Pensión por incapacidad 2026: cómo se evalúan las solicitudes y qué enfermedades suelen justificarla

Cuando una enfermedad o lesión reduce de forma permanente la capacidad para trabajar, las personas pueden pedir una pensión por incapacidad dentro del sistema de Seguridad Social. Este beneficio solo se concede cuando se confirma que el tratamiento indicado no permitió recuperar las funciones necesarias para ejercer una actividad laboral.

Sin embargo, el camino para lograrla suele ser exigente. De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el 53,47% de las solicitudes terminan rechazadas, y especialistas advierten que ese porcentaje podría ser incluso mayor en algunos distritos.

La exigencia responde a que la normativa no reconoce patologías automáticas que den derecho a cobrar una pensión: no hay un listado cerrado, y cada caso pasa por un análisis individual.

Cómo se define la incapacidad laboral

La evaluación final queda en manos del Tribunal Médico, que revisa exámenes clínicos, estudios complementarios y la historia laboral del solicitante. La entidad determina si el impacto funcional de la enfermedad encuadra en alguno de los cuatro tipos de incapacidad permanentes:

• Parcial
• Total
• Absoluta
• Gran invalidez

Además, según el caso, el organismo puede requerir informes adicionales y la intervención de ANSES, especialmente en trámites que involucran regímenes contributivos.

Quiénes pueden pedir la pensión

Pueden solicitar la pensión aquellas personas incorporadas en algún régimen de la Seguridad Social y que acrediten que su condición médica imposibilita continuar con su trabajo habitual o con cualquier otra tarea, dependiendo del grado de afectación.

La clave es demostrar no solo la existencia de una enfermedad, sino su impacto concreto en la capacidad productiva del solicitante. Por eso, el tribunal valora la evolución, los tratamientos aplicados, su eficacia y el tipo de actividad laboral previa.

Las enfermedades que con mayor frecuencia derivan en una pensión

Si bien no existe una lista oficial, algunos bufetes especializados elaboran estadísticas basadas en expedientes reales. A partir de esos datos, identificaron 78 patologías presentes en muchas resoluciones favorables, de las cuales 27 concentran la mayor cantidad de casos. Entre ellas:

1. Alzheimer: suele dar lugar a una pensión cuando el deterioro cognitivo genera dependencia y el tribunal lo certifica.
2. Arterioesclerosis: se valora el alcance de la claudicación intermitente y la limitación funcional para tareas específicas.
3. Artritis reumatoide: depende del nivel de afectación articular y de la pérdida de movilidad.
4. Artrosis: puede otorgarse si no hubo mejoría con tratamientos adecuados y se confirma escasa movilidad.
5. Cáncer: se analiza el impacto de las secuelas.
6. Cáncer de pulmón
7. Colitis ulcerosa: cuando es crónica y refractaria a los tratamientos.
8. Demencia: suelen reconocerse incapacidades permanentes absolutas.
9. Enfisema pulmonar: con marcadores del 60% o menos.
10. Epilepsia: se consideran la frecuencia de crisis, secuelas y respuesta a tratamientos.
11. Esclerosis múltiple: niveles funcionales desde 4 a 6.5 suelen justificar el beneficio.
12. Fibrilación auricular: cuando es crónica y no tiene más opciones terapéuticas.
13. Glaucoma: si la visión binocular es menor a 0,2.
14. Hernia cervical: cuando genera vértigos severos y persistentes.
15. Hipertensión pulmonar: se pondera la gravedad de la disnea y la falta de respuesta a la medicación.
16. Hipoacusia: en grados altos puede considerarse "gran invalidez".
17. Insuficiencia mitral
18. Insuficiencia renal crónica
19. Lumbalgia: solo cuando se demuestra deterioro funcional severo.
20. Lupus eritematoso sistémico
21. Miastenia gravis
22. Migraña: en casos con crisis altamente limitantes.
23. Parkinson: según la evolución y la incapacidad asociada.
24. Patologías de manos y muñecas
25. Pérdida de visión
26. Síndrome de Arnold Chiari
27. Trasplante de riñón

Por qué no alcanza solo con tener un diagnóstico

El Tribunal Médico no evalúa únicamente el nombre de la enfermedad, sino cómo afecta la vida diaria y la actividad profesional. Se estudian: la movilidad, la autonomía, la capacidad cognitiva, el dolor, las secuelas y los tratamientos disponibles. También se tiene en cuenta si es posible que la persona se reinserte en otro empleo distinto al habitual.

Por eso, dos personas con la misma patología pueden obtener fallos distintos: cada expediente se analiza de forma completamente individual.

Qué ocurre después del dictamen

Cuando la incapacidad es aprobada, se fija el grado correspondiente y el monto de la pensión. En algunos casos, se establece también la obligación de someterse a revisiones periódicas, especialmente si la enfermedad puede evolucionar o si existe expectativa de recuperación funcional parcial.

En cambio, si la solicitud es rechazada, el afectado puede presentar un recurso, aportar nuevas pruebas o recurrir a instancias superiores. Muchos trámites que inicialmente se deniegan terminan siendo aceptados en etapas posteriores, una situación que especialistas califican como frecuente.

Un proceso complejo que requiere acompañamiento

Solicitar este tipo de pensiones implica reunir historia clínica, certificados, tratamientos previos, estudios actuales y evidencia de la limitación laboral. Por eso, abogados especializados destacan la importancia de preparar el expediente con precisión para evitar rechazos por falta de documentación o criterios no demostrados.

Aunque el camino puede ser largo, el sistema contempla esta prestación como una herramienta esencial para quienes ya no pueden sostener su vida laboral por razones de salud.