Una base de datos con múltiples errores, al punto que figuran dos personas de 2 y 3 años buscadas por asalto y robo. Una lista que no está debidamente actualizada y que, además, de los supuestos bebés aludidos contiene a 61 menores. Estas fueron algunas de las observaciones que el relator de privacidad de la ONU, Joseph Canatacci, realizó sobre el sistema de Consulta de Rebeldías y Capturas (CONARC) que sirve para apresar a prófugos de la justicia en el informe preliminar luego de su visita de 10 días a la Argentina.

Si bien el funcionario se ocupó de señalar que ha habido importantes avances en distintas áreas de Gobierno, no dejó de marcar los problemas más serios que muestran los sistemas de seguridad y de justicia en relación al manejo de los datos y la privacidad de las personas, más allá del status legal en que se encuentren.

Además de cuestionar al CONARC, sistema sobre el que se apoya el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para dar soporte a la videovigilancia que comenzó a operar el pasado 25 de abril, y que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, también alertó sobre la falta de tecnología que poseen otras áreas de la Justicia, como la Dirección de Asistencia Legal en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) desde donde se realizan las interceptaciones telefónicas. Y sobre la necesidad de avanzar en una ley de protección de datos personales nueva, entre otros puntos.

El relator marcó una serie de falencias en el sistema de CONARC que, hasta el 16 de mayo pasado, contaba con una lista de 46.479 personas que, se supone, están prófugas de la justicia y han cometido delitos graves, como violaciones, extorsiones u homicidios.

Sin embargo, el sistema no sólo contiene el nombre y la edad de la persona buscada sino también los de su madre y su padre con su respectivo DNI, el tipo de delito por el que se los busca y la autoridad que emitió la orden.

"Aunque el número de identificación podría ser una herramienta importante para que las autoridades lleven a cabo un arresto, no veo cómo podría considerarse necesario divulgar esa información al público", se señaló en el reporte preliminar.

También advirtió que la lista contiene no sólo a los buscados por delitos graves sino por crímenes menores, como el robo simple, de los cuales hay 3.259 expedientes, es decir, un 8% del total. En otro 29,5% de las personas buscadas no hay información sobre el delito por el cual se realiza la pesquisa.

Peor aún, en la consideración de Canatacci, la lista contiene a 61 menores de edad, lo que se choca con la Convención sobre los Derechos del Niño ratificada por la Argentina.

"La base de datos contiene múltiples errores –sigue el informe-: por ejemplo, dos personas figuran como de 2 y 3 años de edad buscadas por asalto y robo. Debido a la posible violación del derecho a la privacidad de una persona, debe garantizarse escrupulosamente la exactitud de dicha lista".

A esto se suma que esa lista no está debidamente actualizada por los tribunales penales de todo el país. De modo que si se suma la falta de información clara vinculada con los malos que se busca vía la CONARC habría casi un 40% de personas mal buscadas o sobre las que hay información errónea. Y si esa información está mal ¿cómo puede funcionar bien un sistema de videovigilancia?

Sobre más de 46.000 personas en esa base, si se quita ese 40%, se trataría de 30.000 personas buscadas, más allá de la actualización diaria que, a conciencia, deberían realizar las autoridades penales del país.

"Claramente, la base de datos tiene errores que podrían llevar al arresto de un bebé de tres años. No todos son violadores o asesinos seriales. Según cómo se mire, se trata de un porcentaje X cada 1.000 habitantes, y esa relación puede ser un poco mucho pues no cumple con los estándares. La ley dice que la base es para capturar a los sospechosos de delitos graves y no parece ser lo que es. Invitamos a que el Gobierno revea y reconsidere esta situación", subrayó Canatacci, durante la presentación del informe preliminar.

El informe se concentró luego en el sistema de videovigilancia implementado en 2016 en la Ciudad de Buenos Aires y que, en abril pasado, comenzó a utilizar la base de la CONARC para apresar a los prófugos de la justicia.

"Los ejemplos de otras ciudades han demostrado que la mejora de la seguridad pública mediante la instalación de cámaras de vigilancia es cuestionable en algunos casos y justificable en otros. La justificación de tal sistema, su legitimidad, necesidad y proporcionalidad deberían haberse establecido mediante una evaluación del impacto en la privacidad (PIA, su sigla en inglés) que no parece haberse llevado a cabo", siguió el informe.

Cannataci cuestionó que se use la base de la CONARC por los errores que contienen además de manifestarse preocupado por la inexistencia de una PIA. Agregó, a su vez, que la reglamentación aprobada por el Gobierno porteño para justificar su funcionamiento es "de bajo nivel en materia de biometría" que carece de una legislación detallada sobre el uso del reconocimiento facial.

Por salvaguardas urgentes

El relator reconoció que los operadores del sistema son concientes sobre el uso de la biometría, y que es demasiado temprano para hacer una evaluación total. Sin embargo, insistió en que si se siguen los consejos –como definir salvaguardar- se pueden mitigar riesgos. Ahora importa la velocidad. El sistema no está en toda su capacidad pero si realizan rápido la revisión en tres o cuatro meses podrían aplicar todas las salvaguardas".

En ese sentido, consideró que no se han detectado por ahora abusos del sistema en cuanto al uso de las grabaciones y la obtención de datos pero "el riesgo está, aunque puede mitigarse rápidamente", reiteró.

Desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad explicaron que ese organismo tomó conocimiento del tema por los medios de comunicación en enero pasado. Y desde entonces se procedió a una actuación administrativa para obtener información y realizar recomendaciones.

"Esto ocurrió así por cuanto el uso de sistema de inteligencia artificial pueden constituir una intromisión en la vida privada de las personas y afectar otros derechos constitucionales", dijo a iProfesional, María Julia Giorgelli, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.

El sistema de Defensorías fue calificado por Canatacci como "excelente" al punto que consideró que debe tomar parte en la definición del grueso de las normativas vinculadas con privacidad y protección de datos personales.

En relación a los errores de la CONARC, Giorgelli explicó que su existencia "pone en cuestión la herramienta, por eso es muy importante el debate público, la información a la ciudadanía y el control sobre el sistema".

La funcionaria apuntó que un sistema que combina inteligencia artificial con datos biométricos de los vecinos de la Ciudad supone una medida "masiva, indiscriminada que debe ser ponderda en el marco de principios legales como la razonabilidad y proporcionalidad, es decir, que no estemos frente a una herramienta en sí desmesurada o desmedida y que el saldo que deja el uso del sistema sea dañoso para los derechos de las personas".

El Ministerio de Seguridad de la Ciudad informó que desde el inicio del sistema fueron apresados 40 prófugos. Uno de los casos que trascendió fue el de un hombre que era buscado desde el año 2014 por el delito de homicidio simple a pedido del Juzgado Criminal y de Instrucción 38.

El hombre fue "descubierto" por una de las cámaras del sistema de videovigilancia y que, tras recibir el alerta, fueron dirigidos por los operadores del Centro de Monitoreo Urbano hasta el lugar donde se encontraba el sospechoso.

En ese lugar se lo demoró, se comprobó fehacientemente su identidad y luego se realizó la consulta al juzgado, que pidió su detención y su traslado a la Alcaidía 1 de la Policía de la Ciudad.

En cuanto a los falsos positivos –las detenciones porque el sistema "confunde" a una persona por otra- desde Seguridad señalaron que no han sido más de cuatro o cinco casos. Y que una vez que se comprueba la identidad de la persona se la libera.

En la disposición que fijó el Gobierno de la Ciudad para poner en marcha el sistema se estableció que la Defensoría del Pueblo fijaría su posición respecto del sistema en un lapso de 30 días. Giorgelli afirmó que "la Defensoría está trabajando aún. En este momento se elaboró un Protocolo de actuación y se está en etapa de estudio".

Aún cuando Canatacci abordó diversos temas en su informe preliminar y advirtió sobre la falta de reglamentaciones, de salvaguardas y de tecnología para responder a las necesidades de seguridad y de privacidad en la gestión de los datos. Fue lo que, en parte, lo llevó a asegurar que "la Argentina no es un estado vigilante. Los servicios de inteligencia y las fuerzas policiales no tienen la capacidad técnica para ser un Estado vigilador", concluyó.