En 2016 el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) anunció un plan para combatir el robo de teléfonos móviles. Entre otras medidas figura en esa iniciativa el bloqueo de los terminales robados.

Este martes se inició una nueva etapa, establecida en ese programa, con el bloqueo de los celulares que figuren con una etiqueta ("tag") inválida, es decir, falsificados o duplicados y que hoy funcionan en las redes de los operadores.

Según explicaron a iProfesional desde el Enacom, se trata de equipos que no fueron dados de baja por sus ex propietarios. Sin embargo, cuando a ese teléfono robado otro usuario quiera ponerle un chip nuevo, dejará de funcionar.

Así, ante la nueva asociación de un chip con un teléfono que figura en la lista de los celulares robados, conformados por su identificador global (IMEI), se bloqueará al equipo. Sin embargo, continuarán funcionando aquellos celulares que figuren en la lista de IMEI pero que mantiene el chip anterior al robo, dijeron desde el Enacom.

El mercado negro de celulares está estimado en 3 millones de unidades, y representa el 30% del mercado formal y perjuicios por entre 800 millones y 1.000 millones de dólares. El objetivo del plan oficial es desactivar el uso de las terminales vendidas por fuera del circuito legal, pero no está enfocada al turista que compra un celular en el exterior, sino en los comercios y cuevas que ofrecen celulares de media y alta gama a precios muy por debajo del promedio del mercado.

Cada teléfono tiene un IMEI (por sus siglas International Mobile Station Equipment Identity), un código único que emite el celular a la red cuando se activa y que informa marca, modelo, origen y lugar de venta, entre otras variables.

La denominada "lista negra enriquecida" implica que los fabricantes y marcas deben remitir al Enacom los IMEI de sus equipos (producidos o importados legalmente),

dejando afuera el resto, que conforma el mercado informal que incluye a los que viajan al exterior y se traen uno o dos "smartphones", y a los cargamentos que pasan por las fronteras ilegalmente.

La "lista negra" se nutre de las personas que denuncian robos o pérdidas para que las telefónicas bloqueen los IMEI.  Si un celular se activa y no está registrado, a la empresa telefónica le aparece un cartel y el usuario debe presentar la factura de compra correspondiente.

El propio funcionamiento de la red permite conocer la envergadura de la informalidad: cada marca conoce al detalle la cantidad de equipos que están en uso, el país de origen y el lugar de compra.

En el caso de la medida que comienza a aplicarse este martes, se trata de una iniciativa en conjunto del Enacom, la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) porteñas y la Dirección Nacional de Migraciones.

Con un promedio de seis clausuras por semana de comercios dedicados a la venta de teléfonos usados se busca impedir el uso, la comercialización, importación y exportación de este tipo de dispositivos obtenidos en maniobras delictivas o fraudulentas.

De los 460 smartphones recuperados durante los recientes operativos realizados en galerías y paseos de compra de los barrios porteños de Liniers, Once, Constitución, Pompeya, Retiro y el microcentro, se encontró que varios provenían de Brasil, Chile y los Estados Unidos. El personal del Enacom chequea en el lugar el número de IMEI de los equipos contra una base de datos mundial y así detecta los que figuran como robados.

La GSMA cuenta con la base de datos más grande a nivel mundial sobre todos aquellos teléfonos cuyo número de IMEI fue denunciado como robado o extraviado. Esta asociación es la que le informa los datos al Enacom para evitar que los aparatos vuelvan a ser activados en alguna de las redes de las empresas de telefonía.

A nivel mundial, 122 operadores de 44 países aportan información de los teléfonos robados y extraviados a la "lista negra". En América latina participan 52 operadores de 18 países.