Mario Lugones avanza con una reforma que cambiará la prescripción de medicamentos en todo el país
El Gobierno nacional impulsa una reforma de la Ley de Ejercicio de la Medicina que podría transformar radicalmente cómo funcionan las prescripciones médicas en Argentina. La iniciativa, liderada por el ministro de Salud, Mario Lugones, propone que los médicos sólo puedan indicar tratamientos vinculados a su propia especialidad.
La medida apunta a dos objetivos centrales: reforzar los controles sobre el gasto sanitario y reducir la judicialización del sistema de salud. El ministro busca ordenar un esquema donde hoy cualquier médico matriculado puede prescribir prácticamente cualquier tratamiento, sin importar su especialidad ni si está en actividad.
Lugones presentó la propuesta durante una jornada sobre salud que reunió a funcionarios, jueces, legisladores y representantes de obras sociales y prepagas. El encuentro sirvió para analizar el funcionamiento del sistema de mediación PROMESA, según reveló el periodista Pablo Sigal en Clarín.
En su exposición, el ministro remarcó la necesidad de "controlar muy bien el gasto y a los médicos", especialmente en tratamientos de alto costo. Para graficar el problema, usó su propio caso como ejemplo.
Lugones es cardiólogo pero hace años que no ejerce. Sin embargo, hoy todavía podría prescribir tratamientos cardiovasculares sin ninguna restricción. Esa posibilidad es precisamente lo que la reforma busca eliminar.
Qué cambia con la nueva ley y cuándo entraría en vigencia
Desde el Ministerio de Salud aclararon que el proyecto aún está en análisis y podría sufrir modificaciones antes de su presentación formal. La cartera sanitaria sostiene que se trata de una actualización necesaria.
La actual Ley de Ejercicio de la Medicina rige desde 1967. Casi seis décadas después, el Gobierno considera que quedó desactualizada frente a los cambios tecnológicos, los nuevos procedimientos médicos y la evolución de la relación entre pacientes y profesionales.
La reforma establecería que cada médico sólo podrá recetar medicamentos y tratamientos correspondientes a su especialidad certificada, lo que implicaría un control cruzado entre matrículas profesionales y prescripciones realizadas.
El ministerio aún no precisó plazos de implementación ni detalló cómo funcionaría el mecanismo de control. Tampoco aclaró si habrá excepciones para zonas rurales o localidades sin especialistas disponibles.
Por qué el Gobierno apunta a frenar los amparos judiciales contra obras sociales
Uno de los argumentos centrales del oficialismo es que el actual esquema de prescripción alimenta una avalancha de amparos judiciales. Esos juicios enfrentan a pacientes contra obras sociales y prepagas por cobertura de tratamientos.
Durante el encuentro, jueces federales expusieron cifras contundentes: cerca del 70% de las causas en los juzgados civiles y comerciales federales están vinculadas a reclamos de salud. El dato refleja la magnitud del problema.
"No somos expertos. Nos urgen los dramas de las familias y de los pacientes", afirmó el juez federal Alfredo Guzmán. Su declaración sintetiza la tensión que vive el Poder Judicial al mediar en cuestiones médicas complejas.
El Gobierno sostiene que muchos de esos amparos surgen porque médicos sin especialización en determinadas áreas recetan tratamientos costosos. Las obras sociales y prepagas los rechazan, y los pacientes terminan judicializando.
La nueva ley buscaría reducir esa conflictividad al establecer un criterio más estricto: si un médico no está especializado en un área, no podrá prescribir tratamientos de esa especialidad, lo que dificultaría amparos basados en recetas cuestionables.
Qué otras reformas prepara el Gobierno para el sistema de salud
La modificación de la Ley de Ejercicio de la Medicina no es la única reforma en marcha. El superintendente de Servicios de Salud, Claudio Stivelman, confirmó que el Gobierno también trabaja en una actualización del Programa Médico Obligatorio (PMO).
El PMO define qué prestaciones deben cubrir obligatoriamente todas las obras sociales y prepagas del país. Su reforma apuntaría a delimitar con mayor precisión qué tratamientos entran en esa canasta básica.
Además, se analiza introducir cambios en la agencia encargada de evaluar tecnologías sanitarias. Ese organismo determina qué medicamentos y procedimientos tienen respaldo científico suficiente para ser incorporados al sistema.
Otra medida en carpeta es convertir en obligatorio el sistema PROMESA. Hoy funciona como instancia de mediación voluntaria entre pacientes y financiadores de salud, pero el oficialismo busca hacerlo obligatorio antes de que un caso llegue a la Justicia.
La estrategia del Gobierno combina control del gasto, ordenamiento de prescripciones y descompresión judicial. Las reformas apuntan a un mismo objetivo: reducir el costo del sistema de salud y limitar la cantidad de litigios que lo atraviesan.