, la senadora opositora, Esperanza Martínez, denunció que fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) fueron colocados en Ueno. La legisladora cuestionó que se destinaran recursos previsionales a la entidad mientras el Gobierno responsabilizaba públicamente a docentes y trabajadores estatales por el déficit de la Caja Fiscal.

Martínez sostuvo que las colocaciones se realizaron pese a las advertencias y cuestionamientos sobre los vínculos entre Ueno y el poder político. También atribuyó responsabilidades al Poder Ejecutivo por el manejo de esos recursos.

Dentro de las cifras mencionadas en las denuncias figura un monto de u$s860 millones, de los cuales u$s350 millones corresponderían a ahorros previsionales. Se trata de montos incluidos en los cuestionamientos formulados durante el proceso, no de fondos cuya desaparición haya sido acreditada judicialmente.

Por qué Santiago Peña enfrenta un juicio político

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la acusación contra Peña y dispuso el inicio del juicio político. La decisión se tomó después de que los legisladores rechazaran un planteo similar contra el vicepresidente Pedro Alliana.

Luego se convocó a una sesión bicameral para tratar la renuncia de Peña a la Presidencia de Paraguay. Sin embargo, la reunión no pudo concluir porque legisladores del Partido Colorado se retiraron y dejaron sin quórum el encuentro.

Por ese motivo, la dimisión del mandatario todavía no fue aceptada y Peña continúa formalmente en el ejercicio de la Presidencia. La renuncia y el juicio político son dos procedimientos institucionales diferentes, por lo que la interrupción del tratamiento de la dimisión no impidió que avanzara el proceso de acusación.

Tras ese episodio, el Senado continuó con el procedimiento y aprobó la designación de los fiscales acusadores, encargados de sostener los cargos contra el mandatario.

La Cámara Alta convocó a Peña para este viernes a las 10, con el objetivo de que ejerciera su defensa. Ahora, el Congreso deberá analizar primero su pedido de prórroga y el Senado resolverá si le concede las 72 horas adicionales o mantiene el cronograma previsto para avanzar con el juicio político.