Pese a todo, la reunión fue en tono cordial. Las más grandes empresas de telecomunicaciones, Telefónica, Telecom y Claro, se reunieron el miércoles con las máximas autoridades del ENACOM y de la Secretaría de Innovación Pública para avanzar en la reglamentación de DNU 690 que congela precios de internet, telefonía móvil y fija y televisión paga hasta fin de año y modifica el status del sector.

Sobre el congelamiento está claro que no hay nada que hacer pero la condición de servicio público es el gran tema a resolver.

Punto nada fácil de abordar porque, por más que estas compañías compartan el hecho de ser las más grandes, y de compartir su rechazo a estar enmarcados dentro de un servicio público, las diferencias entre ellas mismas también son importantes. De modo que la negociación para alcanzar una reglamentación será dificultosa, aunque en el corto plazo deberían producirse las primeras definiciones importantes que destraben, o no, inversión.

Tras la reunión, el Ente Nacional de Comunicaciones, a cargo de Claudio Ambrosini, emitió un comunicado en el que se expresaron los pedidos generales que realizaron las compañías. Básicamente, centradas en la previsibilidad necesaria para darle un marco a las inversiones futuras. Tal como viene informando iProfesional, estos son los meses en los que se definen los presupuestos para el año entrante. En este contexto es difícil sacarle punta al lápiz.

Claro, Telefónica y Telecom coincidieron nuevamente en la inconveniencia de modificar el status del sector. También sobre los efectos que produce el congelamiento de precios en un sector que necesita de inversión constante para mantener los niveles de servicios y responder a las demandas de los usuarios.

Uno de los desafíos del ENACOM será reglamentar un DNU resistido y cumplir con los objetivos de conectividad

El decreto 690, que este jueves fue discutido en sesión especial por el Senado, está dividido en dos: por un lado, el congelamiento de precios; por el otro, la consideración de servicio público.

Sobre el primer punto la suerte ya está echada hasta finales de diciembre. Los precios de los distintos servicios de telefonía fija y móvil, internet y televisión paga seguirán iguales. Sobre esto las compañías siguen señalando que no era necesario un DNU. Y al mismo tiempo indicaron que la señal que dieron los funcionarios, más allá de las diferencias entre ellos, es que cerraron filas detrás del decreto.

Resignadas a esta situación quieren saber, no obstante, cómo será la salida del congelamiento a partir del 1° de enero de 2021. Quieren tener la certeza de que habrá salida. iProfesional consultó con las tres operadoras, además de otras fuentes del sector, sobre este aspecto acerca del cual hay coincidencia. Pero también apuro porque, si hay que someterse a los designios del decreto, antes de implementar cualquier aumento primero se debe pedir autorización al regulador y, luego de ello, informarlo a los clientes, hecho que no puede ser menor a los 30 días.

De modo que una primera especulación indica que en octubre los operadores deberían tener en claro cómo sería esa salida del congelamiento para cumplir con los tiempos de la normativa vigente para informarlos a los clientes además de las nuevas exigencias del decreto.

Según cómo se encamine esta situación vendrá la segunda parte vinculada con los precios en sentido estricto: según cómo se planteen los esquemas se definirán las inversiones a futuro. De ahí el pedido de previsibilidad expresado en el comunicado que distribuyó el ENACOM.

Explicaciones y contextos particulares

Mientras Telefónica debe darle explicaciones a la casa matriz -que en sus balances cuestiona cada vez más fuertemente los contextos macroeconómicos de la región y de la Argentina en particular- en un contexto en donde la compañía pierde valor, Telecom tiene que precisarles a sus proveedores y a sus acreedores cómo van a pagar las deudas contraídas, y Claro justificar por qué tiene sentido desplegar una red de fibra óptica para, luego, dar la batalla por los clientes que no se tienen.

Esta situación singular que atraviesa cada una también tendrá su impacto en la mesa de discusión abierta para definir la reglamentación, más allá de los consensos alcanzados entre los tres. Habrá un punto en que cada uno tendrá que defender sus intereses particulares. Y no es lo mismo Telefónica que Telecom que Claro.

"Es necesario un marco más seguro que garantice inversiones porque los clientes van a advertir el deterioro de los servicios y se van a quejar cada vez más, y las redes van a tener que evolucionar. Hoy se necesita dar más velocidad de carga (upload) que de descarga (download) porque los usuarios están generando y produciendo por las redes todo el tiempo. La frontera entre la red fija y la móvil es cada vez más porosa y sin incentivos vamos a volver a quedar rezagados", dijo una de las fuentes.

"Queremos saber cuál es el horizonte, con qué reglas se van a manejar los precios y si hay incertidumbre se bloquea la posibilidad de invertir. Sin sustentabilidad se afectará el servicio. Estamos soportando vandalismo, tenemos que realizar mantenimiento, todos los días estamos enfrentando estas situaciones cuando en paralelo hay una necesidad de los clientes de estar conectados. Nuestro principal objetivo y negocio es la conectividad. Con un congelamiento de tarifas que terminará siendo de 9 meses para el postpago y de 12 meses para el prepago perdemos ingresos y tenemos intereses afectados", sostuvo otra de las fuentes.

"Hay que definir ahora cómo se sigue en 2021 porque los presupuestos se hacen ahora. Canto antes se defina la salida del congelamiento y se establezcan las reglas relacionadas con los precios será mejor para el negocio de las telecomunicaciones", dijo otro de los informantes.

Proveedores y accionistas son los otros actores que participan de esta situación de manera indirecta. Son los que también esperan para estos tiempos algunas certezas para definir sus planes 2021 a partir de un 2020 malo.

Servicio público y asimetría regulatoria

El aspecto más controvertido es el del cambio de status regulatorio. A ninguna empresa, ni chica, ni mediana ni grande le resulta simpático ser considerado un servicio público cuyo fin principal, entienden, es el de controlar los precios. Y volvieron a dejarlo en claro a Ambrosini y a Micaela Sánchez Malcom, secretaria de Innovación Pública.

Las grandes operadoras de telecomunicaciones manifestaron el rechazo a la asimetría pedida por las pymes de internet

"La declaración de servicio público es un obstáculo insalvable", dijo uno de los consultados. "Las telecomunicaciones implican una amplia variedad de servicios diferentes y convergentes. Es una industria con una enorme complejidad", enfatizó otra de las fuentes que también fue contra esa definición del DNU.

¿Cómo calcular los costos para regular precios cuando, a la hora de hablar de costos, en las telecomunicaciones entran la construcción de la red, su mantenimiento, el equipamiento tecnológico, la informática, los contenidos, la interconexión, la terminación de llamada, el costo marginal de largo plazo, la inflación? "Por eso la industria regula con competencia no con precios", indicó otra de las fuentes.

Si a esto se suma el factor de la regulación asimétrica, tal el pedido que realizaron las empresas de internet nucleadas en CABASE, el tema se pone un poco más tenso. Las pyme de telecomunicaciones, más allá de la cámara que las representen, e inclusive las cooperativas, quieren reglas que contemplen su situación, desde el tamaño hasta la imposibilidad de participar del ecosistema móvil, pasando por los costos del mega mayorista de banda ancha hasta los que pagan a las señales internacionales –en dólares- mientras cobran en pesos. Y también tienen los precios congelados.

"La regulación asimétrica exige análisis muy grandes. Hay que tener en cuenta que hay lugares donde esas pyme son los únicos y, por ende, son los dueños del servicio, es un tema. Si los cableros quedan afuera ya se sabe que se van a ir a asociar con el más grande", dijo una de las compañías.

Mientras que otra planteó la asimetría en relación a quién cuando, coincidió con la anterior, muchas veces son monopólicas. Momento en el que es necesario decir que muchas lo son porque las grandes no llegaron a determinados lugares porque no fueron obligadas a hacerlo por los sucesivos organismos de control que el sector ha tenido desde hace más de dos décadas.

"Si hay regulación asimétrica que sea de cara al cliente y no a las empresas", señaló para, luego, señalar que si hay un tratamiento diferentes hacia ese segmento la mejora de los costos a los que accederían por su menor tamaño o la zona en donde opera o el motivo que fuere, esa mejora también debería trasladarse en baja de precios a los clientes.

Como se advierte el tema es de altísima complejidad para resolver. El ENACOM promete reglamentar teniendo en cuenta las posturas de los distintos actores, aunque ya comienzan a perfilarse las distintas posturas frente al tema.

El punto en el que están todos de acuerdo es el referido a que es necesario ampliar y mejorar la conectividad en la Argentina porque el acceso es desigual e inequitativo. El desafío es el cómo lograr un objetivo sin que por ello las empresas que brindan los servicios pierdan salud económico-financiera y que los usuarios acceden a servicios de mejor calidad y a mejores precios.

Precios justos y razonables dice el decreto. El secreto será definir los criterios económicos para cumplir con esa premisa social. Las distintas partes de este sector muestran voluntad de resolver del mejor modo la reglamentación de un decreto que alteró en un momento inoportuno el inicio de la definición de los planes para 2021.

"Optimista no, esperanzado sí", dijo sentirse uno de los asistentes al encuentro en el ENACOM, con tapabocas reglamentario y foto para la ocasión.