Córdoba busca castigar a padres que no cumplan con el calendario nacional de vacunas
La provincia de Córdoba se puso a la vanguardia de una política sanitaria que genera debate pero que busca, ante todo, blindar la salud de los más chicos. En un contexto donde la desinformación y los movimientos que cuestionan la eficacia de las vacunas ganaron terreno, el Gobierno provincial presentó un proyecto de modificación del Código de Convivencia Ciudadana de la provincia para garantizar la obligatoriedad de las vacunas del Calendario Nacional. La premisa es clara: el derecho individual de los padres a decidir sobre la crianza no puede estar por encima del derecho colectivo a la salud y, fundamentalmente, del derecho superior del niño a estar protegido contra enfermedades evitables.
La iniciativa, que será tratada en 2026, surge como una respuesta directa a la caída en las tasas de inmunización que se registró en los últimos años. Las autoridades sanitarias advierten que, cuando la cobertura baja de ciertos niveles críticos, se abre la puerta al reingreso de virus que ya no circulaban en el país. La intención es que la omisión de la vacunación obligatoria deje de ser una falta menor para convertirse en una infracción con consecuencias legales tangibles y ejemplificadoras para los adultos responsables.
Multas de hasta 330 mil pesos y días de cárcel por falta de vacunación en Córdoba
En caso de aprobación, el mecanismo de sanción se activaría una vez que se detecta el incumplimiento del Calendario Nacional de Vacunación. Según lo estipulado, aquellos padres o tutores que no puedan justificar debidamente la falta de dosis en los menores a su cargo se enfrentarán a multas que escalan rápidamente. Los montos se calculan en Unidades Multa y, a valores actuales, pueden superar los $330.000. Este impacto económico busca ser el primer disuasivo para que las familias regularicen la situación de los niños en los centros de salud de manera inmediata.
Sin embargo, el punto que más impacto genera es la posibilidad de arresto. El Código de Convivencia de Córdoba prevé penas de hasta cinco días de prisión para quienes persistan en la conducta de no vacunar a sus hijos. Esta sanción se reservaría para los casos de rebeldía extrema, donde los progenitores se niegan a cumplir con la normativa incluso después de haber sido intimados judicialmente. El objetivo de la detención no es solo punitivo, sino que busca subrayar la gravedad de poner en riesgo la inmunidad de rebaño de toda la comunidad.
El proceso de control y la vacunación compulsiva
El sistema de control comienza, en la mayoría de los casos, en el ámbito escolar y en las consultas pediátricas de rutina. Los directivos de los colegios tienen la obligación de notificar si un alumno no presenta el carnet sanitario completo. A partir de allí, se inicia un proceso de acompañamiento y notificación. Si tras las advertencias los padres no acceden, la Justicia puede ordenar la vacunación compulsiva. Esto implica que el Estado garantiza la aplicación de las dosis correspondientes, incluso sin el consentimiento de los adultos, para asegurar la protección del menor.
Desde el ámbito legal, se destaca que estas medidas no son arbitrarias, sino que están respaldadas por la Ley Nacional 27.491. Esta ley establece que las vacunas son obligatorias y gratuitas, y que el Estado debe garantizar su acceso. En las localidades del interior cordobés y en la capital, los controles se intensificarán especialmente antes del inicio de los ciclos lectivos, asegurando que cada niño que ingrese al aula cuente con el escudo biológico necesario para prevenir brotes de enfermedades como el sarampión, la rubéola o la poliomielitis.