Funcionarios de Caputo que sacaron créditos del Banco Nación negaron beneficios: "Como cualquier hijo de vecino"
Dos funcionarios clave del equipo del ministro de Economía, Luis Caputo, salieron a defender públicamente su toma de créditos hipotecarios del Banco de la Nación Argentina (BNA). Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), y Federico Furiase, secretario de Finanzas, aseguraron que accedieron en las mismas condiciones que cualquier cliente.
Las declaraciones se dieron en el programa de streaming "Las Tres Anclas", del canal ultraoficialista Carajo. Allí, ambos rechazaron que haya existido algún beneficio diferencial para funcionarios del Gobierno.
"Era la tasa más competitiva del mercado", afirmó Núñez al explicar por qué eligió esa opción de financiamiento. El funcionario remarcó que el BNA ofrecía las mejores condiciones disponibles y que su elección respondió a criterios puramente económicos, no a privilegios por su cargo.
La defensa de los funcionarios: "Fuimos como cualquier hijo de vecino"
Núñez fue contundente en su descargo. "Nosotros no hicimos nada ilegal ni inmoral. Fuimos como cualquier hijo de vecino a sacar un crédito, a la misma tasa y plazo que puede sacar todo el mundo que es apto", sostuvo.
El director del BICE agregó: "Elegimos el Banco Nación porque cobramos el sueldo ahí, somos clientes y ofrecía la tasa más competitiva del mercado".
El funcionario remarcó que no hubo condiciones especiales. "No hubo ni tasa subsidiada ni tasa preferencial ni nada de todas esas cosas que se dijeron", enfatizó.
También señaló que los créditos implican un compromiso de largo plazo. "Nuestras familias se están endeudando a 30 años para comprar una casa", dijo Núñez, buscando humanizar la situación.
Por su parte, Furiase buscó despejar dudas sobre su situación particular. "En mi caso, saqué un crédito para segunda vivienda, a una tasa incluso más alta", afirmó.
La aclaración respondió a versiones que circularon en los últimos días. Se especulaba con que el funcionario habría adquirido su tercera vivienda, algo que él mismo salió a desmentir.
"El crédito hipotecario UVA es un gran producto"
Ambos funcionarios enmarcaron la discusión en un plano más amplio. Defendieron el uso del crédito hipotecario como herramienta de acceso a la vivienda en Argentina.
"Es lo que hacen todos los países normales del mundo para acceder a una casa", dijo Furiase. El secretario de Finanzas planteó que la polémica no debería opacar la reaparición del crédito como instrumento de acceso a la vivienda tras años de ausencia en el mercado argentino.
En la misma línea, Núñez sostuvo que la difusión del tema puede tener un efecto positivo. "Demostró que el crédito hipotecario UVA es un gran producto para acceder a la casa", afirmó.
El funcionario agregó que estos préstamos permiten "ampliar el mercado inmobiliario y profundizar el mercado de capitales". Para Núñez, la visibilidad del tema podría impulsar a más argentinos a considerar esta vía de financiamiento.
La reaparición del crédito tras la estabilización macroeconómica
Los funcionarios también vincularon la reaparición de estos préstamos con el cambio de escenario económico. "La ventana del crédito hipotecario se abrió desde mediados de 2024 producto de la estabilización macroeconómica, la baja de la inflación y de las tasas", afirmó Furiase.
El secretario de Finanzas agregó que, tras años en los que los bancos financiaban mayormente al Estado, el crédito volvió a orientarse al sector privado.
En ese sentido, Núñez planteó que el fenómeno no se limita al mercado inmobiliario. "Antes no había crédito. Si uno ve lo que era Expoagro en 2024, era un cementerio. Hoy hay crédito en todos los segmentos", señaló.
El director del BICE afirmó que el financiamiento "se duplicó en términos reales" en el último año. Un dato que busca contextualizar la toma de créditos por parte de funcionarios como parte de una tendencia más amplia.
El BNA y la Justicia: sin irregularidades detectadas
Las declaraciones se dan en medio de cuestionamientos políticos y presentaciones judiciales. Varios sectores pidieron que se investigue el otorgamiento de créditos a funcionarios.
Tras varios días de silencio, el directorio del banco estatal se presentó ante la Justicia. Puso a disposición del juez Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita la documentación de los casos cuestionados.
Desde la entidad afirmaron que, tras auditorías internas, "no se detectó una sola irregularidad". El BNA remarcó que los préstamos cumplen con los requisitos establecidos por la normativa vigente.
El propio presidente Javier Milei y el ministro Caputo defendieron la operatoria en declaraciones públicas durante los últimos días. Ambos plantearon que la discusión debe centrarse en la legalidad de los créditos y no en especulaciones sobre supuestos privilegios, argumentando que todo se realizó dentro del marco normativo.
Cómo surgió la polémica: el sitio web que expuso los datos
La información se divulgó la semana pasada desde el sitio web "¿Cuánto deben?", desarrollado por el programador Andrés Snitcofsky. Se trata de un visualizador que permite seguir la evolución mensual de las deudas reportadas por figuras públicas.
Los datos provienen de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Es una base pública que registra el nivel de endeudamiento de todos los argentinos en el sistema financiero.
A partir de ese relevamiento comenzaron a circular nombres de funcionarios y dirigentes oficialistas con créditos hipotecarios de magnitud. Entre ellos figuran:
- Felipe Núñez: deuda inicial de $373.000.000 (unos u$s315.000) desde febrero de 2025, que se va actualizando
- Federico Furiase: pasivo de $367.059.000 (u$s280.787) desde agosto de 2025
- Pedro Inchauspe, director del Central: $510.654.000 (u$s345.492) desde diciembre de 2025
- Juan Pablo Carreira ("Juan Doe" en X), director nacional de Comunicación Digital: $112.948.000 (u$s76.417)
- Emiliano José Mongilardi, director de YPF: $309.507.000 (u$s207.766)
- Los diputados de LLA Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde: deudas entre $230 M y $279 M
La difusión de estos datos generó un debate público inmediato. Sectores de la oposición pidieron que se investigue si hubo trato preferencial.
El BNA y el Gobierno, por su parte, insistieron en que los créditos se otorgaron bajo condiciones objetivas y sin irregularidades. La documentación ahora está en manos de la Justicia.