Las sanciones que las redes aplicaron al todavía presidente Donald Trump reavivaron un debate que lleva más de una década pero que, en este momento de la historia, tomó otra dimensión. Por un lado, Facebook, Google, Twitter, Amazon y Twitch, entre otras, fueron acusadas de cercenar la libertad de expresión al tomar las decisiones que tomaron. Por el otro, se les reclamó que no habían hecho lo suficiente para frenar los discursos de odio. ¿Cómo se resuelve este dilema para que, en definitiva, ni los usuarios ni las instituciones queden en desventaja respecto a estas decisiones amparadas en la autorregulación y puedan tomar las suyas? ¿Es posible actuar con la misma velocidad a la que se disparan los sucesos en las plataformas digitales?

Hay respuestas, felizmente, aunque no son unívocas. Y tal vez en esto resida la ventaja de poder pensar en soluciones. Especialmente porque hay marcos legales vigentes que, con solo respetarlos más y mejor, permitirían encauzar los temas, tanto a nivel local, como global. Esto no impide que, en el marco de la discusión, se tenga siempre presente que bajo la bandera de la libertad de expresión se produce un negocio cuyos procesos se desconocen y que es uno de los puntos sobre los que se deberá trabajar.

A esta altura ya no quedan dudas de que las plataformas digitales actúan como editoras de contenido. Sus argumentos en contra de que no lo son se caen por la fuerza de los hechos. 

Twitter dio de baja las cuentas de Donald Trump y la discusión sobre los discursos se amplificó como antes no había sucedido

Tampoco que los artículos de la Declaración de Derechos Humanos sobre libertad de expresión y los diversos convenios internacionales como el de Santa Clara, de Manila, o el de eliminación de la discriminación racial tienen plena vigencia y en todos los casos hay herramientas para que sus principios se respeten.

Este proceso de construcción de acuerdos toma relevancia en la actualidad porque su impacto alcanza a más de ¿3.000, 4.000 millones de usuarios de todas estas plataformas digitales en el mundo? ¿Porque sucede en un contexto político donde el mundo, con excepción de sus seguidores, quiere fuera de juego a Trump? ¿O porque, por efecto de ambas situaciones y miles de otras, previas, ya no es posible dejar en manos de empresas concentradas y que se fortalecen cada vez más en función de su posición dominante la autorregulación?

¿Es posible definir nuevas políticas, o regulaciones que les pongan límites y que se puedan aplicar con la misma velocidad con que suceden las cosas en el infinito ovillo que conforman las plataformas digitales?

iProfesional consultó a diversos estudiosos de los temas de plataformas, libertad de expresión y datos personales y, podría agregarse, de todo lo que de esto se desprende, casi inconmensurable.

La respuesta es, en general, optimista. Aunque también se admite cierta frustración por una carrera que siempre se corre de atrás y en donde se presume que jamás habrá una resolución 100% satisfactoria. Pero hay que desovillar un poco la maraña de las redes para vislumbrar ese horizonte.

Discurso y ciudadanía

"Lo que sucedió con Trump pone de relieve la discusión sobre la necesidad de algún tipo de regulación pública en torno al rol de las plataformas en la moderación del discurso. Cuando se habla de internet se dice que no está regulada. Pero sí hay regulaciones, no están ausentes de ellas, pero el rol cada vez mayor que empiezan a tener en el discurso público implica que haya que poner en discusión todos estos planteos que tienen que ver con qué pasa con nosotros como ciudadanía en torno al poder de estas plataformas para la circulación de discursos", dijo a iProfesional, Ana Bizbergé, directora de la maestría de industrias culturales de la Universidad de Quilmes.

El involucramiento ciudadano pasa porque el negocio de estas plataformas se basa en la constante producción de información que les proveemos. Pero se trata de un negocio que tiene sus opacidades y es en ellas en donde se generan estos conflictos. De ahí que las dificultades se hagan más evidentes. Pero no porque no pudieran ser resueltas sino porque, justamente, la combinación de viralización con velocidad equivale a más ingresos publicitarios. Y a nadie le gusta que le pongan la lupa en el corazón del negocio.

"Independientemente de la afectación de la libertad de expresión hay que considerar que esto está asociado a un negocio de plataformas donde se descubre que el contenido de discurso de odio, el sensacionalista, tiene más distribución en cuanto al que lo ve, al que lo retuitea, al que se horroriza, y eso ayuda a perfilar a cada uno de los intervinientes. Las plataformas basaron su modelo de negocios en un supuesto respeto absoluto de la libertad de expresión, sobre la que siempre se consideraron que eran los grandes paladines, y por el cual justificó una violación sistemática de los derechos de datos personales de todos los usuarios. Dado que promulgo esta libertad de expresión para todo el mundo se justificaría una violación sistemática de los datos personales", sostuvo, por su parte, Agustín Allende, abogado especialista en nuevas tecnologías.

Para Allende, las plataformas no han hecho nada para facilitar el acceso a la información pública a la ciudadanía cuando la libertad de expresión está compuesta por el acceso a ese derecho.

Hay coincidencia entre los consultados que la medida tomada por las compañías digitales contra Trump fueron injustificadas. Pero, en la mirada de uno de ellos, también se advirtió que están teñidas del factor político. Por eso hay que desovillar hasta la primera mitad de 2020.

Google demostró que cuando quiere bajar contenidos rápidamente puede hacerlo como en el caso de Cristina Kirchner

"Lo de Trump es un caso especial. Lo que está sucediendo ahora es una factura política porque quiso revocar la enmienda 230 para quitarles inmunidad a estas empresas. Trump se va, por ende, no hay dudas de que las decisiones tomadas por las compañías fueron un acto de censura porque sus posteos no infringen las normas", destacó Martín Leguizamón, abogado dedicado al derecho de las nuevas tecnologías.

Antes de seguir, un repaso sobre la enmienda 230. Se trata de una norma que protege la capacidad de las empresas para moderar contenidos a su criterio. Es decir, las exime de cualquier tipo de responsabilidad por contenidos entregados por terceros. Pero la cosa comienza a tomar otra dimensión cuando deciden tomar decisiones sobre esas expresiones, más allá de lo que digan los términos y condiciones de las políticas que ellos mismos imponen para usar sus plataformas.

Para Leguizamón, el abogado que más juicios le ganó a Google en la Argentina tal como le gusta recordar, estas empresas además de ser editoras de contenido están lejos de ser neutrales, justamente por su comportamiento censor, lo que las hace responsables por las consecuencias que generan.

"El de Trump es un caso grave de censura y de cercenamiento de la libertad de expresión además de ser un caso de interés público. Cualquier cosa que diga un mandatario es de interés público y después tendrá que asumir las consecuencias", agregó.

Que el caso Trump versus las empresas digitales deje en evidencia la violación de un derecho no equivale a una discusión y, mucho menos, a una resolución líneal. Para Javier Pallero, director de políticas públicas de la asociación civil Access Now, "el debate de la libertad de expresión en las plataformas ha sido siempre tan complejo que es un juego de frustración porque, cualquier respuesta que se obtenga, es frustrante o insuficiente. Si hacen demasiado se corre el riesgo de estimularlos, si se les da grandes responsabilidades se da incentivo para que actúen rápido y mucho" y esto también supone un riesgo.

Hablemos de transparencia

Entre tantos reclamos que se escucharon uno en particular fue el de Michelle Obama quien afirmó que "es el momento de que las empresas de Silicon Valley dejen de permitir este comportamiento monstruoso y vayan más allá de lo que ya han hecho al prohibir permanentemente a este hombre en sus plataformas y establecer políticas para evitar que los líderes de la nación utilicen su tecnología para impulsar insurrección".

¿Michelle Obama pide más de lo que ya han hecho? ¿Qué es más? Pallero señaló que si se les pide a las redes que bajen más contenido van a actuar de más, que es lo que ha pasado últimamente con la presión que se ejerce sobre ellas. Y no sólo de los personajes políticos, también de los anunciantes. En junio pasado -tras el asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis y las consecuencias a nivel social que esa situación generó- Coca Cola, Starbucks, Unilever, Verizon, Pepsi, entre un centenar de empresas, decidieron suspender sus pautas en redes sociales hasta que no controlaran mejor el discurso de odio y la desinformación. Ese también fue un acto de presión.

Y cuando las empresas actúan en relación a las decisiones que toman sobre los discursos lo hacen de manera poco transparente, coincidieron e insistieron los consultados. Que la información se viralice es parte del negocio y eso exige, entre otras cosas, que haya un control sobre contenidos inconvenientes, como la pornografía, que aunque sea legal, tiene límites en las plataformas.

El grueso de las plataformas digitales cometieron censura en el caso de Donald Trump

El caso Trump dejó claro que cuando las plataformas quieren actuar, lo hacen. Y no sólo en los países centrales.  Leguizamón recordó el caso que abrió Cristina de Kirchner contra Google. Cuando el buscador fue advertido de lo que pasaba con el texto que habían modificado en Wikipedia –que al tratarse de búsquedas de personajes es lo que primero aparece en los resultados- tardó apenas unas horas en darlo de baja. Cosa que no sucede cuando hay situaciones similares con personas comunes y corrientes cuyas publicaciones maliciosas que suelen hacer terceros les generan daños mucho más grandes que el que pueda afectar a un poderoso. 

Acá es donde vuelve a aparecer la falta de transparencia del proceder de Google, Facebook, Twitter, Amazon y el resto de las compañías pertenecientes o no a estos conglomerados.

"Estas plataformas no han hecho nada para facilitar el acceso a la información pública a la ciudadanía. Creo que, en el caso de Trump, deberían haberse disparado los remedios habituales del sistema político americano, como el impeachment, pero al dar de baja la cuenta les dificultás el trabajo a las instituciones clásicas porque al poder ver lo que expresó se puede juzgar. Y también se dificulta a la justicia", consideró Allende, también socio de Crearis Latam.

A esto se suma la decisión de estas mismas plataformas de no dar alojamiento a otros servicios, más pequeños, como Parler, elegido por los seguidores de Trump para expresarse en otro espacio. En este punto se suman más problemas.

"Acá se trata de abuso de posición dominante  -puntualizó Leguizamón- Se trata de un comportamiento que es sancionado en el mundo, inclusive en los Estados Unidos donde es inimaginable una cosa así. Esto se debe penalizar con quien corresponda".

Allende añadió que los sustitutos como Parler ni siquiera tienen infraestructura suficiente para recibir a esos usuarios descontentos que dejan una red social. "Y hay otro tema relevante que es la falta de derechos de los usuarios de poder trasladar su mochila con el contenido aportado a esas redes a una nueva red, la portabilidad de la red".

A los derechos se le agrega el costo que eso representa. Porque cambiar de plataforma es relativo en la mirada de Bizbergé. "Es posible que internet sea un espacio abierto y los usuarios se puedan ir a otras plataformas. Pero esto es un modelo de negocios basado en la publicidad, tiene que ver con los efectos de red y por el rol que adquieren en la esfera pública porque a mayor cantidad de usuarios llegan  primero. De modo que quienes no participan en ellas quedan afuera de la discusión pública. El efecto del funcionamiento de la economía de red hace caro cambiarte a otra red. ¿Pero a cuál te vas si una tiene el 80% o el 90% del mercado?", preguntó.

Con la mirada en Europa

La solución que los consultados vislumbran conjuga lo existente con nuevos planteos hacia una regulación y con la mirada puesta en la Unión  Europea que inició la discusión de la Ley de Servicios Digitales.

Pallero, de Access Now, consideró que sí es posible regular pero a nivel de procesos no de contenidos. "Si uno se concentra en contenidos siempre habrá que estar persiguiendo, tanto la Justicia como las plataformas. Y esto es un juego de frustración, nunca va a salir bien, porque siempre habrá migración a otra plataforma. Pero si se estudian incentivos en el diseño de las redes para distribuir contenidos negativos y se atacan esos incentivos se puede redibujar la cancha para que se actúe distinto. Y también se pueden hacer controles posteriores, se debe hacer rendición de cuentas", subrayó.

Allende sostuvo que un aspecto positivo de todo lo que está sucediendo –incluyendo los cambios de las políticas de privacidad- están generando impactos, razón por la que "es necesario repensar si las plataformas son un servicio público, o una facilidad esencial, o si necesitan algún tipo de regulación diferencial del resto".

Para Leguizamón los jueces tienen la posibilidad de establecer esos límites. "No podemos poner en manos de las empresas privadas los casos de censura, y a los jueces hay que darles herramientas para que actúen además de obligarlos a que hagan cumplir la ley", indicó. Punto que aplica tanto a nivel local como global.

"Los principios de derechos humanos están establecidos, el tema es cómo hacer para bajarlos a una regulación y no a algo voluntario. En otras industrias no son los actores del sector los que se ponen sus propias reglas", concluyó Bizbergé.

Sin dudas el caso Trump continuará produciendo efectos y la onda expansiva cubrirá al planeta. También a la Argentina. Para 2021 se espera que haya novedades en materia regulatoria de cara al rol de las plataformas. Una madeja que habrá que ovillar y desovillar una y otra vez. Otra historia que también continuará.