¿Por qué las comunicaciones móviles por celular se siguen cortando?: el rol del Estado y de las inversiones

"Argentina es el primer país del mundo en transformar la telefonía móvil en fija; si te movés, sonaste (…) La gente para escuchar te dice que te quedes quieto".  Son palabras de 2013 de Henoch Aguiar, experto en comunicaciones y extitular de esa cartera de gobierno. 

Es un chiste logrado sobre una situación del pasado, pero para algunos el servicio celular argentino vuelve a presentar cortes, llamadas no completadas y comunicaciones inestables. 

Esto ocurre después de un periodo de mejora a partir de 2014, cuando por última vez las compañías accedieron a nuevas frecuencias por subasta, las que permitieron expandir el servicio existente e implementar el 4G.

Consultado por iProfesional a nueve años de su irónica declaración, Aguiar dice que "es un tema con muchas aristas". Cree que los problemas actuales se deberían a la falta de inversión y que no es lo mismo en todas las empresas: Telecom (Personal) parece invertir más, Telefónica (Movistar) bajó su inversión por estar en venta y Claro se mantiene, evalúa.

Otros no ven que el servicio esté ni mejor ni peor e indican que no tienen pruebas efectivas sobre un posible deterioro.

Así, el consultor independiente Enrique Carrier, cuyos datos son frecuentemente más completos que los oficiales, dice: "no tengo ningún dato ni percepción" acerca de esos problemas. "No sé si esos problemas son generalizados o quizás corresponden a áreas específicas", señala.

El obstáculo para determinar esa situación es que no se cumplen las normativas de la ex Secretaría de Comunicaciones de 2013, reformuladas en 2018, que obligan a la confección y publicación de índices de calidad de telefonía celular. 

Esos índices nunca se han difundido sistemáticamente: ni por parte del Estado ni por parte de las compañías. "Yo creo que ni los miden", dice un insider sectorial que no quiere que se publique su nombre.

Oscar M. González, abogado especialista en TIC y ex subsecretario de Regulación, confirma a este medio que "no se han publicado mediciones oficiales del [regulador actual del área] Enacom que permitan aseverar si se ha deteriorado el servicio". Esto sitúa el tema en las "percepciones y experiencias personales, un tanto subjetivas, que cada uno pueda tener"-

De haber efectivamente deterioro en la calidad del servicio, por otro lado, resulta además complejo determinar las causas y el peso específico de cada una. 

Suelen citarse:

• 1) la falta de suficiente espectro radioeléctrico que usan las compañías,
• 2) los problemas para la instalación de antenas nuevas, así como
• 3) equipos tecnológicamente superados o usados a media capacidad. 

Esto podría reducirse a "falta de aire" y falta de inversión. Todo lo cual trasladaría el problema a otros interrogantes: ¿por qué las compañías no usan más frecuencias? o ¿por qué no invierten?  

Entramos aquí a una verdadera Dimensión Desconocida, versión criolla: no sabemos si hay deterioro, no sabemos claramente por qué (si lo hubiese) y no sabemos por qué una situación que se superó tiempo atrás parece volver (si no es una sensación).

Carrier opina: "la falta de información es una de las grandes falencias de Argentina. No se puede gestionar lo que no se mide".

Deterioros e incumplimientos

Cuando las quejas sobre la calidad del servicio arreciaban en 2013 —época en la cual hubo apagones por horas de varias compañías— se aprobó la Resolución 5 de la ex Secretaría de Comunicaciones: Reglamento de Calidad del Servicio de Telecomunicaciones, que incluía la telefonía celular.

Este Reglamento disponía la medición de indicadores como la atención al usuario y la operatividad de la red, estableciéndose parámetros mínimos de cumplimiento obligatorio. 

Los indicadores incluían complejas formulas matemáticas con inclusión de la letra griega Σ (sigma = sumatoria), denominaciones como "Tasa de Cumplimiento de la Velocidad Efectiva Media de Transferencia (TCVEMT)" y definiciones como "relación porcentual entre la Velocidad Efectiva Media (…) y la Velocidad de Transferencia Nominal".

Pero tanta sofisticación no pasó de ser una medida para la tribuna. Los indicadores nunca fueron publicados por las compañías ni por el Enacom, tal como estipulaba la norma, en ningún año en que estuvo vigente: 2013 al 2018. Es decir, ni durante la gestión kirchnerista ni durante la de Macri.

Mientras tanto, el número de líneas celulares había crecido de una forma espectacular: 6,5 millones en 2000, 22 millones en 2005, 57 millones en 2010 y 62 millones en 2017. (Último dato disponible: 57,8 millones a fines de 2021.)

Entre 1998 y 2013 el gobierno sólo convocó y adjudicó dos subastas de espectro. Durante casi una década y media las compañías debieron acomodar cada vez más llamadas y tráfico de datos en la misma cantidad de frecuencias (ancho de banda total). 

Recién en 2013 y ante el retraso que el país llevaba para adoptar la norma 4G se llamó a una subasta de espectro. Esto permitió expandir el servicio existente e implantar el 4G el año siguiente. En suma, dio literalmente "más aire" a las compañías para mejorar el servicio. 

Desde entonces no ha habido nuevas subastas celulares: no sólo no se ha fijado fecha para las futuras de 5G, sino que tampoco ha habido otras que permitieran mejorar la cobertura actual del 4G.

El Reglamento de 2013 (Resolución 5) fue reemplazado por otro en 2018 (Resolución 580, del entonces Ministerio de Modernización) que reducía y simplificaba los indicadores a medir, pero que también fue incumplido por el Enacom hasta el día de hoy.

En efecto, el artículo 8.1 del Anexo de ese Reglamento dice que Enacom "pondrá a disposición del público en general en su página web los indicadores de calidad de servicios móviles discriminados por área local y prestador". Deberán estar "actualizados con una frecuencia mínima de seis meses de modo tal que se pueda analizar y comparar la calidad de servicio que cada prestador ofrece".

En cambio, el sitio web actual de Enacom ofrece apenas el siguiente texto: "Enacom recorre el país con equipamiento de última generación para monitorear y controlar la calidad de la telefonía celular", un enunciado general sin ninguna otra indicación.

Insólitamente, la página muestra el Reglamento de 2013 (para descargar, pero derogado hace cuatro años), así como un número de call center del organismo para "ayuda o más información". 

Una llamada allí reveló que no tenían idea acerca de lo que se les estaba consultando. Tampoco supieron explicar por qué incumplían con el Reglamento de 2018 al no publicar índices de calidad en la página web ni porqué en lugar de figurar esa norma en la sección pertinente mostraban un reglamento derogado.

En suma: Enacom decidió que las normas a las que debe someterse son optativas y, por esta razón, no podemos saber con datos reales si la telefonía celular efectivamente presenta un deterioro o no en su calidad.

Percepciones, opiniones y data

Roberto Pérez es un histórico de la telefonía celular argentina. Se trata nada menos que del director ejecutivo de Movicom —la compañía pionera que implantó el servicio móvil en el país en 1989— a lo largo de 16 años, desde su creación hasta su adquisición por Telefónica.

Cuando el ejecutivo asumió su cargo los enormes celulares servían sólo para hablar y usaban la norma 1G analógica. Cuando la empresa se vendió, los teléfonos móviles —reducidos notablemente en dimensiones—, ya transmitían digitalmente voz, textos, imágenes y videos en 3G. Hoy, estamos a las puertas del 5G.

Ese vertiginoso avance obliga a que los prestadores deban invertir permanentemente. Pérez cree que hay un deterioro del servicio y lo atribuye a que las actuales compañías no invierten al ritmo requerido: "cuando no se realizan las modificaciones que las redes requieren, las comunicaciones decaen".

Pero esa falta de inversión, explica a iProfesional, se debe al clima creado por normas como el DNU 690 que establece "controles de precios que desalientan las inversiones", si bien es cierto que debido a varias cautelares dicho DNU apenas se aplica.

Oscar González apunta al incumplimiento de la Resolución 580/18. Señala que esta circunstancia impide que Argentina —a diferencia de otros países— "implemente herramientas de medición que brinden no sólo información al regulador, sino que también otorguen acceso al consumidor a información en tiempo real sobre el estado del servicio y de las redes".

A la cuestión de la calidad del servicio se suman problemas de cobertura, completa González: "no hay avances sustantivos en estos temas en el marco de los contratos de 4G". Y "tampoco se han adoptado medidas para mejorar la cobertura y calidad de los servicios, vinculadas principalmente a la compartición de infraestructura entre los prestadores".

El abogado y exregulador también menciona al DNU 690 (2020), que estableció controles de precios y declaró "servicio público" a la actividad, como un factor creador de un clima negativo. Esto, no obstante que casi todos los prestadores lograron cautelares para la norma.

"El DNU 690 generó un escenario de conflicto con los prestadores que afecta las inversiones", como por ejemplo "el estancamiento de accesos de fibra óptica en el último año", indica González.

Por último, la habilitación de nuevas antenas —medida necesaria para que las comunicaciones sean estables—, se enfrenta a distintos problemas. Entre otros, la superposición confusa de normativas locales y nacionales, así como la creencia de autoridades municipales, no avalada por ningún estudio científico, acerca de que las ondas emitidas son perjudiciales para la salud.