Una mujer demanda a AstraZeneca y al Estado tras denunciar secuelas por la vacuna contra el Covid-19
Una vecina de la localidad cordobesa de Coronel Moldes inició una demanda civil contra AstraZeneca y el Estado nacional al sostener que desarrolló un cuadro neurológico luego de recibir una dosis de la vacuna contra el Covid-19. La acción judicial reclama una indemnización por distintos conceptos y cuestiona parte de la normativa que reguló la adquisición de vacunas durante la pandemia.
El expediente reúne documentación médica, administrativa y laboral que fue incorporada como prueba y que será analizada por la Justicia durante el proceso. Entre los puntos centrales del caso se encuentra la discusión sobre la existencia o no de un vínculo causal entre la aplicación de la vacuna y el diagnóstico posterior de síndrome de Guillain-Barré, un aspecto que deberá determinarse mediante la producción de pruebas y las pericias correspondientes.
La demanda también incluye un planteo sobre la constitucionalidad de diversos artículos de la Ley 27.573, norma que reguló la compra de vacunas contra el Covid-19 y estableció un mecanismo de reparación económica para personas que acrediten daños derivados de la vacunación.
Qué reclama la mujer que demandó a AstraZeneca y al Estado
La demandante es Flavia Ochoa, residente de Coronel Moldes, en la provincia de Córdoba. Según consta en la presentación judicial, recibió el 4 de enero de 2022 la tercera dosis de la vacuna de AstraZeneca en un centro de vacunación de esa localidad.
De acuerdo con el escrito presentado ante la Justicia, pocas horas después de la aplicación comenzaron dolores musculares intensos y fuertes calambres. Al día siguiente, siempre según el relato incorporado a la causa, experimentó una pérdida progresiva de movilidad que motivó consultas médicas y posteriormente su derivación a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Río Cuarto.
La mujer aseguró que los primeros síntomas aparecieron durante la noche posterior a la vacunación.
"Empecé a sentir unos calambres muy fuertes, dolores muy intensos. Me acosté y al otro día, cuando me quise levantar para ir a trabajar, no me pude levantar. Me caí peso muerto al costado de la cama. No podía mover brazos, después no podía mover piernas", relató.
La demanda solicita una indemnización por incapacidad sobreviniente, daño moral, daño emergente, pérdida del proyecto de vida y daño punitivo. Además, plantea la inconstitucionalidad de distintos artículos de la Ley 27.573 y, de manera subsidiaria, solicita el acceso al fondo de reparación previsto por esa normativa.
El diagnóstico médico incorporado al expediente
Según la documentación acompañada en la causa, Ochoa fue atendida en el Sanatorio Privado de Río Cuarto, donde se le realizaron estudios por imágenes, una punción lumbar y diversos análisis complementarios.
Tras esos procedimientos, los profesionales intervinientes diagnosticaron un síndrome de Guillain-Barré con cuadriparesia. La historia clínica y los informes médicos incorporados al expediente indican que recibió tratamiento con gammaglobulina, dexametasona y un proceso de neurorehabilitación.
Entre la documentación presentada figuran certificados firmados por el neurólogo tratante, quien describió un cuadro de cuadriparesia flácida que inicialmente requirió el uso de silla de ruedas y posteriormente dispositivos de asistencia para la marcha.
También fueron incorporadas al expediente indicaciones médicas de rehabilitación, prescripciones para el uso de silla de ruedas, constancias vinculadas al tratamiento y el Certificado Único de Discapacidad.
La mujer indicó que continúa realizando rehabilitación varias veces por semana y que actualmente utiliza un andador para desplazarse.
"Hoy sigo con rehabilitación tres veces por semana y puedo caminar con andador. El neurólogo ya me dijo que esa es la secuela que me quedó. Vivo con dolores intensos todo el tiempo, tengo que usar collarín y me canso muchísimo. Mi vida cambió un antes y un después", expresó en declaraciones a Noticias Argentinas.
La documentación presentada ante la Justicia
El expediente reúne decenas de documentos médicos y administrativos que buscan respaldar el planteo formulado por la demandante.
Entre la prueba incorporada se encuentran:
- Historia clínica
- Informes neurológicos
- Estudios complementarios
- Certificados médicos
- Constancias de denuncia de Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización (ESAVI)
- Reporte remitido a la ANMAT
- Certificado Único de Discapacidad
- Recibos laborales
- Dictamen de la Comisión Médica de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo
Uno de los documentos centrales es el dictamen de la Comisión Médica de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que determinó una incapacidad laboral del 75,60%, porcentaje que constituye uno de los fundamentos del reclamo indemnizatorio.
No obstante, la existencia de esa incapacidad no implica, por sí misma, el reconocimiento de una relación causal entre la vacuna y el cuadro neurológico, cuestión que forma parte del objeto del litigio y deberá ser resuelta por la Justicia.
El reclamo administrativo previo al juicio
Antes de iniciar la demanda judicial, Ochoa promovió el procedimiento administrativo establecido por la Ley 27.573 para quienes sostienen haber sufrido daños relacionados con las vacunas contra el Covid-19.
Según consta en la presentación, el trámite fue analizado por la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas, organismo que concluyó que no podía establecerse un nexo causal entre la vacunación y el evento denunciado.
Como consecuencia de esa decisión, el reclamo administrativo fue rechazado.
La demandante cuestionó esa resolución y decidió iniciar la acción judicial.
"Primero hicimos el reclamo administrativo. No obtuvimos ninguna respuesta favorable y entonces decidimos iniciar el juicio. La causa está muy lenta, está media frenada", señaló.
En el proceso también solicita, de manera subsidiaria, que se reconozca el derecho a acceder al fondo de reparación creado por la Ley 27.573 para los casos en que se acrediten daños derivados de la vacunación.
Qué deberá resolver la Justicia
Uno de los aspectos centrales del expediente será determinar si existe o no una relación causal entre la aplicación de la vacuna de AstraZeneca y el síndrome de Guillain-Barré diagnosticado posteriormente.
La demanda sostiene que ambos hechos se encuentran vinculados y que el cuadro neurológico apareció luego de la vacunación.
Sin embargo, esa afirmación integra el objeto del proceso judicial y deberá ser analizada mediante la producción de prueba documental, informes técnicos, pericias médicas y demás actuaciones que se desarrollen durante el expediente.
La resolución del caso dependerá de la valoración que realice el tribunal sobre los elementos probatorios incorporados por las partes y las conclusiones de los especialistas que intervengan durante el proceso.
Qué es el síndrome de Guillain-Barré
El síndrome de Guillain-Barré es un trastorno neurológico poco frecuente en el que el sistema inmunológico afecta los nervios periféricos, provocando distintos grados de debilidad muscular y alteraciones motoras.
Entre sus manifestaciones pueden presentarse pérdida de fuerza, dificultades para caminar y, en algunos casos, compromiso de los músculos respiratorios. La evolución y la recuperación varían según cada paciente y requieren seguimiento médico especializado.
Durante la campaña mundial de vacunación contra el Covid-19, distintos organismos regulatorios realizaron un seguimiento específico de este síndrome como parte de los sistemas de farmacovigilancia.
La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) incorporó al prospecto de la vacuna Vaxzevria, desarrollada por AstraZeneca, al síndrome de Guillain-Barré como una reacción adversa muy rara. Al mismo tiempo, el organismo sostuvo que, tras evaluar la evidencia disponible, el balance general entre los beneficios y los riesgos de la vacunación continuó siendo favorable.
Ese antecedente regulatorio forma parte del contexto sanitario internacional, aunque no implica que todos los casos diagnosticados después de una vacunación tengan una relación causal con la aplicación de la dosis. La determinación de ese vínculo requiere una evaluación individual basada en evidencia clínica, epidemiológica y pericial.
Mientras tanto, la demanda presentada por Flavia Ochoa continúa su trámite en la Justicia federal, donde se analizarán los antecedentes médicos, administrativos y las pruebas que aporten las partes para resolver el planteo sobre la eventual responsabilidad de AstraZeneca y del Estado nacional en el caso.