La Legislatura porteña arrancó con el análisis de un proyecto de ley para regular la actividad en la ciudad de los repartidores y de las aplicaciones de delivery, que obliga a tener domicilio en el distrito y contar con un seguro laboral costeado por las empresas, a la vez que prohíbe el sistema de incentivo y castigo a los trabajadores e incorpora un sitio de quejas para los clientes.

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