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El gobierno de EE.UU. vuelve a exigir a Apple que desbloquee un iPhone

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El gobierno de EE.UU. vuelve a exigir a Apple que desbloquee un iPhone
Trump considera formular nuevas leyes que permitan a las fuerzas de seguridad acceder a teléfonos cifrados en casos de amenaza a la seguridad nacional.
15.01.2020 08.12hs Tecnología

El ciudadano saudí Mohammed Saeed Alshamrani asesinó en diciembre a tres soldados estadounidenses en un tiroteo en la base aeronaval de Pensacola, en Florida, antes de ser abatido por el personal de seguridad de la base.

Un mes después del suceso, el fiscal general de EE.UU., Bill Barr, y el FBI han pedido a Apple que desbloquee dos iPhones propiedad de Alshamrani por creer que podrían albergar información clave para entender los motivos del tiroteo, clasificado como un atentado terrorista por el Gobierno estadounidense.

"Hemos pedido a Apple su ayuda para desbloquear los iPhones del atacante. Hasta ahora, Apple no nos ha brindado ninguna asistencia sustancial. Esta situación ilustra perfectamente por qué es fundamental que los investigadores puedan tener acceso a pruebas digitales una vez que tengan una orden judicial", ha explicado Barr en una rueda de prensa.

Saeed Alshamrani formaba parte de un grupo de soldados de la fuerza aérea saudí que participaban en un programa de entrenamiento junto a miembros del Ejército estadounidense. El 6 de diciembre abrió fuego contra un grupo de soldados en uno de los barracones de la base y mató a tres personas e hirió a otras ocho.

Tras ser abatido, el personal de seguridad encontró dos iPhones. Uno, un iPhone 5, habría recibido un disparo del propio Alshamrani en un intento de destruir pruebas del atentado. El otro, un iPhone 7, podría tratarse de su móvil personal.

El FBI ha conseguido restaurar el iPhone 5, pero, al igual que el iPhone 7, se encuentra bloqueado. La agencia, con la ayuda del fiscal general, ha pedido a Apple que desbloquee ambos terminales.

Se trata del segundo caso de terrorismo que ha obligado al gobierno de EE.UU. a realizar una petición de estas características. El 2016 el FBI trató durante meses de forzar la mano de Tim Cook para desbloquear el iPhone de uno de los autores del tiroteo de San Bernardino, en California.

La compañía se negó en rotundo, recurriendo la orden judicial que le obligaba a hacerlo, y el FBI finalmente dejó de insistir tras conseguir acceso a una herramienta forense avanzada por la que pagó más de 800.000 dólares.

En esta ocasión, la respuesta de Apple ha sido similar. "Rechazamos la afirmación de que Apple no ha brindado asistencia sustantiva en la investigación de Pensacola. Respondimos a cada solicitud con rapidez, en cuestión de horas, compartiendo información con las oficinas del FBI en Jacksonville, Pensacola y Nueva York", explica la compañía en un comunicado.

La empresa, sin embargo, se niega a ayudar a desbloquear el terminal, un proceso para el que sería necesario crear una versión especial del sistema operativo iOS con una puerta trasera que permitiera a los investigadores burlar el código de bloqueo y el cifrado de los datos almacenados en el teléfono.

"Siempre hemos mantenido que no existe una 'puerta trasera' solo para los buenos. Creemos que el cifrado es vital para proteger nuestro país y los datos de nuestros usuarios", explica la empresa, que en los últimos años ha convertido la privacidad y el respeto a los datos personales en uno de los pilares del marketing de sus teléfonos y su principal diferenciación frente a los teléfonos con sistema operativo Android.

Varias organizaciones de protección de los derechos civiles han apuntado que estas solicitudes por parte de las fuerzas de seguridad ponen en peligro las libertades de los individuos y los derechos constitucionales y que no existe la posibilidad de asegurar que este tipo de herramientas que demanda el Gobierno de EE.UU. no sean utilizadas también por regímenes autoritarios o en contra de los intereses de los estadounidenses.

El fiscal general ha explicado que la administración Trump considera formular nuevas leyes que permitan a las fuerzas de seguridad acceder a teléfonos cifrados en casos de amenaza a la seguridad nacional.

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