El Senado comienza a debatir el nuevo proyecto de ley sobre salud mental: qué establece
El Senado debatirá este miércoles un proyecto que puede cambiar radicalmente el abordaje de la salud mental en Argentina. La reforma impulsada por el Gobierno permitiría internar a pacientes sin su consentimiento, una práctica que la ley vigente desde 2010 prácticamente prohibió.
El texto también incorpora las adicciones a drogas como una enfermedad de salud mental. Esa definición implica que el consumo problemático deberá tratarse con los mismos protocolos que otros trastornos psiquiátricos.
La discusión arranca a las 16.30 en un plenario de las comisiones de Salud y Legislación General. La primera se constituirá ese mismo día y quedará presidida por la senadora de La Libertad Avanza Ivanna Marcela Arrascaeta. La segunda ya está a cargo de la libertaria neuquina Nadia Márquez.
El proyecto divide aguas: familiares de personas con adicciones reclaman hace años esta reforma porque consideran que la ley actual no les da herramientas para ayudar a quienes sufren consumos graves. Pero el kirchnerismo y organizaciones de derechos humanos rechazan los cambios por considerar que vulneran garantías fundamentales.
Qué dice la reforma sobre las adicciones como enfermedad mental
El texto enviado por el Ejecutivo establece con claridad: "las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental". Esa frase marca un giro en el enfoque oficial.
La norma agrega que el uso, abuso o adicción al consumo de sustancias —legales o ilegales— relacionado con afecciones del comportamiento debe ser abordado "teniendo en cuenta la singularidad de cada persona y el momento o la etapa del consumo". También garantiza que se respeten todos los derechos que establece la ley en la relación con los servicios de salud.
La integración formal de las adicciones a las políticas de salud mental permite que la autoridad de aplicación defina dispositivos específicos, tanto ambulatorios como de internación, para tratar estos cuadros con protocolos estandarizados.
Internaciones sin consentimiento: qué cambia y qué criterios rigen
El punto más polémico del proyecto es la flexibilización de los criterios de internación. La reforma habilita que se pueda internar de forma obligatoria sin el aval del paciente, una situación que hoy está casi vedada por la normativa de 2010.
La ley vigente solo contemplaba esas internaciones en casos extremos bajo el concepto de "riesgo cierto e inminente". El nuevo texto reemplaza esa expresión por "situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros".
Ese cambio de redacción amplía el margen de acción de los equipos médicos. Ya no se exige que el riesgo sea inminente, sino que basta con que sea grave.
La norma aclara que la internación sigue siendo un "recurso terapéutico excepcional". Solo puede llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios que el resto de las intervenciones realizables en el entorno familiar, comunitario o social del paciente.
El proyecto también fija que debe promoverse el mantenimiento de vínculos, contactos y comunicación de las personas internadas con sus familiares, allegados y con el entorno laboral y social. Solo en excepciones fundadas terapéuticamente el equipo de salud podrá limitar esos contactos.
Qué control judicial tendrán las internaciones forzosas
Para evitar abusos, la reforma establece plazos estrictos de notificación a la Justicia. Toda internación involuntaria deberá comunicarse a un juez en un plazo de 24 horas, con los fundamentos médicos que la justifican.
Luego, en las 48 horas siguientes, el centro de salud debe enviar al magistrado toda la documentación respectiva del caso. Eso incluye evaluaciones psiquiátricas, informes del equipo tratante y cualquier otro elemento que respalde la medida.
Ese doble control busca garantizar que ninguna internación sin consentimiento se prolongue sin supervisión judicial, aunque organizaciones de derechos humanos advierten que en la práctica los juzgados no siempre pueden revisar cada caso con la profundidad necesaria.
Más peso para los psiquiatras en las decisiones clave
Otro cambio sustancial es el refuerzo del rol médico-psiquiátrico en la toma de decisiones. El proyecto mantiene que la atención debe estar a cargo de equipos interdisciplinarios, pero incorpora como requisito obligatorio la presencia de un médico psiquiatra en esos equipos.
La evaluación médica tendrá mayor peso en decisiones clave como diagnósticos, tratamientos e internaciones. Eso contrasta con el enfoque actual, que buscaba distribuir ese poder entre distintos profesionales: psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, terapistas ocupacionales.
Los impulsores de la reforma argumentan que esa jerarquización del rol psiquiátrico mejora la calidad técnica de las intervenciones. Los críticos sostienen que desvaloriza otros saberes y concentra excesivamente el poder de decisión en una sola disciplina.
Qué sigue ahora en el Congreso
La discusión de este miércoles en comisiones es el primer paso formal del trámite parlamentario. Si el dictamen sale con consenso suficiente, el texto podría llegar al recinto del Senado en las próximas semanas.
El kirchnerismo ya anticipó que votará en contra. Organizaciones de derechos humanos, profesionales de la salud mental y usuarios del sistema preparan documentos con observaciones técnicas y jurídicas al proyecto.
Familiares de personas con adicciones graves, en cambio, impulsan la sanción rápida de la norma. Reclaman hace años que la ley de 2010 dejó a sus seres queridos sin herramientas efectivas de tratamiento y esperan que esta reforma corrija esa situación.