La economía del conocimiento tendrá carácter estratégico en la gestión de Alberto Fernández. Las telecomunicaciones formarán parte de una secretaría de Innovación que quedará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. Se trata de dos aspectos centrales en el contexto del mundo actual. También adquiere relevancia el área de ciberdefensa dentro del ministerio a cargo de Agustín Rossi.

Es lo que surge del decreto 50/2019 publicado este viernes en el Boletín Oficial y en el que se especifica con mayor claridad cómo operará la nueva estructura ministerial. Se especifican las responsabilidades de secretarías y subsecretarías que, hasta ahora, venían siendo mencionadas sin tener mayor precisión sobre a qué funcionario reportarían. 

Así, y de acuerdo a las modificaciones introducidas en la ley de ministerios el 10 de diciembre pasado, en los considerandos del decreto se señaló que el reordenamiento busca alcanzar "criterios de racionalidad y eficiencia que posibiliten una rápida respuesta a las demandas de la sociedad, dando lugar a estructuras dinámicas y adaptables a los cambios permanentes".

Es la razón por la que se suprimieron secretarías de gobierno, además de diversas secretarías y subsecretarías. El decreto está acompañado de tres anexos en los que se detallan las funciones de cada área de la gestión Fernández-Fernández.

Las tecnologías de la información y las comunicaciones, que ahora operarán bajo una subsecretaría, formarán parte de la secretaría de Innovación Pública, que dependerá de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Esa secretaría sumará, a su vez, las áreas de gobierno abierto y país digital. Medios públicos y comunicación pública también estarán bajo la responsabilidad de Santiago Cafiero.

La economía del conocimiento, en tanto, tendrá su propia subsecretaría, como se había anticipado días atrás, y lo hará bajo el ministerio de Desarrollo Productivo a cargo de Matías Kulfas.

Ciencia y Tecnología vuelve a tener su ministerio y de allí emanarán las políticas públicas para ese sector, la articulación científico-tecnológica y demás vinculaciones que esta área exija para convertirse en un promotor del desarrollo del país.

Las cuestiones vinculadas con la administración de nombres y dominios en internet, así como el dominio .ar, continuarán bajo la órbita de la secretaría de Legal y Técnica. Lo mismo que los temas relacionados con el acceso a la información pública.

Los alcances

La Secretaría de Innovación Pública será la que se ocupe de dictar las normativas relativas a la innovación administrativa y tecnológica del Estado nacional. Tendrá a su cargo también el "control tutelar del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM)", regulador de las telecomunicaciones y demás cuestiones vinculadas con los medios, los contenidos y la cuestión digital.

Bajo Innovación Pública operarán las subsecretarías de gestión administrativa de innovación pública, de gobierno abierto y país digital, de innovación administrativa, la oficina nacional de contrataciones y la de tecnologías de la información y las comunicaciones. Es decir, heredará algunas de las actividades que, antes, tenían la secretaría de gobierno y modernización y la SeTic (Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones).

La, ahora, Subsetic, se ocupará de diseñar las políticas y regulaciones para el desarrollo e inclusión de las comunicaciones y los servicios postales, además de regulaciones para cada uno de estos sectores.

También será su responsabilidad "recomendar alternativas para la adecuada utilización de la infraestructura de Red de Arsat y el desarrollo satelital".

A esto se suma "promover la actualización y coordinación internacional del Cuadro Nacional de Atribución de Bandas del Espectro Radioeléctrico tendientes a la universalización de internet y los servicios móviles".

También se ocupará de elevar recomendaciones relacionadas con un mejor ejercicio de los derechos societarios de la participación que el estado tiene en Arsat y el Correo Oficial. Y proponer planes y programas para el fondo fiduciario de Servicio Universal, sin dejar de lado la supervisión de la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información (ONTI).

La subsecretaría de gobierno abierto y país digital, en tanto, apuntará a encarar las acciones de gobierno abierto en las instancias nacional, provinciales y municipales, además de fiscalizar el programa Punto Digital, entre otras tareas relacionadas. También tendrá a su cargo la Agenda Digital.

Como se mencionó anteriormente, la economía del conocimiento tendrá su subsecretaría que dependerá, a su vez, de una secretaría de industria, economía del conocimiento y gestión comercial externa.

Entre los objetivos se detalla el impulso a la actualización y uso de nuevas tecnologías tanto en empresas de sectores tradicionales como en las ligadas al conocimiento para mejorar su competitividad.

Deberá, asimismo, involucrarse en el diseño de estrategias que permitan a las Pyme acercarse a la innovación, además de identificar y transferir conocimiento hacia sectores productivos en general y con capacidades exportadoras en particular.

"Impulsar la generación y expansión de emprendimientos con alto contenido tecnológico -mediante estrategias de innovación abierta- que permitan generar empleo de calidad, el desarrollo de productos y/o servicios con valor agregado diferencial para potenciar el perfil exportador de nuestra economía", se postulan entre los objetivos.

Cuestión de Estado

En Asuntos Estratégicos, la secretaría a cargo de Gustavo Béliz, también hay una referencia al desarrollo del conocimiento. Entre las actividades de este sector se establece la necesidad de "entender en la definición de las prioridades estratégicas para la economía del conocimiento inclusiva", además de coordinar en actividades de formación.

A esto se suma "participar en las iniciativas críticas del sector público relativas al uso de tecnologías para el desarrollo de la economía del conocimiento, tales como la inteligencia artificial, las cadenas de bloques y otros proyectos que contribuyan a consolidar la soberanía tecnológica argentina", en coordinación con otras áreas de la administración pública que correspondan.

Se desliza, en este punto, la posibilidad de que se promuevan acciones tendientes a incorporar desarrollos argentinos en la administración pública nacional. Un aspecto bien diferencial respecto a la gestión anterior que incorporó, mayormente, tecnología de multinacionales en distintas instancias.

El Ministerio de Defensa desarrollará las políticas relacionadas a la ciberdefensa.

No apareció mencionado el tema del ciberdelito, que en la gestión anterior contaba con una dirección de investigación dentro del ministerio de Seguridad. Se presume que esta área podría abordarse desde alguna dirección a futuro.