Efecto Villa Azul: una cautelar obliga a la Ciudad a garantizar la conectividad en las villas
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Las villas se convirtieron en el nuevo escenario político del AMBA. El juez Roberto Gallardo, a cargo de un juzgado contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, dictó una medida cautelar para que en cinco días el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta provea conectividad a las villas, además de prestar equipamiento informático a los chicos en edad escolar para que puedan continuar con sus procesos educativos. El gobierno porteño aseguró que se está cumpliendo con la entrega de computadoras.
La medida judicial se emitió luego de una demanda iniciada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) además de otros actores de la sociedad civil orientada a garantizar la continuidad pedagógica debido a las restricciones existentes por el coronavirus.
La conectividad comenzó a tener otra visibilidad y otra dimensión en la Argentina a partir de las medidas que el Gobierno nacional implementó para prevenir contagios masivos de covid-19. Y del pedido que el propio presidente Alberto Fernández le hiciera a las compañías de telecomunicaciones para garantizar la conectividad en tiempos de pandemia.
Ahora, el foco está puesto en las villas. La medida cautelar emitida por Gallardo ordena entregar a los estudiantes que se encuentren en situación de vulnerabilidad social, y sean beneficiarios de planes, becas, subsidios o programas de la Ciudad o del gobierno nacional, un dispositivo informático adecuado, sea un notebook, una netbook o una tablet, para acceder a internet y realizar las tareas escolares.
Desde el Gobierno de la Ciudad respondieron que no han sido notificados por la justicia y que se está cumpliendo con la entrega de computadoras dispuesta en el marco de la suspensión de las clases. "Ya se entregaron 4.600 computadoras. Se dan a quienes cumplen con los requisitos de ser beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y tienen beca alimentaria en escuelas de la ciudad", señalaron desde el Ministerio de Educación porteño, a cargo de esa tarea.
Sobre la conectividad, puntualmente, la medida judicial ordena instalar en todas las villas de la Ciudad equipamiento que permita dar conectividad de manera inalámbrica y sugiere que lo haga en una modalidad similar al WiFi que suele existir en plazas y paseos públicos. Y que, en el caso de que existiere pero que los estudiantes que viven en esos barrios populares no cuenten con un aparato que les habilite el acceso, el gobierno porteño deberá entrega un dispositivo móvil que permita el acceso a internet a cada grupo familiar.
Internet y la compu
"Resulta pertinente tener por acreditado el menoscabo en su derecho a la educación en condiciones igualitarias que padecen los niños, niñas y adolescentes en edad escolar en el actual contexto de suspensión de clases presenciales. Situación ésta, que sería la consecuencia de la actuación del GCBA, al imponer exigencias carentes de razonabilidad para la entrega de equipamiento informático a los estudiantes cuyas familias no pueden afrontar el costo de una computadora o tablet, y de una conexión de internet", expresó Gallardo en la disposición emitida.
Desde Educación advirtieron, al mismo tiempo, que las plataformas educativas del ministerio no consumen datos de internet gracias a un acuerdo con las empresas de telefonía móvil. Se trata de un convenio similar al que las operadoras sellaron con el gobierno a nivel nacional. En otras palabras, los consumos de datos que hoy hacen los estudiantes cuando no tienen posibilidad de conectarse con una red WiFi tienen costo 0 para esas familias cuando acceden a las plataformas educativas oficiales, provinciales o nacionales.
El gobierno porteño también aclaró que en aquellos casos en que no es posible conectarse desde un dispositivo, cualquiera sea, "también existen los cuadernillos impresos que se distribuyen de manera quincenal junto con la canasta escolar nutritiva. Se llevan distribuidos hasta fines de mayo 681.635 cuadernillos".
La demanda de la ACIJ pretende que se reconozca el acceso a internet como un derecho fundamental que resulta instrumental, e imprescindible en este contexto, para el ejercicio de otros derechos como la educación, la salud, la información y el acceso a la justicia, entre otros. También se propone, a partir de la búsqueda de este objetivo, revertir la desigualdad existente en materia de acceso a equipamiento educativo.
"Por un lado, el cumplimiento por parte del GCBA de las medidas cautelares dispuestas será un paso fundamental para revertir la desigualdad que actualmente sufren los sectores más desfavorecidos de la Ciudad para acceder a la educación a distancia mientras dure la emergencia derivada del COVID19; y, por otra parte, una sentencia judicial de esta magnitud es un antecedente fundamental para toda América Latina en cuanto a las obligaciones estatales de brindar conectividad a Internet para que los grupos vulnerabilizados puedan ejercer adecuadamente otros derechos humanos", expresó la ACIJ en el marco de la emisión de la medida.
Un acción, varios frentes
La acción judicial de la ACIJ se inició el pasado 22 de mayo. El antecedente fue una demanda de la Asesoría Tutelar a al que luego se sumaron la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y tres grupos vecinales afectados de la Ciudad de Buenos Aires.
Las villas se convirtieron en el nuevo escenario de la política. Luego de que Villa Azul se convirtiera en el emblema de la lucha contra los contagios veloces del coronavirus, la conectividad tomó otra dimensión, más allá de los acuerdos que se habían celebrado previamente entre el sector público y el privado.
Hay un convencimiento generalizado de que, en este contexto, nadie puede quedarse sin conectividad, como sin ningún otro servicio público. La conectividad, sin embargo, adquirió mayor relevancia puesto que es en los dispositivos móviles donde se instalan las apps que guardan permisos de circulación o mediante las cuales se hacen seguimiento de pacientes afectados. También por otra de la conectividad móvil es posible conocer la movilidad de las personas y, así, tomar medidas sanitarias cuando se advierten determinadas situaciones que se escapan a los escenarios previstos.
La foto que, hace algo más de 10 días, los intendentes de Avellaneda y Quilmes y los funcionarios del Ente Nacional de Comunicaciones, en la que distribuían 3.000 tarjetas de telefonía en Villa Azul fue una muestra del cambio que se está produciendo en ese sentido.
El conflicto entre la justicia y el gobierno porteño coincidió con una disertación on line del secretario general de la OEA, Luis Almagro, sobre "Educación en Covid19. La pandemia excluyente", en la que expresó que, pese a los proyectos de aulas virtuales y demás acciones que se impulsen desde el organismo "estamos lejos de los resultados que esperamos tener porque las estructuras son desiguales y tienen perforaciones que son graves para que estos temas puedan ser resueltos definitivamente".