El gerente de una prepaga usó la clave fiscal de un afiliado para cambiarlo de obra social sin avisar

En el marco de una suspensión del juicio a prueba, el Tribunal Oral Federal N°1 de Córdoba resolvió que Pablo Rodolfo Bayo, gerente de una empresa de medicina prepaga, deberá abonar $43.285.714,32 en concepto de reparación a una paciente con cáncer que quedó sin cobertura luego de que se modificaran de manera ilegítima sus datos en el sistema informático.

La decisión fue adoptada por el juez Julián Falcucci, tras una propuesta presentada por la defensa del empresario y aceptada tanto por la víctima como por su esposo, quienes manifestaron su voluntad de avanzar hacia esta solución. A su vez, el magistrado hizo lugar a un planteo del Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal general Carlos Gonella, quien requirió que, además de la reparación económica, y considerando la capacidad patrimonial del imputado y la gravedad del hecho, Bayo deba programar y asistir a un curso de capacitación en perspectiva de género destinado a todo su personal, en reemplazo del cumplimiento de las tareas comunitarias.

Causa judicial: los detalles de la maniobra y el impacto en la salud de la paciente

La suspensión del proceso también alcanzó a una empleada administrativa, involucrada en la maniobra. De acuerdo con la acusación, tanto el gerente como la trabajadora insertaron datos personales falsos en el sistema, lo que derivó en una migración irregular de la afiliación de la mujer hacia otra obra social con la cual la prepaga no tenía convenio.

La imputación contempló los delitos de inserción ilegítima de datos en un archivo informático en concurso ideal con abandono de persona agravado, debido al grave daño ocasionado en la salud de la víctima. Ambas personas fueron consideradas coautoras. El juez estableció además reglas de conducta por un año, entre ellas fijar domicilio, quedar a disposición de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP) y asistir al curso obligatorio.

El matrimonio se encontraba afiliado desde 2013 a la Obra Social de los Capataces y Estibadores Portuarios, cuyas prestaciones eran brindadas por Bramed SRL. El 28 de diciembre de 2020, la mujer fue diagnosticada con Linfoma de Hodgkin en el Sanatorio Allende y requirió una cirugía cardíaca de urgencia por acumulación de líquido en el pericardio.

La investigación acreditó que el acceso al sistema se realizó desde una computadora de Bramed, identificada por su dirección IP. En abril de 2021, al comunicarse con la prepaga, el afiliado fue notificado de que ya no contaban con cobertura. Al acercarse a las oficinas, la empleada imputada le aseguró que él mismo había gestionado el cambio utilizando su clave fiscal.

Mientras la paciente seguía internada, recibió un llamado desde Bramed solicitando la clave fiscal de su esposo, supuestamente para "rectificar datos y proveer medicación". Sin poder hablar, ella derivó el contacto a su pareja, quien intentó verificar la autenticidad del pedido por correo electrónico con la empresa. La empleada implicada confirmó que el número de teléfono era institucional.

El 4 de enero de 2021, confiando en esa información, el hombre envió la clave fiscal por WhatsApp. Luego, bajo instrucciones del gerente, personal de Bramed utilizó esas credenciales para migrar al afiliado hacia la obra social de Ministros, Secretarios y Subsecretarios, ajena a la prepaga. El cambio, realizado sin consentimiento, quedó asentado en la base de datos de la Superintendencia de Servicios de Salud.

La investigación llegó a la conclusión de que el acceso se realizó desde una computadora de Bramed con su dirección IP. En abril de 2021, al comunicarse con la prepaga, el afiliado fue informado de que ya no contaban con cobertura. Al presentarse en las oficinas, la empleada imputada le aseguró que él mismo había gestionado el cambio, utilizando su clave fiscal.

Entre el cambio registrado y el impacto que produjo en el sistema, la paciente comenzó su tratamiento oncológico, pero sufrió reiterados incumplimientos en la entrega de medicación y prestaciones. Esto derivó en graves complicaciones de salud, múltiples intervenciones quirúrgicas cardiovasculares de urgencia y, según la acusación, un deterioro físico y psíquico "de carácter irreversible".