En un aviso con espíritu de solicitada, empresas y cámaras de la industria de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) rechazaron el decreto 690/2020 por el cual el Gobierno intervino en el sector al considerar las prestaciones de Internet, telefonía móvil y TV por cable servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia y pidieron que se reconsidere la medida.

"Semejante cambio de reglas intempestivo e inconsulto produce un profundo impacto negativo para todos los actores del sector TIC, inversores, sus cientos de miles de empleados en todo el país, en su cadena de valor y en toda la comunidad digital, trasladando incertidumbre a los clientes acerca de la calidad de prestación de los servicios que reciban en el futuro", afirmaron las cámaras y las empresas.

Según los firmantes del texto que se publicó este martes a modo de solicitada, la norma "no deja de sorprender" dado que siempre mantuvieron "el diálogo de buena fe con todas las autoridades, incluso para buscar alternativas que lleven alivio a quienes más lo necesitan".

"La justificación de la urgencia para el dictado del DNU no se corresponde a la realidad de los hechos. Resulta por demás evidente que este cambio de reglas está poniendo un freno a la industria TIC en la Argentina y abre un serio interrogante dado el antecedente del congelamiento de precios del Servicio de Telefonía Fija durante 15 años. Mientras otros países están buscando impulsar su desarrollo y sortear los efectos negativos de la pandemia, la medida dispuesta va en un sentido contrario generando un marco de absoluta incertidumbre", agregaron.

De acuerdo con el aviso, se califica a la industria como servicio público sin ninguna necesidad y menos aún urgencia. "Compartimos el objetivo de alcanzar la universalidad de acceso de todos los argentinos. El servicio público en cambio es una regulación limitante, que no implica obligaciones per se y que genera desequilibrios en la inversión y los accesos. Decretar servicios públicos a Internet, TV Paga y la telefonía celular no garantiza el acceso a toda la población, y fundamentalmente busca intervenir en la gestión, eliminando incentivos para la innovación y competencia", argumentaron.

En el país hay más de 1.200 prestadores, pymes y cooperativas bajo un régimen de licencias y no de concesión pública. En este marco y en sus distintas modalidades -fija, móvil o satelital- la industria TIC "tiene una cobertura de hasta el 95% de la población del país". Según datos del Indec, a diciembre de 2019, el 82,9% de los hogares contaba con acceso a Internet. Además hay más de 50 millones de líneas celulares en servicio.

"Para acelerar la inclusión digital se necesitan inversiones intensivas, de forma recurrente y a largo plazo para expandir los servicios. La industria TIC en su conjunto es el sector que más invierte en la Argentina, junto con el petróleo (u$s20.000 millones durante los últimos 10 años, con una contribución del 2,4% del PBI). Para continuar haciendo las inversiones que lleven a más hogares mejores servicios y llegar a quiénes aún permanecen desconectados la industria necesita certidumbre. La intervención sobre el sector que representan las medidas anunciadas, en un contexto como el argentino resultará negativo para continuar desarrollando el acceso y cobertura en los servicios de internet, telefonía móvil y TV paga", aseguraron.

Por último, dijeron que "cuesta entender la razón de tan innecesaria e injustificada decisión tomada unilateralmente cuando el Congreso de la Nación se encuentra sesionando y el sector ha mantenido un diálogo permanente con el Poder Ejecutivo desde la declaración de la emergencia sanitaria".

"Existe un acuerdo suscripto con el Gobierno, vigente hasta el 31 de agosto, y un diálogo constante hasta el inesperado anuncio por parte de las autoridades. Un cambio de reglas así hubiese merecido un profundo debate con participación de todos los involucrados. Solicitamos que se reconsidere esta decisión para restablecer un diálogo franco en el que todas las partes encontremos el camino para conectar a los argentinos y seguir desarrollando una industria de alto valor agregado, generadora de empleos legítimos y con un enorme potencial para el país y su gente", concluyeron.

Entre los firmantes están Claro, DirectTV, Telecentro, Telecom, Telefónica, AmCham Argentina, Asiet, ATVC, Cacpy, CCAC, la Cámara de Comercio Argentino Finlandesa, la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina, la Cámara Española de Comercio de la República Argentina, Cicomra, Huawei, GSMA, Express, Red Intercable y Sion.

No figuran entre los firmantes de la solicitada la Cámara de Internet (Cabase), una entidad que reúne a empresas proveedoras de servicios de acceso a Internet, telefonía, soluciones de datacenter y contenidos online, entre otras, y la Cámara de Software y Servicios Informáticos (CESSI), aunque en este último caso no están afectadas directamente por el DNU.