El 23 de abril se llegó a un acuerdo político en el marco de la Unión Europea que, a partir de su entrada en vigor a mediados de mayo, se convirtió en todo un hito dentro del arduo proceso de regulación del ciberespacio.

Dicho acontecimiento está marcado por la implementación de dos iniciativas legislativas propuestas por la Comisión Europea que tuvieron lugar a partir del año 2020:

• La Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés).
• La Ley de Mercados Digitales (DMA).

Dentro de las causas que impulsan a la Comisión a presentar este paquete de leyes, se encuentran dos problemas sustanciales que involucran una serie de cuestiones éticas:

• El uso controvertido de algoritmos por parte de ciertas plataformas digitales, los cuales pueden crear y amplificar espacios de desinformación, incitación al odio y otros fines dañinos.
• La preocupación del comercio e intercambio de bienes, servicios y contenidos ilegales online.

La Ley de Servicios Digitales establece la adopción de nuevos estándares sobre las responsabilidades de los usuarios de dichos servicios, que incluyen desde sitios web informativos hasta servicios de infraestructura de Internet y plataformas en línea (mercados, redes sociales, tiendas de aplicaciones y plataformas de viajes, entre otras).

Al respecto, Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, declaró:

"La DSA actualizará las reglas básicas para todos los servicios en línea en la UE. Garantizará que el entorno en línea siga siendo un espacio seguro, salvaguardando la libertad de expresión y las oportunidades para los negocios digitales. Da efecto práctico al principio de que lo que es ilegal fuera de línea, debería ser ilegal en línea".

Bruna Barlaro Rovati: "Las reacciones frente al nuevo marco normativo europeo podrían marcar el camino para el resto del mundo".

Objetivos de una norma polémica

El principal objetivo de esta normativa recae en la necesidad de brindar una mejor protección a los usuarios de Internet basándose, entre otras cuestiones, en la incorporación de medidas de supervisión de las llamadas VLOP (Very Large Online Platforms), plataformas con más de 45 millones de usuarios activos mensuales.

Esto quiere decir que las empresas big tech como Google, Facebook, Microsoft o Twitter tendrán que rendir cuentas por la proliferación de contenidos ilegales o dañinos en sus plataformas. Más aún, estarán obligadas a compartir cómo funcionan sus algoritmos de procesamiento de datos.

La Ley de Mercado Digitales está orientada primordialmente al e-commerce. En ella se especifica una serie de obligaciones y prohibiciones claramente definidas a los fines de lidiar con las prácticas de mercado desleales, las cuales crean o refuerzan barreras para otras empresas, buscando garantizar el acceso equitativo a los servicios digitales a todas las empresas que lo deseen, independientemente de su tamaño y alcance.

Google está bajo el escrutinio europeo.

"Un gran poder conlleva una gran responsabilidad"

Este famoso adagio es el puntapié inicial de la Unión Europea para demandar la responsabilidad de los grandes jugadores en el entorno digital.

No obstante, esta ambiciosa regulación también genera recelos, ya que algunos temen que se convierta en un atropellamiento del Estado por sobre las libertades individuales, y que devenga en una realidad moldeada bajo los intereses de la burocracia estatal.

El difícil dilema entre mantener un orden democrático-liberal que preserve las libertades individuales a la vez que permita resguardarse de todos los riesgos asociados al ciberespacio será uno de los principales debates del siglo XXI, del cual la Argentina no estará exenta.

Las reacciones frente al nuevo marco normativo europeo podrían marcar el camino para el resto del mundo, incluso para nuestro país. Asuntos de tamaña relevancia no deben pasar desapercibidos.

(*) Docente de la licenciatura de gobierno y relaciones Internacionales en la UADE, y becaria doctoral UADE-Conicet.