PROBLEMAS EN CONSORCIOS

Airbnb, mascotas y expensas: por qué vivir en un edificio es cada vez más conflictivo

Los reclamos entre vecinos se multiplican en los consorcios y exponen un problema de fondo: reglas viejas, costos altos y una convivencia sin gestión.
Por L.A.
REAL ESTATE - 11 de Enero, 2026

Ruidos molestos, uso de espacios comunes, mascotas, seguridad y control de gastos encabezan una lista cada vez más extensa de reclamos dentro de los consorcios. A eso se le suma un contexto donde las expensas presionan sobre el presupuesto familiar y obligan a revisar cómo se vive y se gestiona la convivencia entre vecinos en los edificios. Lejos de tratarse de conflictos aislados, los especialistas advierten que se trata de problemas estructurales vinculados a una forma de habitar que cambió más rápido que las reglas que la ordenan.

Ese malestar encuentra hoy un nuevo amplificador: el costo de mantener los edificios. El 2026 arrancó con aumentos que no pasaron desapercibidos. Desde el 1° de enero, las boletas de electricidad y gas subieron un 2,5%, el agua potable en el AMBA un 4% y comenzó a regir un nuevo esquema tarifario que elimina la segmentación tradicional. Ya no hay tres niveles. Hay hogares con subsidio y hogares sin él. Y aun los que conservan algún beneficio empiezan a sentir que el margen se achica.

Este escenario impacta de lleno en la vida consorcial. Edificios, clubes de barrio, complejos deportivos y urbanizaciones cerradas entran en un año donde cada kilovatio, cada metro cúbico de agua y cada servicio común pesa más en la cuenta final. Y eso se traduce, inevitablemente, en expensas más altas, que funcionan como catalizador de reclamos que muchas veces ya estaban latentes.

"Las boletas llegan más abultadas, pero el verdadero problema no es solo el aumento", explica Martín Eliçagaray, especialista en Tecnología aplicada a la Propiedad Horizontal y founder de Simple Solutions. "El punto crítico es que muchos consorcios no saben exactamente qué consumen, cuándo y por qué. Y cuando no se mide, no se gestiona. Y cuando no se gestiona, se paga de más".

A partir de enero, además, se fijaron topes de consumo subsidiado de 300 kWh en algunos meses y de 150 kWh en otros. Todo lo que exceda ese límite se paga a tarifa plena. Para edificios con amenities, SUM, gimnasios, piletas o iluminación permanente en espacios comunes, el impacto es inmediato y se traduce en discusiones concretas en asambleas y grupos de vecinos.

"En 2025 esto era una advertencia. En 2026 ya es una realidad", señala Eliçagaray. "Hoy vemos administraciones revisando horarios de uso, encendido de luces, bombas de agua, climatización. La conversación dejó de ser ideológica y pasó a ser práctica".

En ese contexto, empiezan a ganar espacio soluciones tecnológicas orientadas a eficiencia, control y trazabilidad del consumo. Sistemas de automatización que permiten, por ejemplo, que una cancha o un SUM se encienda solo cuando está reservado, que las luces se apaguen automáticamente o que se registre quién usa qué espacio y durante cuánto tiempo. "Cada luz que queda prendida sin uso hoy es plata tirada", resume. "Y eso, en expensas, se nota enseguida".

Sin embargo, el mapa de reclamos en los consorcios no se limita a las tarifas. Los conflictos clásicos siguen presentes y, en muchos casos, se intensifican cuando el margen económico se reduce.

Buenos vecinos

A partir de ahí, Eliçagaray propone correr el foco. Para él, en 2026 los problemas consorciales ya no pueden leerse como conflictos aislados entre vecinos, sino como síntomas de una estructura que quedó vieja frente a una forma de habitar distinta y mucho más intensa.

"Seguimos discutiendo ruidos molestos como si viviéramos en edificios de los años 90", plantea. "Pero hoy los departamentos son oficinas, gimnasios, aulas, consultorios y hogares al mismo tiempo. El problema no es el ruido en sí, sino que los reglamentos y la gestión no se adaptaron a esa realidad".

Según explica, uno de los reclamos más frecuentes aparece cuando no hay reglas claras ni criterios objetivos para ordenar la convivencia. "Multar al vecino o mandar cartas documento, no resuelve nada si el edificio no tiene reglas claras, mediciones objetivas y criterios actualizados", sostiene. "Sin datos, todo se vuelve subjetivo y termina en desgaste".

Lo mismo ocurre con las mascotas, un tema que dejó de ser anecdótico y hoy figura entre las principales fuentes de conflicto. "No alcanza con permitir o prohibir. El debate real es cómo se gestiona la convivencia", dice. Horarios, circulación por espacios comunes, uso de ascensores y limpieza aparecen como reclamos recurrentes. "Cuando no hay organización, el conflicto se personaliza y escala".

En cuanto a los espacios comunes, Eliçagaray advierte que el problema no es solo la alta demanda, sino el costo creciente de sostenerlos. "Ahora, cada SUM, parrilla o pileta es un gasto concreto en luz, agua y mantenimiento. Y cuando eso impacta en expensas, empiezan las peleas por quién usa más y quién paga menos".

Ahí vuelve a aparecer la falta de información como núcleo del conflicto. "Muchos consorcios no saben cuánto cuesta realmente tener un gimnasio abierto todo el día o una pileta climatizada", explica. "Entonces se discute desde la sensación, no desde números".

La seguridad también se reconfigura como reclamo central. Para Eliçagaray, el debate ya no pasa solo por portero sí o no, sino por control real de accesos. "Hay edificios donde nadie puede decir con certeza quién entra, a qué espacio y en qué horario. Eso no es solo un problema de seguridad, es un problema de convivencia".

Los alquileres temporarios profundizan esa tensión. "No se trata de demonizar Airbnb, sino de asumir que trae rotación constante de personas. Si no hay sistemas de registro y control, el consorcio pierde gobernabilidad", afirma.

Pero el punto que atraviesa todos los reclamos es el aumento sostenido de las expensas. "Este año se terminó la discusión abstracta. Hoy las expensas compiten directamente con el alquiler, la cuota del colegio o la prepaga", señala. "Y eso cambia el humor social dentro de los edificios".

En ese contexto, Eliçagaray insiste en que la tecnología "es una herramienta de orden". "Permite medir consumos, regular usos, transparentar costos y bajar la carga de conflictos personales".

Para el especialista, el verdadero salto pendiente es cultural. "El consorcio pasó a ser una pequeña organización que necesita gestión profesional", concluye. "El que no lo entienda en 2026, va a seguir discutiendo los mismos problemas de siempre, pero con expensas cada vez más altas y vecinos cada vez más cansados".

En síntesis, los reclamos en los consorcios pasaron a convertirse en un problema de gestión. Ruidos, mascotas, espacios comunes y seguridad no se explican solo por la falta de buena voluntad entre vecinos, sino por edificios pensados para una forma de habitar que ya no existe. Con expensas en alza, cada desorden se paga caro. El desafío, coinciden los especialistas, es empezar a ordenar los conflictos con reglas claras, información precisa y decisiones basadas en datos. La tecnología, en ese marco, no promete armonía, pero sí previsibilidad. 

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